La situación que abrió el estallido social de octubre el 2019, fue producto de una rabia acumulada frente a un modelo que profundiza desigualdades mientras enriquece, grotescamente, a una minoría. La chispa fueron las, los y les estudiantes secundaries, las mismas personas que no podrán votar para el plebiscito de este domingo 25 de octubre.
El proceso y el acuerdo de traición esta a días de concretarse, y es presentado como un hito histórico y como una oportunidad de cambio de la actual constitución y de eliminar la herencia de Pinochet. Pero el proceso constituyente tiene un montón de límites y trampas. Una de ellas es la participación efectiva del pueblo que despertó el 18 de octubre, la cual es limitada producto de que la forma de elegir a las y los convencionales constituyentes será la misma que la establecida actualmente por la ley, es decir, el mismo sistema de elección para el congreso que da preferencia a los partidos políticos constituidos hasta la primera semana de noviembre. A esto se le suma el sistema de arrastre, la imposibilidad de inscripción de independientes (por la exigencia de firmas que deben respaldar su candidatura), y la prohibición de la participación de dirigentes sindicales o vecinales.
Uno de los sectores que no podrá participar de las votaciones es el de las, los y les estudiantes secundaries, protagonistas y chispa de la revuelta, o sea todes quienes saltaron audaz y desafiantemente los torniquetes, algunos expulsados de sus liceos, y otres detenidos por exigir sus derechos (donde varies hasta el día de hoy están recluidos en centros del SENAME por una condena de tribunales). Ellos y ellas que salieron a enfrentar la represión y salieron a las calles a darnos un ejemplo de que camino tomar no podrán hacer efectivo el derecho a voto, porque es un derecho negado por un Estado temeroso de que la juventud se exprese dentro de la democracia burguesa, que permite que sean juzgados y juzgadas, pero no tienen derecho a participar de las votaciones.
De la misma forma quedan excluidos todas y todos los dirigentes sociales, como de las juntas de vecinos, y también dirigentes sindicales. Una de las amarras de la constitución de 1980 que impide la participación de esos dirigentes en cargos públicos.
Otro sector que queda fuera son los pueblos originarios, quienes a pesar de contar con escaños reservados (cuestión aún no resuelta por la comisión de constitución del senado) no tienen asegurada la participación de todas las etnias reconocidas en el ultimo censo, como el pueblo afrodescendiente. Además los presos políticos Mapuche no pueden hacer efectivo su derecho al voto en las elecciones, ni menos presentarse como candidato.
Es necesario superar el proceso del acuerdo por la impunidad, que permitió la oxigenación y el salvataje de un régimen en crisis. Hay que ir por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde sea el pueblo soberano y sus organizaciones quienes decidan como y que discutir. Tenemos la experiencia de hace 30 años, cuando el plebiscito del Si y el No prometía volver a la democracia. Proceso que terminó siendo cooptado por los partidos de la centro izquierda y que ahora, de la mano con los partidos empresariales y su constitución, quieren volver a repetir "La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa" decía hace años Marx.
Hay que sacar lecciones de los procesos históricos. Esos mismos partidos son los que prometen cambios, no es más que venta de humo y falsas ilusiones. A retomar el camino de la huelga general del 12 de noviembre, a preparar los organismos capaces de derribar al gobierno de Piñera y sobre sus ruinas levantar una Asamblea Constituyente realmente Libre y Soberana del pueblo trabajador. |
