En horas de la madrugada alrededor de 7 patrulleros y camionetas del grupo COER se hicieron presentes en el sector del asentamiento 9 de Julio. En dos ocasiones distintas y en forma amenazante comenzaron a tirar balas de goma por todo el predio. Es de público conocimiento que las familias de ese asentamiento, junto con los contiguos de Nueva Vida y San Juan, decidieron en asamblea y de manera pública ante los medios que resistirían la orden de desalojo dictada por el juez Dvorzak por pedido de la fiscal Rodríguez Frandsen.
Luego de provocaciones iniciales, los agentes policiales decidieron entrar al predio tirando balas de goma y gases lacrimógenos ante la presencia de mujeres, resultando una de ellas herida. Realizaron destrozos en la casilla que funciona como comedor del 9 de julio y se retiraron. En el lugar se encontraron decenas de casquillos de balas de goma y algunas de plomo.
Este accionar no es el primer amedrentamiento a las familias, quienes ya habían denunciado meses previos destrozos de casillas y “merodeos” de patrulleros de manera amenazante y hostigando a las familias. Pero esto es un salto represivo con la presencia del grupo COER. Aún queda en pie la efectivización de la orden de desalojo.
La asamblea de los tres asentamientos que se realizara previamente, y que nuclea alrededor de 500 familias, hicieron responsables a la gobernadora y al intendente Pesatti (JSRN) por cualquier hecho violento que suceda. Denunciaron que la respuesta al enorme problema habitacional solo son acciones represivas por parte de la justicia y los gobernantes. La vivienda es un derecho, es necesaria la más amplia solidaridad para evitar el desalojo de las familias sin techo. | 
