En la mañana del miércoles 14 de octubre, trabajadores del centro cerrado Almafuerte, ubicado en 520 y 182 bis de la localidad platense de Abasto, encontraron el cuerpo de Nazareno Saucedo en uno de los pabellones del instituto. Solicitaba su traslado por haber llegado a la mayoría de edad.
Si bien en un principio fue trasladado, por una medida judicial fue nuevamente ingresado al instituto Almafuerte. El joven fallecido había participado de la protesta ocurrida en el mes de agosto donde exigían el cumplimiento de los traslados de quienes cumplieron la mayoría de edad así como la exigencia de mejoras en las condiciones de seguridad e higiene en el contexto de la pandemia. Las autoridades del lugar no escucharon.
Consultados por este diario, varios trabajadores del instituto manifestaron que esta situación viene ocurriendo desde hace meses y en varios institutos penales, producto de la falta de políticas claras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA)- perteneciente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de donde dependen los centros de detención de menores- . “Lo único que hacen es trasladar el problema de un instituto a otro, no tienen un plan ni una meta de trabajo, siguen improvisando” afirmaba uno de los trabajadores a este medio.
Sumado a la situación de amedrentamiento que atraviesan los trabajadores de dicho lugar que, con la excusa de evitar “fugas” del Complejo Villa Nueva Esperanza (donde se encuentra el centro Almafuerte), el Gobierno ordena que sean requisados por la Bonaerense, incluyendo los baúles de los autos y demás pertenencias personales de las y los profesionales, técnicos, docentes, administrativos y personal de maestranza que, día a día, sostienen ese importante complejo.
En el mes de septiembre, luego de que dos jóvenes intentaran suicidarse, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una inspección del lugar y presentó un habeas corpus colectivo denunciando el agravamiento de las condiciones de detención. El titular del Juzgado de Garantías n° 2 de La Plata Guillermo Marcenaro constató estas denuncias en una visita judicial e hizo lugar a la acción presentada por la CPM.
En la resolución, el magistrado dispuso de forma cautelar la prohibición de ingreso de jóvenes al área de Alcaidía hasta tanto la autoridad de aplicación, el OPNyA, proceda a las modificaciones solicitadas: elaboración de un plan que facilite la comunicación de los jóvenes con su familia o sus defensores. Se remitan informes sobre los programas y dispositivos de salud mental, control médico y acceso a actividades educativas y recreativas. A menos de un mes, una nueva muerte evitable deja al descubierto las continuas violaciones de derechos humanos que padecen los menores alojados en los institutos penales.
En su informe El sistema de la crueldad XIV, de reciente publicación, la CPM explicita que “en lo pertinente a niños, niñas y adolescentes bajo control penal, el abandono es a gran escala, y la inversión social pública a la cual el Estado está obligado fue progresivamente sustituida por la inversión en políticas de seguridad”.
El fortalecimiento a las fuerzas represivas del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, es una clara muestra de las prioridades en la agenda de gobierno: frente a un escenario de crisis aguda, la única política "activa" del gobierno hacia los sectores más postergados es la política punitivista; la toma de Guernica donde miles de familias pelean por tierra para vivir es un claro ejemplo.
Intentos de suicidio, casos positivos de coronavirus, aislamiento extremo, malas condiciones edilicias, poca o nula comunicación telefónica con las familias y/o sus defensores, hostigamiento policial, ausencia de atención psicológica y médica. Estas son las condiciones de encierro que sufren los jóvenes alojados en los centros penales de la provincia de Buenos Aires. Como plantea Carola Bianco, especialista en niñez y adolescencia: “La política de muerte, aplicada contra los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, es una política de Estado”
No hay solución sin un cuestionamiento y una pelea a fondo contra este sistema que genera el creciente empobrecimiento y desigualdad cada vez más extrema, que tiene la represión social y el control social de la juventud y de los sectores populares, las cárceles e institutos de menores, y un poder judicial que los criminaliza para salvaguardar los intereses de los poderosos y dueños de la opulencia. |
