El Gobierno estudia decretar un nuevo estado de alarma en todo el Estado para poder imponer un toque de queda, así lo anunció en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros. El PP en la Comunidad de Madrid había pedido lo mismo poco tiempo antes. Así el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue el camino de Macron y otros gobiernos europeos que, ante el fracaso de las medidas para controlar la crisis, han optado por la “gestión militarizada” de la pandemia.
Hay diferentes opciones sobre la mesa: el toque de queda podría aplicarse desde las
21 horas, como en Francia, o comenzando a las 23 o 24 horas.
En Francia, el gobierno de Macron declaró el pasado sábado el estado de emergencia para aplicar el toque de queda en París, Lyon, Aix-en-Provence-Marsella, Toulouse, Lille, Montpellier, Grenoble, Rouen y Saint-Etienne, con una multa de 135 euros para quien lo incumpla. Bélgica es otro de los países que también ha instaurado un toque de queda que abarca desde las 00 horas de la noche hasta las 5 de la mañana y que entró en vigor la pasada noche. El virus del covid está desencadenando otro, el virus del autoritarismo estatal y policial.
Para hacernos una idea sobre la excepcionalidad del toque de queda, es preciso tener en cuenta que la última vez que se aplicó en el Estado español fue en el 23-F de 1981. El militar golpista Milans del Bosch lo decretó en Valencia, pero fue anulado rápidamente con el fracaso del propio golpe militar.
¿Qué supone el toque de queda?
Implica la restricción para toda la ciudadanía del derecho a permanecer o circular por las calles sin una justificación considerada válida por el Gobierno central. La movilidad será prohibida salvo excepciones, es decir, se trata del confinamiento más estricto que se haya aplicado hasta ahora. Y estará bajo control policial. Tal restricción se aplicará en horario nocturno. La medida por lo tanto viene a cuestionar el derecho a la libertad de circulación, que se justifica por una situación excepcionales. Y como implica una situación excepcional, para ejecutarse debe estar amparada legalmente por un estado de alarma, como el decretado en marzo.
Esta posibilidad de decretar un nuevo estado de alarma es lo que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos va a estudiar con los gobiernos autonómicos. Puede ser impuesto por el Gobierno a petición de la presidencia de una comunidad autónoma, como así lo está barajando la Comunidad de Madrid, o de manera unilateral, por un período máximo de 15 días. Para alargarlo más allá de ese período el Ejecutivo necesita “la autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”, tal y como recoge la Ley Orgánica 4/1981.
En este contexto de pandemia, por lo tanto, el toque de queda opera como un confinamiento nocturno para limitar la circulación de la población, justificado como una medida contra el virus al restringir la movilidad y las relaciones sociales en las viviendas y espacios cerrados. Y supone, por lo tanto, una mayor presencia policial e incluso militar en las calles.
Una medida para ocultar una pésima gestión
El toque de queda es una medida autoritaria que pretende ocultar el fracaso de la gestión de la pandemia. En lugar de tomar medidas sanitarias, se vuelve a la represión y a criminalizar a la población. Los gobiernos no asumen su responsabilidad, poniendo un policía en cada esquina, mientras los hospitales o el transporte público siguen en pésimas condiciones. Una medida que, además, abre el camino para reprimir las movilizaciones y el descontento social.
Es un intento de mantener la iniciativa política de unos gobiernos incapaces de controlar los contagios, ya que su interés solo pasa por mantener la economía activa desde la lógica capitalista. Por eso se aplican medidas tan contradictorias y erráticas como perseguir el botellón y el ocio de la juventud o cerrar las universidades, mientras se permite consumir en los bares y, lo más riesgoso para la salud, viajar en transportes atestados para ir a trabajos precarios. No es casual que el toque de queda, como medida de confinamiento nocturno, justamente no interfiera con el horario comercial ni laboral.
Al mismo tiempo, es bastante cuestionable que este confinamiento nocturno vaya a tener una repercusión significativa en la reducción de contagios. No se refuerza el sistema de salud o el transporte público, y ni si quiera se hace eje en medidas que se ha demostrado que son realmente efectivas para localizar y aislar los contagios, como hacer testeos PCR masivos y medidas de rastreo. Más bien, todo lo contrario, se ocultan y se trampean los datos.
Por todos estos motivos, no podemos más que cuestionar y enfrentar este tipo de medidas que pretenden generalizar la represión y los confinamientos clasistas que Sánchez y Ayuso han aplicado en Madrid. |
