El Tribunal Oral de Menores Nº 2 rechazó el planteo de la defensa del policía Luis Chocobar para suspender el debate y el juicio continuará el próximo miércoles 28 de octubre. El policía es juzgado por haber asesinado por la espalda al joven Pablo Kukoc mientras corría después de un robo.
El planteo de la defensa fue que el juicio quede en suspenso “hasta que se resuelva un recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la negativa de que sea juzgarlo por un jurado popular”.
El caso Chocobar se transformó en un símbolo de impunidad, que fue respaldado por el entonces Gobierno de Mauricio Macri, quien lo recibió personalmente en la Quinta Presidencial de Olivos, el día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, todo un mensaje para avalar el gatillo fácil y la impunidad, dando el nombre de Doctrina Chocobar, a los fusilamientos que lleva adelante de la policía con la excusa de "combatir el delito".
Este aval fue el puntapié para el conocido como Protocolo Bullrich, la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad durante el macrismo, que avalaba a los policías a disparar a "sospechosos" de delitos sin necesidad de que éstos posean armas reales, cuando consideren que están “huyendo” tras cometer un presunto delito o cuando se considere que hay una alta probabilidad de que puedan provocar daños a terceros (sin necesidad de estar armados).
Contra esta Resolución, Bregman, Lacorte y otros referentes y luchadores por los derechos humanos presentaron un recurso judicial para evitar que se consumen las ejecuciones sumarias.
El juicio contra Chocobar comenzó el 9 de octubre, a pesar de los intentos de los abogados del policía por retrasarlo, con todo tipo de maniobras durante los tres años en que la justicia demoró su inicio. Te puede interesar:
El día de su inicio Myriam Bregman, luchadora incansable por los derechos humanos y legisladora porteña por el PTS-FIT señaló: “El caso Chocobar a esta altura es un claro símbolo de impunidad, donde se están dirimiendo distintas doctrinas de cómo debe intervenir un policía armado en la calle. Lo aberrante que tiene esta causa lo denunció muy bien, al explicar que “La justicia y la fiscalía, rápidamente, se pone al lado del agresor y de la policía. Después aparece estos discursos tipos los de Patricia Bullrich, que dice que es inocente, y yo lo voy a defender, aunque me demuestran lo contrario”.
Y agregó: “Hay que hacer una estadística, un mapeo de los últimos 100 casos de gatillo fácil y no vamos a encontrar ni uno solo en donde la fiscalía no diga que la bala rebotó en el piso. Ese es el argumento, siempre”. Y para demostrarlo contó el caso de Carla Lacorte en Quilmes, que fue baleada por la espalda mientras esperaba un colectivo y ese fue el argumento de la defensa del policía que le disparo.
Las declaraciones de Bregman cobran suma importancia. Esta mañana mientras se desarrollaba la audiencia, Carla Lacorte quien es referente del Ce.Pro.Dh y víctima del gatillo fácil, y desde hace años lucha junto a otras víctimas y familiares contra la impunidad, publicó en su cuenta de twitter la exigencia de juicio y castigo.
Sectores envalentonados que defienden a los asesinos del gatillo fácil no dudaron en atacarla. Pero esto tiene una explicación, y es que desde el poder político estas prácticas son amparadas, como lo hace actualmente el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, la provincia con más casos de gatillo fácil desde que comenzó la pandemia
Mientras la crisis social avanza, el Estado refuerza el aparto represivo destinando más presupuesto, más recursos, avalando y encubriendo su accionar, como en el caso de Facundo Astudillo Castro, mientras se estigmatiza a la juventud, que es de los sectores sociales que más está sufriendo la crisis social.
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