Las principales entidades del campo se pronunciaron contra las recuperaciones de tierras en el país. Piden que el Gobierno defienda la propiedad privada ante todo.
Las principales entidades del campo se pronunciaron por el tema de las recuperaciones de tierras en el país. La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Movimiento Compromiso Federal, una línea interna de la Rural, criticaron el “avance sobre la propiedad privada”.
"La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Constitución Argentina, y un principio sobre el cual se ha construido la Nación a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Su respeto y preservación constituyen un derecho y una garantía que, además de estar protegidos por el todo, el ordenamiento legal y jurídico de la República, gozan del más absoluto consenso social", señaló en un comunicado la SRA.
Que la propiedad privada es un derecho que tiene tanto o más valor que el derecho a la vida misma y a la libertad, es el dogma capitalista más irracional. Es un lugar común muy repetido por todos los sectores de poder: empresarios, terratenientes, medios de comunicación, funcionarios. ¿Tiene lógica que el derecho a la vivienda de 3,5 millones de familias pobres que sufren déficit habitacional no sea resuelto con urgencia porque no se puede tocar la propiedad privada de la tierra ociosa? ¿Cómo puede ser más importante el negocio de la construcción de countries antes que la necesidad de vivienda de las familias de Guernica?
Los señores patrones de estancia omiten que el acceso a la vivienda también es un derecho constitucional. Sin embargo, “es impedido por otro derecho consagrado en la Constitución que es el derecho de propiedad: ‘Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley’. Pese a que ambos son derechos consagrados vale decir que, para el régimen social imperante, y su personal político, la propiedad privada de la tierra es la que se impone sobre el derecho a la vivienda", sostiene Facundo Aguirre, en un artículo recientemente publicado en este diario.
Las patronales del campo omiten también que, en Guernica y en muchos otros casos, el Poder Judicial ordena desalojos sin que nadie haya podido demostrar legalmente la propiedad de las tierras en cuestión.
"Desde CRA venimos alertando de una larga ocupación y la violencia que en ella se ha desatado muestra de manera innegable la caótica situación que ha alcanzado la ocupación ilegal de tierras, para presionar luego de haber consolidado su ocupación violenta", afirmó CRA. El Movimiento Compromiso Federal (MCF) sostuvo que "la pasividad de la justicia resulta inadmisible frente a estos embates".
La SRA instó al Gobierno a “hacer valer y respetar la propiedad privada en todos los rincones de la patria”. Pero ¿acaso el Gobierno ha demostrado alguna intención de afectar la propiedad privada para garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda digna de las grandes mayorías? Más bien, todos los niveles de Gobierno, nacional, provincial y municipal, han contribuido al discurso de criminalización de las familias para justificar los desalojos. Esta semana sin ir más lejos, la represión avanzó sobre las tomas de Rafael Castillo y La Plata.
Laura Taffetani, abogada de la Gremial de Abogados que patrocina a niñes que viven con sus familias en la recuperación de tierras de Guernica, dijo recientemente a La Izquierda Diario que “nuestra legislación tiende a favorecer la propiedad privada de los más poderosos, esto es así y obviamente la interpretación que se hace de ellas tiende a lo mismo". "Se ve en el caso del latifundio por ejemplo o las entregas que ha habido en el sur como Lewis, o lo que pasó con la comunidad PaichilAntriao o con cualquiera de las comunidades a las que les han quitado sus propios territorios, aún con títulos. En el caso de PaichilAntriao es muy fuerte eso, Roca les otorgó títulos de propiedad a la comunidad y después vino una ley en la época de la dictadura que dijo todo esto es nuestro y se acabó”.
La verdadera usurpación
Según el Servicio Nacional de Manejo de Fuego y las declaraciones del propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, un 95 % de los recientes incendios de tierras fueron intencionales. El agronegocio, las mineras y la especulación inmobiliaria están en la mira de organizaciones ambientalistas que denuncian la quema de tierras como mecanismo al que acuden las patronales para extender la frontera agropecuaria. Pero este es solo el último ejemplo de la depredación irracional y voraz de la que son capaces.
El economista Pablo Anino explicó en su newsletter, El juguete rabioso, que en Argentina, el proceso por el cual los principales terratenientes resultaron dueños de las tierras cultivables fue puro saqueo y usurpación. “El proceso histórico de separación, de escisión, de los pueblos originarios, de sus medios de vida comienza con los conquistadores españoles, continúa en distintos episodios como la masacre del militar prusiano Federico Rauch a los indios ranqueles, la campaña de Juan Manuel de Rosas, hasta ‘el crimen más tremendo de nuestra historia’, como definió Osvaldo Bayer a la Campaña del Desierto de Julio Argentino Roca”.
“De las tierras robadas a los pueblos originarios, José Martínez de Hoz adquirió a precio vil 2,5 millones de hectáreas. Lo mismo hicieron otros treinta miembros de la Sociedad Rural Argentina a razón de 100 mil hectáreas. Unos 600 propietarios se quedan con todo el territorio usurpado”, continúa Anino.
“Ese robo originario sobrevive en el latifundio terrateniente del presente. En la Patagonia, el italiano Benetton tiene 900 mil hectáreas, una superficie catorce veces mayor que la de Singapur, según comparaba Osvaldo Bayer. El norteamericano Douglas Tompkins otras 330 mil hectáreas. El magnate británico amigo de Mauricio Macri, Joe Lewis, posee otras 20 mil hectáreas, una superficie 200 veces mayor al predio ocupado en Guernica. Son solo algunos ejemplos, entre varios multimillonarios extranjeros que poseen grandes extensiones en territorio patagónico robado a los pueblos originarios.
