Las consecuencias de la pandemia recaen con mayor dureza en las espaldas de las mujeres trabajadoras. No sólo en el aspecto laboral, económico o psicológico, sino que también los niveles de violencia misógina y feminicida han incrementado a nivel nacional durante la crisis sanitaria.
El caso de Sonora no es la excepción. En tan sólo dos meses -en el periodo que va de junio a septiembre- colectivos de búsqueda en la entidad detectaron un incremento en los casos reportados de desaparición forzada de mujeres. Según estos registros, 50 mujeres desaparecieron en Cajeme, 20 en Hermosillo y 12 en Guaymas.
Esta cifra, ahondan activistas buscadoras, es apenas una idea que no refleja la realidad, pues el silencio de las familias oculta la verdadera magnitud de la brutalidad feminicida en Sonora. Tan sólo en los primeros días de octubre, se reportaron al menos tres nuevos casos de desaparición forzada de mujeres en la entidad. Se trata de jóvenes de entre 17 y 26 años, aunque se han registrado también casos de menores de 14 años.
Sonora, gobernado por la priísta Claudia Pavlovich, es uno de los 10 estados con el mayor número de fosas clandestinas encontradas. Se concentran en municipios de Puerto Peñasco y Ciudad Obregón - Cajeme. Ante la impunidad y la actitud omisa y cómplice de las autoridades locales, colectivos de familiares y madres de víctimas denominadas "Rastreadoras" han surgido por la entidad desde 2019 y han tomado en sus manos la búsqueda en campo de sus familiares.
Con más de mil 101 fichas de personas desaparecidas, hasta agosto de este año las Rastreadoras habían localizado restos y cuerpos de 177 personas, entre ellas, algunas hijas de quienes integran este colectivo.
Integrantes de las Rastreadoras han denunciado en repetidas ocasiones que, a pesar de que ellas asumen la labor "de campo", la Fiscalía General de Justicia del Estado se niega y pone trabas para llevar a cabo los análisis de identificación requeridos.
Ante la impunidad y la indolencia del Estado es necesario acompañar la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos con la conformación de comisiones de búsqueda e identificación independientes del gobierno, que pueda echar mano de todos los recursos materiales y humanos disponibles para llevar a cabo su tarea sin injerencia de las autoridades que mantienen un silencio cómplice cuando no ostentan flagrantemente la responsabilidad de estos crímenes. Al mismo tiempo, la exigencia de desmilitarización inmediata del país es clave, pues está más que documentado que la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles se traduce en un aumento de la violencia y, de la mano, de crímenes como el feminicidio. | 
