Fotos: Martín Álvarez Mullally (@mgcipo)
La crisis económica agudizó su impacto por la pandemia y con ella se profundizó la problemática habitacional que lleva décadas en el país. Las ciudades crecen con tomas y la norpatagonia no es ajena a ello. La desigualdad tiene rostros de mujeres, niñas, niños y hombres que encuentran en las ocupaciones la posibilidad de sobrevivir llegando ajustados a fin de mes. No hay changa, trabajo informal, precarizado o mal pago que alcance para satisfacer a la otra cara, la del mercado inmobiliario quién supo imponer las reglas y hacer danzar a los gobiernos al son de sus intereses. Como tantas otras, las tierras estaban sin uso. Una vez ocupadas sus supuestos propietarios la reclamaron. ¿quienes son sus ocupantes legítimos? ¿quienes la necesitan la vivir o quienes nunca hicieron uso pero la mantenían como trofeo de guerra?, ¿quienes deciden?, ¿la justicia?, ¿qué justicia?
Expropiar para un fin social podría ser un digno acto de resolución pacífica del conflicto y además de un resarcimiento histórico de parte de los gobiernos. Al fin y al cabo resulta imposible encontrar justicia social con tierras sin gente en un país de gente sin tierra.
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