Reproducimos el comunicado del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, en el cual se denuncia una creciente violencia institucional y represiva que se está viviendo en la ciudad de Rafaela.
FRENTE A LA PANDEMIA LA VIOLENCIA POLICIAL NO PUEDE SER LA RESPUESTA DEL ESTADO
Desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo queremos hacer pública nuestra preocupación por los hechos de violencia policial que están ocurriendo, cada vez más seguido, en nuestra ciudad.
Desde hace unas semanas estamos acompañando a Lucas Colombo y su familia, por los hechos de los cuales es víctima. El joven fue detenido de manera irreguar el día 16 de agosto del corriente por parte de agentes, de otras localidades, que prestaban servicio temporalmente en la Comisaría 13° de Rafaela. La policía, tras apresarlo arbitrariamente, no sólo lo golpeó ferozmente, sino que montó una causa para justificar semejante atropello. Una vez en la comisaría le "sugirieron" que un arma (tumbera), que ya estaba en el lugar, le pertenecía, pese a que el joven manifestaba que no había tenido ningún arma encima en ningún momento. Fue trasladado a la Alcaidía local. Cuando se realizó la audiencia imputativa, recién conoció la carátula por la que lo acusaban: “portación indebida de arma de fuego de uso prohibido”. Por las circunstancias relacionadas a la emergencia sanitaria por Covid-19, la defensora oficial que acompañaba a Colombo no estuvo presente en la audiencia de medida cautelar, en la que determinaron la prisión preventiva por 60 días por “peligro de fuga” en un análisis arbitrario y discriminatorio. Así, sus garantías jurídicas se vieron menospreciadas y se puso en peligro la integridad física y psíquica del joven. No sólo sufrió violentos apremios ilegales, sino que, además permaneció detenido sin poder continuar por un tiempo prolongado su tratamiento psicológico. Con la intervención de la Defensoría se apeló el fallo y mientras tanto se lograron mejores condiciones de una detención que, repetimos, es arbitraria. El miércoles 21 de octubre, familiares de la víctima realizaron una denuncia ante la Oficina de Control Policial de la policía de Santa Fe acompañadxs por abogadxs de DDHH, entre ellxs, el Dr. Guillermo Munné.
Queremos manifestar nuestro más profundo repudio frente a la violencia que está viviendo Lucas Colombo desde el día de su detención. Apoyamos el reclamo de sus familiares, quienes marcan que Lucas no tienen antecedentes de ninguna índole, y hace más de dos meses que no lo pueden ver. Exigimos a la fiscal y al Juez Javier Bottero responder con celeridad y responsabilidad ante semejantes vejaciones garantizando su integridad y protección. Lxs responsabilizamos por su seguridad personal y la de lxs miembros de su familia. Es por eso que, en el día de hoy, miércoles 28, nos presentamos como testigos en la causa que investiga los apremios ilegales aportando información y acompañamiento.
Vemos con preocupación los avances represivos que se vienen sucediendo en los últimos meses en la ciudad y en el país, la violencia de los aparatos represivos del estado es sistemática y lo ocurrido a Lucas no constituye un hecho aislado. Podemos recordar hechos como el ocurrido en Sunchales el año pasado, cuando efectivos policiales torturaron a dos hermanos de forma brutal. Tampoco son menores los hechos sucedidos hace un tiempo en la localidad de Frontera, donde el jefe de policía Carlos Flores, insistentemente denunciado por nosotros por sus pésimo desempeño y connivencias en la investigación del asesinato de Silvia Suppo, fue condenado por “crucificar” a un detenido.
La provincia de Santa Fe ocupa el segundo puesto, luego de Buenos Aires, en cantidad de casos de abuso policial y gatillo fácil. Rafaela no está ajena a la persecución y el maltrato que continuamente sufren las personas que pertenecen a los barrios más humildes. Ante las distintas situaciones que trae el distanciamiento social, vemos con preocupación la respuesta represiva que se toman para resolver problemas sociales profundos. Es de conocimiento público la violencia a la que se somete a les lavacoches que pretenden trabajar en la Zona de Estacionamiento Controlado, fueron reiteradas las denuncias mediáticas de las víctimas. También la situación de decenas de trabajadoras de la economía social que desarrollaban su labor en el relleno sanitario, que lejos de tener respuestas desde una perspectiva social, fueron reprimides y judicializades con causas penales que no resuelven los problemas de fondo.
Ante esta violencia sistemática, queremos dejar manifiesta nuestra preocupación, y la necesidad de que las autoridades competentes comiencen a dar respuestas en términos sociales y democráticos.
NO A LA REPRESIÓN, NO A LA VIOLENCIA. NO ES UN POLICÍA. ES TODA LA INSTITUCIÓN.
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