Diego Fernández es el Secretario de Integración Urbana y Social del Gobierno de la Ciudad, y por ende es el encargado del proyecto de urbanización de la Villa 31. Cuenta con un patrimonio abultado y es uno de los inversores de Black Rock, uno de los fondos más duros en la negociación de la deuda externa contra el país.
Actualmente es el impulsor político del desalojo de El Hotelito, un lugar ubicado en la villa mencionada, donde están residiendo 11 familias con 35 niños y niñas. Siete de las mujeres están allí por violencia de género, entre ellas convergen jefas de hogares que perdieron el trabajo durante el contexto de pandemia y madres solteras que no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o que estaban en situación de calle desde fines de 2019.
Mientras, este funcionario que las amenaza con el desalojo, se encuentra en el otro extremo de la pirámide social. En su declaración jurada se expresa que desde que asumió en el 2015 como funcionario adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre de 450 metros cuadrados, un semirremolque, un yate de 1,3 millones pesos, una moto BMW 1200GS de 500 mil pesos y una camioneta Toyota SW4 de 1 millón de pesos, entre otras cosas adquisiciones, según informa Tiempo Argentino.
Además de los 2,5 millones de dólares invertidos en BlackRock, cuenta con otros 2 millones en títulos de la deuda de la Provincia de Buenos Aires y 2 millones en deuda nacional. Con él queda en evidencia que la actual crisis no todos pierden, ya que en el 2017 adquirió cuota partes en el fondo de BlackRock por $1.057.883, que hoy valen $2.589.262, según informa el mismo diario. Es decir una ganancia del 244%.
Como si fuera poco, aparece en los Panama Papers, que junto a Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tienen una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos. Además tiene 18 millones de pesos en acciones en Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobras, PDVSA, entre otras. También es dueño de Dashi Sushi.
El derecho a la vivienda, una cuestión de clase
La disparidad con realidad de las familias de El Hotelito y las que se encuentran en la Villa 31, es abismal. Este funcionario millonario y buitre toma decisiones que impactan directamente en la vida de estas familias, que ni siquiera las dejan tener un lugar transitorio para vivir. A estas familias les ofrecen subsidios habitacionales de 8500 pesos, cuando los alquileres en la misma villa superan los 11000 y la mayoría no aceptan niños y niñas. Les ofrecen que las mujeres violentadas vuelvan con sus parejas que las agredieron o las que vivían hacinadas en medio de la pandemia vuelvan a dicha situación o las que estaban en situación de calle vuelvan a la calle.
El intento de desalojo de El Hotelito no es una acción aislada, ya que se lo considera responsable del desalojo de las familias que se encontraban viviendo debajo de la autopista que pasa por la Villa.
El desprecio de Diego Fernández a esta población y a los trabajadores en general es histórico. Él era el dueño del restaurante Pikkei, y que a través de una maniobra de cambio de firmas, abandonó en el 2019 a los trabajadores adeudándole 2 meses de sueldos, aguinaldos, vacaciones, y sin pagarles una indemnización, según relatan los trabajadores a Tiempo Argentino.
A su vez, Fernández es el responsable de que en el Barrio Mugica no tuviera agua potable durante semanas hace unos meses, lo que provocó que aumentaran exponencialmente los números de casos positivos del covid-19 en la villa. Mientras se tiraban la responsabilidad entre el Gobierno de la Ciudad y Aysa, el barrio se convirtió en uno de los principales focos de contagio durante meses.
En mayo, en una reunión con legisladores por la situación que se estaba viviendo en la villa, el funcionario participó desde su automóvil mostrando la importancia que le daba al tema. Eso no le impidió dar definiciones como “El Barrio 31 tiene la mejor red de agua potable de cualquier otro barrio vulnerable de la República Argentina”.
Además el proyecto de urbanización no se ve reflejado en un cambio en las vidas de las familias, que siguen sufriendo el hacinamiento, los cortes de luz, la falta de presión en el agua, los peligros de incendio por el estado del tendido eléctrico, etcétera.
Cabe recordar que Diego Fernández en una entrevista a Infobae en marzo del 2018 pronosticaba que “a fines del 2019 la villa estará terminada arquitectónicamente”. Se ve que la firmeza que tiene para amenazar familias para desalojar o para hacer negocios turbios que perjudican a millones, no la tiene para cumplir ni siquiera con sus promesas.
En este contexto donde millones en el país no pueden acceder a una vivienda digna o directamente viven en situación de calle, los funcionarios se encolumnan atrás de los intereses burgueses y tratan de delincuentes a los que buscan una forma de sobrevivir, como las familias en Guernica y en El Hotelito. Estos ejemplos dejan en evidencia como desde el gobierno Nacional, Provincial y de la Ciudad atacaron a los que luchan por su derecho a la vivienda.
Incluso este miércoles Larreta para no ser menos frente a los Berni y Larroque, hizo toda una declaración donde pidió la “defensa irrestricta de la propiedad privada”. Mientras tanto el Jefe de Gobierno avanza con la venta y privatizaciones de tierras para negocios inmobiliarios que se benefician unos pocos, como el caso reciente de las tierras de Costa Salguero, y que deja de lado a las poblaciones más vulneradas y necesitadas de la Ciudad.
| 
