A la próxima sesión de la Legislatura, desde el oficialismo llevarán dos proyectos consensuados con la oposición macrista y bussista para fortalecer a las fuerzas represivas. La comisión de Seguridad y Justicia, presidida por el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, ayer dio dictamen a un proyecto para “desalojos exprés” y otro para implementar el uso de pistolas eléctricas tipo taser en las policías municipales. La intención del oficialismo y la oposición es que estos dictámenes se traten en la sesión que está llamada para el 5 de noviembre.
Desalojos exprés como política habitacional
El oficialista Vargas Aignasse aseguró que dieron dictamen favorable a “un proyecto de Desalojo Express, para que la justicia tenga las herramientas legales para desalojar rápidamente, en caso de usurpaciones”. Las explicaciones adelantan que los desalojos como en Guernica serán la respuesta del gobierno de Juan Manzur a los reclamos de tierra y vivienda.
En honor a la verdad, esto ya se había concretado con el desalojo en Villa Muñecas con 500 policías. Allí la orden de la jueza Isolina María Apás Pérez de Nucci contra 200 familias —y a favor de un fideicomiso de especulación inmobiliaria— tardó una semana. Pero el oficialismo quiere que todo sea más exprés, haciendo realidad una idea de los macristas.
La propuesta del desalojo exprés la hizo el legislador opositor José Canelada, apelando al sacrosanto “derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución”. Del derecho a la vivienda, incluido también la carta magna, ni menciones. El oficialismo hizo suyos los argumentos macristas y los desalojos exprés serán la política habitacional que ambos impulsen.
Los terratenientes y empresarios de Atanor y la Sociedad Rural, agradecidos. Por esa razón la oligárquica Sociedad Rural apoyó los “equipos interdisciplinarios” que el Gobierno va a armar ante los desalojos. Con mirada interdisciplinaria o no, un desalojo es un desalojo.
Picana legalizada
En el uso de las pistolas taser, el oficialismo también lleva a la realidad los planes del macrismo, en este caso las ideas de Patricia Bullrich. En mayo de 2019, el Gobierno de Mauricio Macri autorizó el uso de estas pistolas eléctricas para las fuerzas de seguridad federales. Se avaló así una picana eléctrica moderna, cuestión que quieren repetir los legisladores del Frente de Todos en Tucumán. “Para que puedan mejorar su performance”, dijo Vargas Aignasse en su clásica demagogia punitiva.
Como ha sido denunciado en innumerables ocasiones, estas armas pueden causar la muerte en diversas circunstancias. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha definido el uso de las pistolas táser como una forma de tortura. En las represiones de los carabineros de Chile fueron utilizadas como formas de torturas y las últimas movilizaciones en Colombia contra la violencia policial estallaron luego de la muerte de un abogado que fue atacado con pistolas Táser.
Un informe publicado por Amnesty International señala que 334 personas perdieron la vida entre 2000 y 2007 por el uso de las táser. Es cuestionado su uso porque las pistolas táser son armas de tortura que no dejan huella y lo que quieren hacer los legisladores del Frente de Todos es poner en manos de la Policía tucumana, autora del crimen de Luis Espinoza y tantos casos de gatillo fácil, una nueva arma para la represión.
Con estos dos proyectos, los oficialistas y la oposición derechista cierran filas para blindar los desalojos y la represión. | 
