Foto: Lugo Sem Mordazas
El 19, 20 y 21 de octubre tiene lugar en la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio a 9 integrantes de la organización independentista gallega Causa Galiza y 3 del colectivo antirrepresivo Ceivar-OPAR por, según la Fiscalía, "apoyo, ensalzamiento y justificación de la actividad terrorista de Resistencia Galega", así como “pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista” para 11 activistas.
Las penas suman 102 años y oscilan entre 4 y 12 años de prisión, de 8 a 32 años de inhabilitación y un total de 348.000 euros de multa. Igualmente, la Fiscalía pide la ilegalización de ambas organizaciones.
El sustento legal de este proceso arranca con una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, señalando a “Resistencia Gallega” como organización terrorista. En 2013 había sido señalada por la Policía Nacional como “la principal amenaza terrorista en España”, junto con el yihadismo.
Sin embargo, la misma existencia de dicha organización es ampliamente puesta en duda, en base a la ausencia de acciones reivindicadas por tal organización y la irregularidad de las acusaciones y actos atribuidos, llegando a existir informes fiscales y resoluciones judiciales que cuestionan que exista.
Sin embargo, esta versión ha servido de base para señalar como parte de su “brazo político” a un amplio tejido de asociaciones del independentismo gallego. Esta línea represiva, ya aplicada por el Estado español en Euskalherria y Catalunya, continúa con las operaciones Jaro I y II en 2015 y 2017, que llevan a la Audiencia Nacional a quienes se encuentran en el banquillo.
La Operación Jaro comenzó el 30 de octubre de 2015 con la detención de 9 militantes del partido independentista gallego Causa Galiza y continúa en su segunda fase el 21 de junio de 2017 con la detención de 3 activistas del colectivo Ceivar-OPAR contra la represión. En julio de 2019 la Fiscalía retiró del caso la acusación de pertenencia a banda armada por falta de pruebas. En el contexto de persecución contra el independentismo catalán de octubre de 2019, decidió incluir una acusación de pertenencia en organización criminal y pedir la ilegalización de ambas organizaciones.
Ante el inicio del juicio, una manifestación convocada en solidaridad recorrió las calles de Santiago de Compostela el domingo 18, contra la persecución de “organizaciones que desarrollan su trabajo político a la luz del día, en absoluta legalidad”.
Casos como éste muestran la necesidad de extender la solidaridad contra la represión y luchar por la absolución de todas las personas presas políticas de este régimen reaccionario que criminaliza y persigue a cualquiera que ose manifestarse contra el orden establecido y el estrecho margen constitucional. | 
