En el marco de la masiva manifestación en plaza Dignidad, a un año del estallido social en Chile, un cabo de la base aeronaval identificado con las iniciales E.O.L de 31 años, fue formalizado tras ser sorprendido en la quema de la iglesia de Carabineros el pasado domingo 18 de octubre.
El Tribunal de Justicia resolvió dejar al imputado con firma bimensual, mientras cientos de jóvenes hoy se encuentran en prisión preventiva solo por sospecha, lo que deja en evidencia una vez más el carácter de la justicia en Chile.
A un año del estallido, ya hay un total de 5.084 personas formalizadas por los tribunales de justicia de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva, sin contar a los menores de edad que han sido condenados al SENAME por participar de las manifestaciones en la revuelta de octubre; mientras funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile gozan de impunidad aun cuando han sido responsables de la violación a DD.HH o de la participación de montajes para incriminar a quienes hoy se manifiestan contra este régimen.
Violencia institucional respaldada por un estado criminal
Este nuevo caso se enmarca en la larga lista de ejemplos que demuestra al servicio de quienes está la justicia en Chile, dejando en evidencia que el engranaje institucional está hecho a la medida de ricos y empresarios, así como de todas las instituciones que protegen sus intereses.
Todo a vista y siniestra de un estado y un gobierno cómplice de los crímenes y violaciones a los derechos humanos, que respalda instituciones que tienen las manos manchadas con sangre, y justifica la violencia contra quienes hoy se manifiestan por un mejor vivir. | 
