El próximo 27 de octubre el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, a cargo de los magistrados Ricardo Basílico, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, dará comienzo al juicio unificado por los crímenes cometidos hace 44 años en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como “El Infierno”, parte del Circuito Camps; integrado por al menos 29 centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, uno de los más grandes circuitos represivos montados durante la dictadura cívico- militar- eclesiástica.
Estos crímenes, que tan tardíamente comenzarán a juzgarse, fueron cometidos contra trabajadores y estudiantes de la zona sur del Gran Buenos Aires, en un intento del conjunto del plan genocida de perseguir y aniquilar a la vanguardia combativa que se organizó para cambiar la sociedad de opresión y explotación desde sus raíces, poniendo en riesgo los privilegios de las clases dominantes.
El juicio será contra 18 imputados y contará con alrededor de 500 testigos, lo que presume será un proceso judicial extenso.
En una primera etapa de las audiencias, que se llevarán a cabo virtualmente a través de la plataforma Zoom (la modalidad posterior será evaluada en el transcurso del juicio y de acuerdo a la evolución de la pandemia), se hará un resumen de las elevaciones a juicio y se realizarán las indagatorias a los imputados. Desde la querella de Justicia Ya, quien emiitó un comunicado a través de las redes sobre el inicio de este importante jucio se acordó que en la lectura "se mencionen a todos los compañeros y compañeras que son caso en el juicio, el rol y funcionamiento de los CCD en cuestión y la acusación por el delito de Genocidio".
El juicio será trasmitido en vivo por el sitio del Poder judicial www.cij.gov.ar y su canal de Youtube.
Historia siempre presente
El “Pozo de Banfield” funcionó en la Brigada de Investigaciones de esa localidad, ubicado en la calle Vernet N° 1276 esquina Siciliano en el partido de Lomas de Zamora. Por allí pasaron más de 300 personas entre los años 1974 y 1978. En el expediente por este CCD, hay imputados 5 policías bonaerenses, incluido el Director General de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz y el médico policial Héctor Bergés, 11 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y el ministro de Gobierno Jaime Smart, imputados por unas 300 víctimas.
El “Pozo de Quilmes”, funcionó en un chalet de dos plantas en la esquina de de las calles Alison Bell y Garibaldi. Los imputados son 5 policías bonaerenses, incluidos Etchecolatz y el jefe de la Brigada Lucas Belich, 8 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de otras reparticiones militares y el ministro de Gobierno Jaime Smart. Todos ellos por unas 242 víctimas.
“El Infierno” llevó a cabo sus acciones en pleno centro de Avellaneda, en la calle 12 de Octubre n°234, donde hoy funciona un Espacio Municipal de la Memoria. Por el lugar, sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús (URIIBIL), pasaron más de 64 personas entre julio de 1976 y noviembre de 1978. La causa fue iniciada con el testimonio de la compañera e incansable luchadora Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, denunciando la privación ilegal de la libertad, torturas y delitos sexuales. Por “El Infierno” serán juzgados el Director de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ministro de Gobierno Jaime Smart, el director de Investigaciones “Zona Metropolitana” Juan Miguel Wolk y el cabo de guardia de la Brigada, Miguel Ángel Ferreyro.
Lentitud e impunidad judicial
Cabe señalar que las causas que conforman este juicio unificado fueron iniciadas hace años. El primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield fue elevada a juicio en el año 2012. Posteriormente, en 2015 fue turno de la causa por Pozo de Quilmes; en 2017 un segundo tramo por Banfield con mayor cantidad de imputados que el primero y la elevación pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018.
La causa, hoy denominada “Unificada Banfield-Quilmes”, quedó a disposición del TOF 1 platense hace años, lo que demuestra una vez más la parálisis judicial en expedientes sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico- militar- eclesiástica y que permite que muchos de los ejecutores de gravísimas violaciones a los derechos humanos estuvieran (y estén) prófugos o mueran sin haber pagado por sus actos criminales.
Tal es el caso de Juan Miguel Wolk (jefe del Pozo de Banfield) quien estuvo prófugo. Los genocidas Héctor Gamen (titular de la Central Zonal de Inteligencia del Ejército), Jorge Olivera Rovere (subjefe del Comando del Primer Cuerpo del Ejército), Rodolfo Aníbal Campos (ex subjefe de la Policía Bonaerense) Rómulo Ferranti (comisario y subjefe de la Brigada de Lanús), Bruno Trevisán (jefe máximo del CCD El Infierno) murieron bajo el paraguas de la impunidad.
Verdad y Justicia
Alejandrina Barry, legisladora porteña por el PTS- FITU, integrante del CeproDH y querellante en este juicio expresó la importancia del inicio de este proceso. “Después de muchos años y muchas peleas de los sobrevivientes, de los organismos, logramos este juicio. Soy querellante y testigo por el caso de mi mamá, Susana Mata, quien estando embarazada de mí, estuvo en el Pozo de Banfield, previamente a que fuera legalizada en el cárcel de Olmos donde yo nací. Es muy importante para saber toda la verdad y por castigo a los culpables. Y sobre mi tío Enrique “Pingüino” Barry, de quien no sabemos nada”. Sobre su tío agregó que “Por testimonios de sobrevivientes que ya no están, fue visto por última vez en El Infierno. Fue desaparecido y nunca más supimos del él".
"Es un juicio que trae muchos sentimientos porque muchos de esos sobrevivientes como Nilda Eloy han fallecido antes que tuvieran justicia. Por todos ellos vamos a pelear por conseguir juicio y castigo para todos los culpables”
Por su parte, Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro (uno de los jóvenes desaparecidos en La Noche de Los Lápices) y querellante en esta causa, manifestó a este medio que espera este juicio “con mucha expectativa porque después de 44 años y más de 22 que declaré en el Juicio por la Verdad ya estaban todas las pruebas suficientes para el Pozo de Banfield, un centro que funcionó desde 1974, un gobierno ´democrático´ ”.
“Juan Ángel Wolk sabe dónde está cada uno de los chicos que nació ahí, sabe dónde fueron arrojados ellos porque el delito hasta que no aparezca el cuerpo es permanente. Sabe dónde fueron ejecutados porque el Pozo es vaciado a inicios del 77 y después entra otra tanta que sería la de Adriana Calvo y muchos más compañeros. Que vuela a la cárcel común, perpetua y efectiva”, agregó Ungaro, quien dejó un mensaje para la juventud: “Esto deja una enseñanza a las generaciones que vienen atrás. Yo digo que los lápices dejan de estar en la noche para que salgan en el día. Para que vivan en cada chico que luchan por un mundo mejor, que luchan por la tierra, por la vivienda, por la educación, por el salario. Hoy otros chicos levantan esos lápices”.
En estos años la Justicia federal en su conjunto ha dilatado la continuidad de los juicios contra delitos de lesa humanidad. Según lo informado por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay al menos 65 expedientes sin resolver.
El reclamo de verdad, juicio y castigo por más de 40 años por parte de familiares y víctimas sobrevivientes de Banfield, Quilmes y “El Infierno” se renueva una vez más. En nombre de familiares como Virginia Ogando, quien se suicidó luego de décadas de buscar a su hermano apropiado, Adriana Calvo y Nilda Eloy,ex detenidas que dejaron su vida en la lucha incansable de justicia y por su memoria de lucha estaremos participando de este juicio oral y público.
BASTA DE DILACIONES EN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
30 MIL COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!
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