Esta semana la Junta de Andalucía ha anunciado una serie de medidas extraordinarias y temporales en la lucha contra el Covid-19 frente al aumento de casos en Granada en el ámbito universitario. En esencia se ordena la suspensión de clases en la Universidad de Granada (UGR) durante 10 días naturales a partir de su publicación en el BOJA el 14 de octubre, es decir desde el jueves día 15 hasta el sábado 24 de octubre (ambos inclusive).
Esta política, que sitúa el foco de responsabilidad en las estudiantes universitarias ha suscitado el rechazo del conjunto de la comunidad universitaria, tanto estudiantes como docentes, trabajadoras e incluso de la burocracia universitaria, con declaraciones en contra por parte de la rectora Pilar Aranda. Palabras críticas que se suman a las que recientemente el rector de la Universidad de Sevilla lanzaba al respecto de las políticas de la Junta frente a la crisis del Covid-19 (desviando fondos para sufragar programas de Bertin Osborne en Canal Sur).
La Delegación General de Estudiantes, junto con las organizaciones estudiantiles como el Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento, y sindicatos como CCOO, UGT y el SAT, han convocado una concentración a las 12:00 el viernes 16 de octubre para expresar el rechazo de las estudiantes a estas medidas; es previsible que acudan trabajadoras y docentes si vemos el comunicado de las secciones del SAT en la Universidad de Granada que ha llamado a la movilización y a sumarse a iniciativas de rechazo a las medidas.
Los universitarios como cabezas de turco
Granada es una ciudad universitaria como sabrá cualquiera que la haya visitado o vivido en ella, siendo la Universidad de Granada la principal empresa de la ciudad, generando además una gran cantidad de empleos indirectos debido al número de estudiantes que mueve. Más de la mitad de las estudiantes de dicha universidad vienen de fuera de la ciudad, lo que siempre ha supuesto un motor económico para esta (especialmente en alquileres y hostelería). Esto se ha visto claramente con la crisis del Covid-19 donde la suspensión de clases presenciales el pasado curso y la vuelta a casa de miles de estudiantes supuso un grave golpe a los negocios de la ciudad y mostró las debilidades del modelo productivo basado en la hostelería, el turismo y los alquileres.
Sin embargo, la Junta de Andalucía ha elegido precisamente a este colectivo, las y los jóvenes universitarios como cabezas de turco para ocultar los efectos negativos de las políticas que han llevado a cabo durante la crisis sanitaria. De esta forma, las medidas de la Junta se resumen en una suspensión de 10 días de las clases, situándola además después de un puente, prohibiendo las clases presenciales a excepción de las prácticas de laboratorio y suspendiendo diversos servicios ofrecidos a las estudiantes. Como afirma la propia UGR, se está señalando a la institución como incapaz de mantener sus instalaciones aptas para las estudiantes sin pruebas de que los casos se estén dando en ellas.
Secciones sindicales en la UGR como la del SAT han incidido en esta política de criminalización de la juventud por parte de la Junta, señalando que es bastante más probable que las infecciones se hayan dado en entornos exteriores a la universidad, donde los controles son más laxos y en muchos casos inexistentes (ha habido en todo el Estado diversos casos de brotes en fiestas pijas en colegios mayores que han terminado afectado a toda la universidad como ocurrió en Valencia recientemente). Además, el SAT critica que esta medida se ha tomado arbitrariamente sin contar con la comunidad universitaria y sin permitir a los docentes preparar el cambio a las clases online con tiempo para ofrecer adecuadamente sus servicios.
Por otro lado, las representantes de las organizaciones estudiantiles han criticado que la comunidad universitaria ha conocido las medidas a través de los medios de comunicación, así como que se ha tomado la decisión sin tener en cuenta ni hablar con la propia comunidad. Añaden además que esto mostraría las prioridades tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Granada que favorecen el beneficio económico frente a una política efectiva contra el Covid-19, ya que señalan que sectores como la hostelería y el ocio nocturno no han sufrido medidas frente al incremento de casos a pesar de ser lugares mucho más laxos o sin controles sanitarios directamente. Se recuerda además que muchas estudiantes al ser de fuera de Granada y ante la posibilidad de que las medidas se extiendan en el tiempo, estarían pagando (nuevamente) alquileres que no pueden utilizar ya que podrían verse obligadas a volver a sus casas. Otro síntoma de cómo la desigualdad de clase puede agravar la situación de una estudiante en mitad de la crisis sanitaria, frente al pijo que se va de fiesta y le da igual lo que ocurra posteriormente.
Frente a sus medidas autoritarias, autoorganización de trabajadoras y estudiantes
Las políticas de la Junta de Andalucía, aunque han levantado una legítima y correcta indignación en la comunidad universitaria, no distan tanto de las que se han dado en el resto del Estado. Existen sectores sindicales y agrupaciones estudiantiles que han tratado de vincularlas a un ideario de la derecha, como si en otros lugares el gobierno del PSOE-UP no tuviera la misma política o hubiera mandado a la policía a reprimir barrios obreros (como hizo en Vallecas); por lo que se hace necesaria dar una respuesta frente a este tipo de abusos que sea capaz de proponer una línea política alternativa.
Iniciativas como las Asambleas impulsadas por Contracorriente en la Universidad Autónoma de Madrid son pasos interesantes para profundizar en la autoorganización de trabajadoras y estudiantes por fuera de la burocracia universitaria, lugar donde se bloquea cualquier tipo de actividad que se salga de los raíles del régimen universitario y dónde no se van a encontrar respuestas a las problemáticas actuales. Estas asambleas pueden ser la base de un movimiento que de nacer debe ser capaz de ampliarse más allá de los límites que el rutinario sindicalismo estudiantil impone, incapaz de enfrentarse a situaciones donde su estructura se vea comprometida o donde se rompan ciertas lógicas que en esencia provienen de que aspiran a competir con la burocracia universitaria y no con desbordarla. | 
