En la conferencia matutina de hoy, dedicada a responder preguntas, una periodista abrió la ronda señalando casos de desaparición, persecución, asesinato y represión contra periodistas, activistas y luchadores sociales.
Se refirió a la detención de la periodista Patricia Aguilar Romano (a quien mantienen presa e incomunicada), el 11 de agosto, por parte del gobernador de Nayarit; a la desaparición del joven Alexander Vladimir López Rodríguez, al asesinato del activista Mario Rafael Soto el 4 de octubre, en Tijuana; al nuevo juicio que iniciarán esta semana en contra de la abogada Susana Prieto, en Chihuahua; y a la detención de la defensora de derechos humanos Kenia Hernández, el 18 de octubre en Puebla.
López Obrador respondió que su gobierno, por convicción, defiende los derechos humanos y que esto es lo que hace la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, abundó sobre las diferencias entre la actual Segob y lo que era en los gobiernos anteriores, y aseguró que tanto la secretaria Olga Sánchez Cordero como el subsecretario Encinas van a tratar los casos señalados.
De cualquier forma, y más allá de las declaraciones del gobierno, la persistencia en la violación a los derechos humanos de periodistas, activistas y luchadores sociales muestra una realidad distinta en la que proteger la tierra, los DDHH o cuestionar por izquierda a esta administración es un peligro mortal, imponiéndonos la necesidad de enfrentar estos flagelos mediante la movilización en las calles.
La periodista denunció también la situación de sobre explotación que viven los conductores de camiones de carga y de pasajeros, que muchas veces son obligados por los empresarios a tomar drogas para continuar trabajando, pasan hasta tres días sin dormir (lo que explica algunos accidentes) e incluso llegan a golpearlos por no llegar a tiempo a sus destinos.
Ante esta situación brutal, el mandatario dijo que le encargaría una propuesta al secretario de Seguridad.
Sin embargo, más adelante retomó su discurso en defensa de los empresarios, cuando se le preguntó sobre el outsourcing y la discusión en torno a su regulación o desaparición.
Explicó que la subcontratación surge de la reforma laboral, como parte de las reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, sino a una minoría, y que ahora se abusa de esos mecanismos y se afecta a los trabajadores.
Pero para López Obrador los empresarios no son los responsables, sino las oficinas que contratan para el manejo de las nóminas, que no estarían dirigidas también por empresarios sino por “coyotes”. Señaló además que con este mecanismo no se pagan impuestos y hay una evasión fiscal.
Continuó diciendo que es entendible separar la actividad productiva de la actividad administrativa, pero que un buen empresario no puede permitir que no se garanticen los derechos a los trabajadores y que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos.
“Muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas”, remató.
Es necesario señalar que la subcontratación no surge con la reforma laboral del Pacto por México, sino que con ella fue legalizada. Es una práctica que el propio AMLO implementó en instituciones como el IEMS cuando era jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal, y eso se preservó en la reforma de la 4T.
Pese a comprender perfectamente la naturaleza de las reformas estructurales del sexenio anetrior, como la laboral, el gobierno de la 4T está lejos de plantear echarlas atrás. El hecho de que ahora el gobierno esté buscando la forma para que el outsourcing no implique evasión de impuestos, tiene que ver con la situación de las finanzas públicas en medio de la crisis, no con acabar con la precarización laboral.
Los empresarios, por otra parte, fueron, son y serán los primeros interesados en la subcontratación, es decir, la ausencia de derechos para los trabajadores, pues para ellos eso significa aumentar sus ganancias, que es su meta en la vida. | 
