Para este objetivo se están limando diferencias entre los socios de Gobierno respecto a la subida impositiva, salario mínimo, sueldo de los funcionarios y pensiones mínimas que son los puntos más conflictivos. Pero todo parece indicar que el acuerdo se decantará finalmente por licuar la reforma fiscal acordada previamente y aprobar subidas salariales ridículas para funcionarios y sectores populares y salvaguardar así mejor los intereses de las empresas del IBEX 35 y las grandes fortunas.
La negociación está encabezada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por parte del PSOE, y por Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, como representante de Podemos. Por ambas partes se aspira a ultimar un acuerdo durante esta semana que haga posible que se pueda aprobar el tan deseado proyecto de nuevos Presupuestos Generales del Estado y romper por fin el maleficio de la prolongación de los de Montoro que han batido el récord de pervivencia, con más de tres ejercicios fiscales de existencia, desde 2018. Unas cuentas públicas, las de Montoro, que encumbraron al más alto nivel los recortes y el cumplimiento de la disciplina y el rigor presupuestario impuesto desde Bruselas, y con las que han convivido en perfecta armonía los gobiernos de Rajoy, del PSOE y ahora del denominado Gobierno “más progresista de la historia” del PSOE y Unidas Podemos en coalición.
En buena lógica, sería una broma inasumible que en plena crisis del Covid-19 que está afectando gravemente a las estructuras sociales del Estado-Sanidad, Educación y Servicios Sociales- y amenazando a la economía con una gran depresión, se mantuvieran unos presupuestos pensados para reducir gastos. Más cuando la propia UE impulsa esa orientación al dejar en suspenso circunstancialmente la disciplina fiscal y monetaria, para salvaguardar lo más posible del tejido productivo de las empresas azotadas por los confinamientos y la caída de la demanda. Por no hablar del histórico desembolso de más de 140.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos, para el Estado español que se ha aprobado desde Bruselas para tratar de impulsar las inversiones, acelerar la productividad y sacar del parón a la actividad económica que amenaza con gangrenar sectores estratégicos de la economía española. Lo que supondrá grandes posibilidades de crecimiento del gasto público e inversión que como ya se ha dicho, se daría de patadas con un presupuesto orientado hacía el recorte y la restricción del gasto.
Aunque la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos tiene ciertas dificultades para consensuar el acuerdo de Presupuestos, se puede dar por seguro que llegará a buen puerto, aunque solo sea por la cuenta que les tiene a ambas fuerzas políticas de cara a garantizar sus estrategias políticas. Porque en caso de que el Gobierno de coalición no lograra aprobar nuevos presupuestos se encontraría en graves dificultades para su supervivencia política y sin poder aprovechar en todo su potencial los enormes fondos europeos de desarrollo, si es que finalmente llegan. Lo que sería un importante traspié para futuras contiendas electorales, más sin duda aún para Unidas Podemos.
Además, la actual estrategia política del PSOE para superar su relativa crisis política pasa por utilizar al máximo todas las posibilidades simbólicas que les ha abierto “por izquierda” el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, mientras “por derecha” mantienen todas las posiciones de su social liberalismo. En efecto, la coalición les ha supuesto un profundo lavado de cara hacia su electorado, al ser caracterizados por sus socios de gobierno como “progresistas”, una denominación que se había enterrado tras el 15M y los gritos de “PSOE y PP la misma mierda es”. Y, por otra parte, les ha permitido reforzar su posición clave como elemento esencial y central de la política del “mal menor” a la que da su mayor viabilidad, ante las amenazas ultra reaccionaras del PP y Vox, con el acompañamiento de Cs, aunque estos últimos ahora han moderado sus posiciones.
Mientras que Unidas Podemos hace todos los esfuerzos por ganarse los galones como fuerza política responsable y con “visión de Estado”, echando mano del reformismo populista más impotente y conciliador con la “casta política” y el Régimen del 78, al que vinieron a asaltar y del que a fin de cuentas se han convertido en sus máximos valedores defendiendo su Constitución, su monarquía y su aparato institucional. Y para ello, nada mejor que mostrar su flexibilidad negociadora con un partido tan del Régimen como el PSOE, alumbrando unos nuevos presupuestos que mantengan los equilibrios en favor de las grandes empresas y las grandes fortunas para así ganarse su respeto y admiración.
Los nuevos presupuestos licuan las subidas salariales y los incrementos de impuestos a las grandes fortunas
Los escollos de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos se centran en temas como la reforma fiscal (para aumentar los impuestos a las grandes empresas y fortunas), el salario de los funcionarios y otros asuntos de trascendencia social como el salario mínimo, las pensiones no contributivas y el IPREM, que es la base de muchas de las ayudas que ofrecen los servicios sociales.
Por el momento, en un tema tan relevante como la reforma fiscal, el PSOE ha logrado la cesión de Podemos y su abordaje se ha pospuesto sine die. En medio de una crisis sanitaria, social y económica que exige un incremento de los ingresos para evitar futuros recortes brutales del gasto públicos, la política “progresista” es posponer el debate. Recordemos que el Estado español se encuentra unos seis puntos por debajo de la recaudación del PIB de la media comunitaria (unos 70.000 millones menos, casi lo mismo que se recibirá a fondo perdido de la UE).
La discusión se centra, y aun así hay diferencias, en lograr imponer al PSOE meros parches sobre algunas subidas fiscales, mínimas y a tramos verdaderamente muy altos del IRPF, desde los 13.000 y 200.000 euros hacia arriba. Victoria pírrica, en caso de conseguirlo Unidas Podemos, para poder ofrecerla como señuelo para las clases populares en las que se asienta su apoyo electoral. Una verdadera pifia y un engaño total puesto que esos ingresos no serán ni el “chocolate del loro”, de lo poco que se podrá recaudar por ahí.
El PSOE lo tiene más claro y trata de que el grueso de la reforma fiscal a realizar se centre en los impuestos indirectos. Impuestos con una enorme carga regresiva, puesto que todos pagan por igual independientemente de sus ingresos. Por eso trata de aumentar la grabación impositiva del IVA sobre muchos bienes que tienen un índice reducido o con la excusa medioambiental gravar el diésel, o incluso gravar más las bebidas azucaradas con argumentos sanitarios. Populismo rancio ante el único objetivo real que es aumentar los ingresos sobre un impuesto de fácil y rápida recaudación que castiga los sectores más humildes de la sociedad, que son normalmente los que más consumen esos productos y que pagan lo mismo independientemente de sus ingresos. Y, además, todo ello en lugar de atacar a los productores por producir bienes insanos o contaminantes que sería una solución más de raíz al problema.
Esta orientación regresiva del sistema impositivo ha quedado reflejada en el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Ahí se establecieron para 2021: 550 millones de euros de crecimiento de recaudación vía impuestos directos, frente a 1.509 millones logrados a través de imposiciones indirectas. Es decir, un 26,71 % sería obtenido con impuestos directos, frente a un 73,29 % mediante impuestos indirectos. La diferencia de la apuesta entre una y otra vía es abismal. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, ni está ni se le espera. Sobre la excusa de que lo gestionan las Comunidades Autónomas y de que muchas de ellas lo tienen prácticamente cercenado en su totalidad, se lavan las manos. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid viene perdiendo 900 millones de euros desde 2011 por tener este impuesto bloqueado.
Respecto al Impuesto de Sociedades, otro impuesto directo pero dirigido a las empresas de forma societaria, ha quedado en saco roto la reforma tan light que permitiera que se cobrara al menos un 15% efectivo sobre sus beneficios, cuando en realidad se supone que tienen que pagar un 20%. Porque lo habitual es que las grandes empresas, sobre la base de las desgravaciones y exenciones, no lleguen ni a pagar el 10% de sus beneficios. Sin embargo, se benefician de todo tipo de subvenciones y apoyos estatales, incluyendo los famosos créditos fiscales. O lo que es lo mismo, la posibilidad de descontarse de los beneficios futuros las pérdidas de otros años, un auténtico chollo solo para las grandes empresas y las entidades financieras.
El logro de Unidas Podemos en esta negociación por lo que parece ser se va a limitar a una subida anecdótica en el salario de los funcionarios, en el mejor de los casos; quizás algo similar en el salario mínimo y en el IPREM, y por lo tanto en las pensiones no contributivas y mucha ayuda sociales que se regulan bajo ese índice muy reductor de partida. Pero siempre como subidas más bien simbólicas.
Y añadido a esto y como gran “triunfo”, aprovecharse de los fondos que van a llegar desde Bruselas al Estado español, aunque con el problema de las contraprestaciones en reformas estructurales que pueden ser exigidas a cambio, como el recorte en las pensiones y en la profundización de la reforma laboral-mochila austriaca, debilitamiento del contrato indefinido, etc.- para vender un presupuesto expansivo que impulse y multiplique las inversiones públicas y privadas. Pero esas inversiones serán dirigidas y catapultadas por las grandes empresas del IBEX 35, ante la complejidad de los proyectos exigidos, que serán las auténticas beneficiarias de estas inversiones. Al final, las y los trabajadores solo obtendrán del Gobierno de coalición de los social liberales del PSOE y los reformistas de Unidas Podemos, más precariedad y recortes en sus derechos sociales y laborales. Pronto lo veremos.
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