Hoy se dió a conocer un comunicado del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza en el que señalan la indiferencia del Poder Judicial ante los múltiples "reclamos, notas y solicitudes" presentados por los colegiados que "pelean por sobrevivir" y hacer avanzar las causas de sus representados. Denuncian que las quejas se apilan sin fin en las mesas de entrada mientras "las autoridades del Palacio Judicial desoyen los pedidos de audiencias y reuniones en tanto los juzgados cierran y los turnos se acumulan sin atención".
La entidad expresa su enojo por "el cierre de juzgados que soportan diariamente después de horas de espera por atención; un sistema de turnos que exige varios intentos y que, cuando se consiguen, tienen demoras de 15 días".
El cierre de juzgados provinciales está en el foco de la tormenta (hoy se sumaron al cierre las cámaras laborales de San Martín) ya que en el sector se afirma que la paralización generalizada de la tarea judicial se debe en gran parte a la organización burocrática de los tribunales que, por ejemplo, hace que los 24 juzgados civiles que existían en Mendoza hayan sido reorganizados en 4 Juzgados de Gestión Asociada donde la detección de casos de coronavirus en uno paraliza la actividad en lo equivalente a 5 juzgados del régimen previo a la reforma. Se suma la disparidad de los criterio de formalidades en cada juzgado y fiscalía, donde la falta de un criterio único vuelve kafkiana la odisea en los pasillos de los tribunales. Los rehenes detrás son los miles de mendocinos atrapados en procesos judiciales. Los ganadores, como de costumbre, son las aseguradoras, las ART y las patronales que así ganan tiempo a su favor para presionar a los trabajadores o demandantes a aceptar acuerdos o indemnizaciones míseras.
Marcelo Canale, abogado penalista, de la agrupación Abogados/as Independientes explica que es de vital urgencia que la Justicia sea declarada como actividad esencial, así como el cese de las restricciones horarias y por DNI y la unificación de criterios de formalidades en los juzgados y fiscalías. Le reclaman al Gobierno de la provincia y la Corte Suprema que garaticen las condiciones para que puedan desarrollar su función de garantizar el acceso a la justicia para los mendocinos.
Los reclamos laborales del colectivo de abogados no vienen de ahora. La pandemia de covid-19 dejó al sector asalariado del lado de los perdedores. Al depender exclusivamente de sus honorarios, y a la par de las causas que no avanzan, han visto disminuir sus ingresos muy por debajo de la canasta familiar. Luego están los que fueron despedidos -a pesar del decreto presidencial que lo prohibe- o los que han visto agudizadas las condiciones de precarización en la que trabajan, ya sea para los grandes buffets o para el Estado como monotributistas.
Rosana Lozano, abogada en familia y civil, cuenta la situación extrema de los letrados que trabajan ad hoc como acuerdo entre el Colegio de Abogados y el Poder Judicial para tomar casos de personas sin recursos. "El Estado provincial nos paga $2112 por cada uno de estos casos. El abogado, además de estar al día con la AFIP, debe asumir desde los costos de las fotocopias hasta el de los desplazamientos y que son muy frecuentes porque en muchos casos se trata de personas que por su situación social no tienen acceso a la tecnología o no saben usarla como WhatsApp o el escaneo de documentos, y muchos contrajimos coronavirus producto de esa exposición". Relata que "un abogado que se mueva mucho con algo de suerte puede llegar a los $20.000 al mes". Una cifra muy por debajo de los $45.477,66 en que el INDEC sitúa el umbral de la pobreza para una familia.
Por el otro lado, el descontento de los mendocinos sobre el funcionamiento de la justicia provincial tampoco es una novedad, una encuesta elaborada en septiembre por la consultora Diagnóstico y Análisis, Estudio de Opinión Pública, reveló que el 80% de los encuestados considera que la Justicia de Mendoza "no genera credibilidad, confianza y es mala".
Mientras el estancamiento de los procesos judiciales deja en punto muerto miles de causas laborales, de familia, o por violencia de género, la Corte Suprema de Mendoza se apresura a fallar a favor de los sueldos de privilegio de funcionarios equiparados a magistrado que en muchos casos superan los $400.000 y entre los que figuran familiares de exmagistrados.
Los abultados sueldos de los jueces provinciales, y que solo en 2019 alcanzaron 6 aumentos superando ya en varios casos los $600.000 pesos, contrasta con el pedido del sindicato docente (Sute) de apertura de las paritarias que, producto de la desidia judicial, sigue sin sentencia como tantos otros reclamos salariales.
Puesta a dedo por los poderes políticos, la casta judicial se regodea en sus privilegios, ajena a los tormentos que atraviesa el pueblo y los trabajadores de Mendoza. Terminar con sus prerrogativas vitalicias pasa por medidas como la elección de los jueces y fiscales, a través del voto popular, la generalización de los juicios por jurados y que cobren como una docente. Mientras tanto, su rol seguirá siendo el de jugar para el mejor postor en las diversas internas políticas, siempre en contra de los intereses de la amplia mayoría trabajadora de la provincia y el país. | 
