El trabajo se realizó sobre un universo de 489 casos en toda la provincia con predominancia del Alto Valle (48%) y la zona Andina (30%). El 69.9% de las encuestadas fueron mujeres y el 80% personas de entre 18 a 45 años de edad, lo cual habla de cómo la falta de políticas de vivienda en los últimos 20 años en la provincia impacta sobre ese segmento generacional. Al mismo tiempo, si bien solo el 27% adeuda entre uno y seis meses de alquiler, el 66% no recibió ningún tipo de ayuda del Estado y el 86% se endeudó, recibió ayuda familiar, se ajustó en sus gastos o está vendiendo sus pertenencias. El 40,3% no puede afrontar el alquiler de octubre.
De la encuesta se desprende que casi 8 de cada diez inquilinos invierten entre 30 y 80% de sus ingresos en el pago del alquiler, y el 40,9% declaró percibir menores ingresos que en meses pasados. Pero desagregado por sector de trabajo estos números son aún más alarmantes.
Si entre si entre docentes (16%), médicos y empleados (38%) seis de cada diez destinan entre el 30 y el 70% de sus ingresos al pago del alquiler, para los y las desocupadas (18%) ocho de cada diez, y monotributistas (13%) nueve de cada diez, dedican un porcentaje del 40 al 100% de sus ingresos solo a asegurarse un techo.
En estos últimos casos es también donde más crecen los “aprietes” y abusos por parte de inmobiliarias y propietarios. Son también el sector que más se ha endeudado para afrontar el alquiler o deben entre uno y seis meses de alquiler. El 31% de los desocupados no pueden pagar octubre y el 68% solo en parte. El 94% recibe ayuda de familiares o ha comenzado a vender sus pertenecías para afrontar este gasto y solo el 58% ha recibido el IFE bimensual de $10000.
Los desalojos según la encuesta rondan el 7% de los casos, pero entre desocupados asciende al 10%. Esto pese a estar en vigencia el decreto 320, prorrogado hasta enero por el decreto 766 del Poder Ejecutivo Nacional, que suspende desde el 29 de marzo los desalojos por falta de pago, con escasa efectividad.
El caso más resonante a este respecto es el brutal desalojo de familia de Cipolletti por parte de una pareja de policías el pasado 19 de septiembre. La vivienda del IPPV adjudicada a la pareja de efectivos había sido alquilada a la familia contra la normativa que lo impide e iba a ser entregada el 25 del mismo mes. Además de la brutal golpiza, la familia sufrió el robo de pertenencias en el procedimiento ilegal del que participaron otros efectivos.
En un mercado inmobiliario marcado por una profunda informalidad, solo el 30% de los inquilinos pudieron adherir al decreto 320, ahora 766, que congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos hasta enero. La reciente ley de alquileres aprobada en julio pasado, dista de resolver una situación que se torna cada día más compleja y apunta a profundizarse.
El endeudamiento y el atraso en los pagos son una bomba de tiempo que incluso aplicado el decreto 766 estallará en enero para miles de familias, mientras el mercado inmobiliario apunta al aumento de los alquileres de manera constante. En la cordillera, donde por ejemplo, uno de cada cinco barilochenses alquila, la reapertura del turismo genera expectativas de mejora para miles de trabajadores informales del sector. Sin embargo, no promete ser un elemento de reactivación económica en el actual contexto.
Con un 40% de pobreza, un 13% de desocupación según el INDEC, es la juventud quien más padece las consecuencias de la crisis. Entre las mujeres de hasta 29 años, ronda el 28,8%, mientras en los varones de la misma edad, el 22,7%.
Los hijos e hijas de la precarización y de la desocupación estructural que en promedio ronda el 9% desde mediados de los ´90, son hoy quienes más sufren en el contexto de la crisis profundizada por la pandemia. Al mismo tiempo, son quienes protagonizan uno de los hechos de la lucha de clases más relevantes de este momento como es la lucha por la vivienda a través de la toma de tierras. Una medida de acción directa para resolver desde abajo la desigualdad y la especulación inmobiliaria. | 
