Una elecciones que quieren abrir la puerta a una “restauración autonómica”
El próximo 14 de febrero se celebrarán elecciones autonómicas en Catalunya. Unos comicios impuestos por la Judicatura tras la inhabilitación del president de la Generalitat. La enésima intervención represiva del Estado para intentar liquidar el movimiento democrático catalán. Los distintos agentes del régimen coinciden en este objetivo, aunque tengan matices de cual es la mejor vía.
Mientras las tres derechas y los sectores más “búnker” quisieran mantener sin cambio de rumbo el curso represivo que tuvo el discurso de Felipe VI como su hito fundacional, el gobierno “progresista” espera poder restaurar una cierta normalidad autonómica que clausure la lucha por el derecho a la autodeterminación, mantenga la mayor parte del saldo represivo – casi 3.000 personas procesadas – y logre un nuevo acuerdo con los partidos del procesisme.
Esta última vía es la que está ganando puntos. Desde 2017 tanto ERC como JxCat, más allá de las diferencias discursivas o gestuales, coinciden en que es la hora de volver al marco autonómico y posponer sine die el derecho a decidir. La aceptación total de la sentencia de inhabilitación de Torra ha sido solo el último capítulo de varias claudicaciones a la impronta represiva del régimen contra el movimiento independentista catalán.
La responsabilidad de “procesistas” y “progresistas” en el crimen social de la pandemia y la crisis
Esta suerte de “restauración autonómica” se da en el marco de la grave crisis sanitaria, social y económica desatada por la pandemia. Un marco en el que tanto el Govern catalán como el gobierno central han coincidido en lo esencial de las políticas que han generado decenas de miles de muertes evitables e incrementado las tasas de paro y pobreza súbitamente.
Ni unos ni otros han intervenido la sanidad y laboratorios privados para disponer de todos los recursos, ni han atajado el criminal negocio de las residencias privadas, ni han contratado más personal sanitario , ni han aumentado el presupuesto necesario para el refuerzo de la primaria, ni garantizado un retorno seguro a las aulas o aumentado la frecuencia del transporte público. Una política que era la continuidad en tiempos de pandemia de su historial de recortes y privatizaciones de servicios públicos. La sanidad al borde del colapso de hoy es la heredera de los ajustes de Zapatero y Artur Mas de hace una década.
En el terreno social unos y otros han defendido las políticas de rescate a las grandes empresas – como los ERTEs o las ayudas directas a sectores que acumulan años de beneficios históricos - , se han negado a aplicar medidas urgentes como impuestos especiales a las grandes fortunas, la prohibición de los despidos y todos los desahucios o una renta de cuarentena para todas aquellas personas que se han quedado sin ingresos.
Tanto el “progresismo” de Moncloa, como el “procesismo” de Palau, son los responsables directos de los miles de muertos de este crimen social y los durísimos efectos de la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares, en el mismo nivel que lo son también los “populares” de la Puerta del Sol.
Las elecciones de febrero se presentan como una nueva disputa entre estos dos bloques, con una derecha españolista que recogerá parte de los márgenes del tablero pero que no será decisiva en Catalunya, aunque se prevé que se fortalezcan los sectores más extremos. Ni unos ni otros tienen nada que ofrecer a las clases populares ni para resolver los grandes problemas sociales agravados por la crisis, ni en la lucha por los derechos democráticos negados por el régimen.
La CUP renuncia a ser una alternativa anticapitalista y de clase
La CUP por su parte, tras meses de debates en los que desde la CRT y otras organizaciones de la izquierda revolucionaria hemos participado, está optando por una propuesta política que se aleja de poder representar una alternativa a unos y otros.
La insistencia en recuperar la “unidad estratégica” del independentismo supone una reedición de la política de mano extendida hacia el procesismo. Pareciera como si la experiencia de 2017 no hubiese dejado profundas lecciones. Ni ERC ni JxCat son aliados posibles en la lucha por el derecho a decidir. No lo son porque en ningún caso están dispuestos a desarrollar la movilización social necesaria para imponerlo. Así actuaron asumiendo que el 1-O no se llevaría adelante, el 3-O tratando de diluir la huelga general en una “aturada de país” y en los días y semanas posteriores desactivando la movilización y desviándola a su república imaginaria del 27-O y la claudicación posterior.
La CUP habla de que en un nuevo envite será necesario llegar a una “insurrección democrática” preparada por una ola de batallas de resistencia y desobediencia por derechos democráticos y sociales. Pero, más allá de los términos que se empleen, la estrategia de conciliación con los partidos de la burguesía y pequeñoburguesía independentista, lleva a una rebaja programática tanto en el terreno democrático como en el social.
La propuesta de la CUP para conquistar la república es, nuevamente, una desobediencia institucional -desde la Generalitat y los ayuntamientos- apoyada desde la movilización social. El viejo esquema procesista que garantizó el rol subsidiario del segundo elemento, y que permitió a Puigdemont -con la ayuda de las entidades soberanistas- controlar la calle y evitar todo desborde. Coherentemente con esto la hoja de ruta, si bien se rechaza el camino de la “ley a la ley” por el que apostaron en 2017 con la aprobación de la leyes de desconexión, es la de que esa desobediencia y movilización fuerce al Estado a negociar y a la comunidad internacional -entendida como gobiernos extranjeros- a intervenir a favor de Catalunya.
Que el derecho de autodeterminación pueda ser conquistado por una movilización revolucionaria e independiente de las clases populares queda fuera de la perspectiva de la CUP. Su apuesta por la “ruptura” asume todas las ilusiones del procesismo puestas a prueba y fracasadas en 2017.
Este curso tiene su correlato en la formulación que hacen del programa económico y social. Aunque se conservan términos como “anticapitalista”, las propuestas concretas no pasan de la gestión del Estado capitalista –a nivel autonómico y municipal– con algunas reformas sociales.
La nacionalización de la banca pasa a ser el desarrollo del Institut Catalá de Finanzas -muy similar a la propuesta de Podemos de transformar el ICO-, la de las empresas estratégicas que gestionan el agua o la electricidad en desarrollar empresas públicas que compitan en el mercado con éstas, contra la crisis industrial se proponen medidas de rescate público de aquellas empresas que puedan ser viables o nacionalizaciones plenamente burguesas, es decir compras forzosas que retribuyan a los empresarios que están dejando en la calle a miles de familias después de años de beneficios.
La CUP se esfuerza en mostrarse como una fuerza dispuesta a asumir tareas de gestión. De hecho no han querido descartar ni siquiera la participación en un posible gobierno de coalición, como ya hacen en no pocos ayuntamientos. Sigue así los mismos pasos, con unos años de retraso, que ya transitaron los que se presentaban como los herederos del 15M – y que llevan 5 años gobernando Barcelona y ahora son parte del gobierno central- o en Euskal Herria EH-Bildu, que en las pasadas elecciones vascas estaban dispuestas a ser parte de un gobierno “progresista” a la vasca.
Por un frente de la izquierda revolucionaria por la independencia de clase
Este curso de la candidatura de la izquierda independentista pone sobre la mesa el debate de qué debemos hacer aquellas organizaciones y militantes que consideramos que es necesaria una alternativa anclada en la independencia de clase, lo cual implica la total independencia tanto de los partidos del procesismo como del eje “progresista”, que pelee por un programa anticapitalista que aborde una resolución de los problemas sociales incurriendo sobre la gran propiedad capitalista y ligue indisolublemente esto a la lucha contra el régimen y por el derecho a decidir.
La situación actual hace imprescindible una izquierda que defienda medidas como la nacionalización sin indemnización y bajo control de sus trabajadores de los sectores estratégicos, aquellas empresas que cierren o despidan y el conjunto del sistema financiero, de todos los pisos vacíos de los grandes tenedores y especuladores o de toda la sanidad y laboratorios privados. Que ligue estas demandas tanto a la denuncia de los diferentes gobiernos capitalistas, como a la denuncia y pelea contra la burocracia sindical. Que desarrolle la movilización y autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares. Que trabaje para disponer estas fuerzas sociales hacia una lucha contra el régimen, que imponga procesos constituyentes libres y soberanos sobre sus ruinas, en la perspectiva de conquistar repúblicas de trabajadores que puedan federarse libremente.
Después de 2017 el debate que se abrió en la izquierda independentista permitió la emergencia de reflexiones críticas que apuntaban a un cuestionamiento tanto del procesismo como de las razones por las que la CUP fue incapaz de presentar una alternativa, cuestión que además hoy es más necesaria que nunca frente a la crisis. Sobre esta base desde la CRT establecimos relaciones bilaterales y debates con la CUP. En los últimos meses hemos intercambiado y explorado la posibilidad de conformar un frente político-electoral bajo estas coordenadas.
Otras organizaciones de la izquierda revolucionaria, como Lluita Internacionalista o el grupo Socialismo y Libertad, también han sido parte de este debate, en el que hemos coincidido en algunas de las principales críticas a este retorno a la “unidad estratégica” o, en particular con LI, la moderación del programa social. Sin embargo el curso que se está definiendo, plasmado en los documentos presentados en las asambleas “nodes” del pasado fin de semana, supone una confirmación de que el camino va en el sentido opuesto.
En Catalunya tenemos presencia organizaciones que han sido parte de las candidaturas impulsadas por la CUP en diferentes momentos, como LI o Corrent Roig, otras que no y le hemos dado un voto crítico en momentos en que mantenían una ubicación política más de izquierda -como nosotros mismos cuando llamamos a votarles críticamente en las pasadas generales- y otras, como Anticapitalistes, que rompieron hace un año con el espacio de los Comunes, y con las que tenemos un debate abierto sobre el balance de su experiencia en esta formación que cogobierna con el PSC en Barcelona y con el PSOE en la Moncloa. Así mismo existen muchos militantes, simpatizantes y activistas que se han referenciado en la CUP en los últimos años, y que ahora miran con desconfianza este curso.
Desde la CRT creemos que es el momento de dar un paso adelante. La gravedad de la crisis económica y social, en un marco internacional cada día más convulso, con una crisis de régimen que sigue abierta y en la que la cuestión nacional seguirá siendo una arista clave, y unos partidos del régimen que trabajan por diferentes vías para una reestabilización reaccionaria, hace urgente empezar a construir una alternativa revolucionaria.
La apuesta de la CUP no va en esta dirección ni mucho menos. Como si fuera el último capítulo del ciclo anterior -en el que los principales fenómenos políticos por izquierda han sido integrados – se preparan para jugar el papel de un rol bisagra por izquierda del nuevo escenario. Si de 2012 al 2017 actuaron de pata izquierda del procés, ahora se preparan para serlo de un escenario de reestabilización que antes o después volverá a ser cuestionado por abajo azuzado por la catástrofe sanitaria y social que se está abriendo camino aceleradamente.
Por eso hacemos un llamamiento a los compañeros y compañeras de Lluita Internacionalista, Corrent Roig, Socialismo y Libertad y otras organizaciones de la izquierda anticapitalista y revolucionaria que coincidan en esta necesidad, a todas aquellas militantes y simpatizantes de la izquierda independentista que no comparten este retorno a la “mano extendida” a la juventud y las y los trabajadores que hoy están en las calles reivindicando sus derechos y rechazan recorrer cualquier camino con los ejecutores de los ajustes y recortes de los últimos años, a empezar a discutir y trabajar para poner en pié un frente de la izquierda revolucionaria que presente una alternativa de independencia de clase y anticapitalista en las elecciones catalanas de 2021.
Te puede interesar: NODES; la propuesta política de las CUP para acabar conectando con ERC y JxCat
Marxismo y cuestión nacional: un debate con la CUP a tres años del 1-O | 
