En una jornada electoral con alta presencia militar, en nuestro programa "Hay mucho que decir" (impulsado por el organismo de Derechos Humanos y contra la Represión Estatal "ProDHCre"), en una transmisión en vivo, la directora ejecutiva Emma Bolshia Bravo, del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), habló sobre el aparato represivo del Estado contra las demandas socioeconómicas de las clases más empobrecidas, sobre todo reflejado en este Gobierno transitorio.

Características del actual Gobierno: racismo y represión

En la historia de nuestro país, las torturas del Estado contra las clases explotadas han sido una constante tanto en gobiernos dictatoriales como en los elegidos democráticamente. Sin embargo, en el actual Gobierno se ha cometido, en poco tiempo, violaciones contra los derechos humanos como ningún otro en Bolivia.

En este sentido, Emma Bolshia Bravo apunta dos elementos predominantes contra los derechos humanos, los cuales se reactivaron con fuerza desde noviembre del año pasado: “Racismo como habilitador de otras violaciones a los derechos humanos y el carácter masivo de la represión”. Aunque se visibilizó el racismo en nuestro país antes (por ejemplo, la humillación y vejación a los indígenas en Sucre, 2008), volvió con fuerza en este Gobierno transitorio, donde se intensificó “la xenofobia, la exclusión y el odio”, apunta Bravo, y este rencor sirve de pretexto para calificar a bolivianos y bolivianas, como de El Alto o el Chapare, de “vándalos, hordas salvajes, ignorantes, sediciosos (y) terroristas”, además se los tilda de ser una “masa manejable, negándoles inteligencia, opción política propia, lenguaje (y) afectos”.

Bravo nombró los casos más relevantes contra los derechos humanos ocurridos en este Gobierno: la tortura a las personas detenidas, la mayoría jóvenes, todos por casos de sedición y terrorismo sin presunción de inocencia; la criminalización a la protesta social, por ejemplo lo ocurrido en K’ara K’ara y Villa Ingenio, en este último, la policía lanzó gases lacrimógenos por las ventanas de las casas y uno de estos dejó gravemente afectado a un menor que aún necesita operaciones; la privación al retorno de los migrantes en la frontera con Chile en plena pandemia; el no respeto al trabajo de defensores y defensoras y las amenazas constantes de “meter bala” a la población por parte del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entre otros.

La Directora Ejecutiva del ITEI cuestionó, sobre todo, la constante criminalización del Estado a la protesta social y las excusas que sirven para ejercer la represión estatal y justificarla, negando así a toda persona el derecho a la protesta, el cual es una extensión al ejercicio de libertad de expresión que está avalado por pactos internacionales y normas nacionales.

El programa de #HayMuchoQueDecir lo puedes ver completo en nuestra página de facebook de La Izquierda Diario, en el que encontrarás la entrevista completa a Emma Bolshia.