Frente a la vulneración de derechos, criminalización y represión a miles de personas sin techo ni pequeñas “propiedades”, los organismos que conducen Horacio Pietragalla (nación) y Matías Moreno (provincia) le hacen la segunda a Sergio Berni y la asesina Policía Bonaerense. ¿Para qué están?
Los hechos de este jueves en el predio de Guernica, ocupado por más de mil familias carentes de lo mínimo indispensable para vivir, causaron estupor en infinidad de referentes de la lucha por los derechos humanos. Desde la Comisión Provincial por la Memoria, el Serpaj, el CeProDH, la APDH La Matanza y el conjunto de organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; hasta organismos (pocos) y referentes (pocos públicamente, muchos en secreto) ligados al kirchnerismo; el repudio a la represión brutal sobre mujeres, hombres y niñes fue extendido.
Pero eso no pareció conmover a los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Curiosamente, los titulares de ambas oficinas estatales son hijos de desaparecidos y vienen de años de articular y participar en organismos y espacios relacionados con la temática.
Horacio Pietragalla y Matías Moreno no sólo están ausentes de la defensa de los derechos humanos vulnerados, reiteradamente, en Guernica. Además, forman parte de la caterva de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado que, por un lado, justifican la represión a “delincuentes” que osan reclamar un pedazo de tierra para vivir y, por el otro, recurren al macartismo berreta y la criminalización de las organizaciones sociales y la izquierda para desviar la atención sobre la gravedad del asunto.
El papel de Pietragalla es más que llamativo. El secretario decidió adoptar un discurso retorcido de supuesta “defensa de la ley”, aún a riesgo de tartamudear a la hora de hablar del flagrante avasallamiento de derechos humanos básicos como el de la vivienda, la salud y la comida.
Su derrotero llegó al extremo de considerar “un éxito” que mucha gente de la toma se haya ido en los últimos días y no haya sido barrida por la Bonaerense. No sólo exagera sobre la cantidad de personas “convencidas” de irse (mucho menor a la versión oficial), sino que la que lo hizo no fue por tener una respuesta favorable a sus reclamos elementales (de hecho muchas hoy viven en la calle) sino al temor impuesto durante semanas por Sergio Berni, el juez Martín Risso, los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Lisandro Damonte, acompañados por Clarín, La Nación y demás corporaciones.
Este jueves las cuentas de Twitter de la Secretaría de Derechos Humanos y de Pietragalla publicaron varios mensajes. Los temas, diversos. Juicios de lesa humanidad, un “conversatorio para charlar acerca del rol de la cultura y el arte en la difusión de la búsqueda por la identidad”, un encuentro con temática sobre afrodescendientes, un homenaje a Néstor Kirchner y un encuentro con Evo Morales en la ex ESMA. ¿Los hechos de Guernica? Nada.
Sin embargo, mientras participaba de conversatorios y encuentros varios, Pietragalla se hizo un espacio para hablar de Guernica. En privado. Fue a través de un audio de Whatsapp que difundió (quizás a modo de “descargo”) entre organismos de derechos humanos. El contenido de ese mensaje no tiene desperdicios.
“Les paso el informe para que sepan. Hubo desalojo, está claro”, comienza el audio. Y enseguida, en lugar de explicar el tipo de represión que había visto todo el país, ensayó una defensa de lo hecho por la Bonaerense. “Casi no había familias, las familias estaban casi todas desalojadas anteayer y ayer, con las negociaciones. No había chicos, significa que ya familias no quedaban”, aseguró Pietragalla.
A renglón seguido, el macartismo justificador de cuanta represión comete el Estado, gobierne quien gobierne. “Sí quedó un sector radicalizado, que son los troskos, que estaban fomentando el acampe”, dijo. Segundos después amplió: “sinceramente, se hizo un esfuerzo muy grande para no llegar a un desalojo. Pero bueno, los sectores de izquierda fomentaban que haya cada vez más gente... digamos… eh… Andrés Larroque con todos los compañeros estaban negociando que se vayan las familias, las familias se iban y en su lugar aparecía otra gente... que ya no eran familias”.
El audio de Pietragalla es una sumatoria de mentiras. O tal vez el secretario tiene malos informantes. Como sea, entre otras cosas dijo que el ministro de Seguridad provincial Berni “pidió la suspensión del desalojo y la Justicia lo rechazó”. Pero más allá de que esa versión se difundió a rabiar en las horas previas al desalojo, la desmentida vino nada menos que del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la causa penal por “usurpación”.
“No hizo ese pedido Berni, yo no lo vi en la causa, no fue presentado. Quizás fue un proyecto de presentación y después desistieron de hacerlo”, dijo el reaccionario fiscal en una más que apologética entrevista en C5N.
El interés mayor de Pietragalla no parece ser defender los derechos humanos de la población más vulnerable sino justificar las acciones oficiales, aún a riesgo de caer en el ridículo. Por ejemplo, en su insistencia en dejar claro que “en el predio no había menores de edad, significa que ya casi no hay familias y no quedaba casi nadie”.
¿Quién terminaría desmintiéndolo a Pietragalla en eso? El propio Berni. En la noche del jueves en una entrevista en Intratables (con visos de “homenaje” por parte de varios panelistas) el ministro aseguró que al momento de ingresar la Bonaerense al predio “había muchos chicos adentro, no tuvimos por suerte ninguno herido, y muchos bebés”. ¿En qué quedamos?
La línea argumental de los funcionarios se sintetizó en un reconocimiento retórico del grave problema habitacional que Guernica hizo emerger, combinado con propuestas de “solución” poco serias y un ascendente macartismo hacia las organizaciones solidarias con la toma.
Pietragalla cerró su defensa sobre la gestión del Gobierno apelando a explicaciones casi ficcionales. “Hace dos meses que se está trabajando, la mayoría de las familias fueron reinstaladas en otros lugares del municipio, donde se repartieron tierras, subsidios habitacionales, subsidios para la construcción”, dijo. Y con eso creyó lavar sus culpas.
Finalmente, otra información errónea lanzada en el audio. “Hay detenidos, estamos negoc… hablando con Seguridad y los compañeros que están ahí para que se libere rápido a esos detenidos, que tienen (cargos por) ‘resistencia a la autoridad’”. No es lo que aseguró el fiscal Condomí Alcorta: “En su mayoría se encuentran imputados del delito de ‘usurpación’, algunas de ‘resistencia a la autoridad y usurpación’, algunas de ellas de ‘atentado a la autoridad’, ‘lesiones’ algunas”.
En el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y de su titular Matías Moreno, no difiere mucho del de su par nacional. Desde este sitio ya criticamos duramente el triste rol de Moreno y sus subalternos frente a terribles casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en territorio bonaerense, sea a manos de la Policía, del Servicio Penitenciario y demás agencias estatales.
En Guernica Moreno dio un nuevo salto. Porque este jueves, según fuentes oficiales, estuvo presente en las inmediaciones del predio desalojado. Pero siempre detrás de los escudos y las escopetas de la Bonaerense. Ni antes, ni durante ni después se acercó a hablar con ninguna familia de las que estaban siendo reprimidas y humilladas. Ni siquiera se comunicó con los organismos de derechos humanos presentes en el lugar que, desesperadamente, intentaban confirmar si había personas fallecidas y jóvenes desaparecidos como se rumoreaba.
Como ya se denunció en este sitio, es patético el papel de la Subsecretaría de Derechos Humanos en casos como el de Facundo Castro en Villarino, de Alan Maidana en Quilmes, de Brandon Romero en Mar del Plata o de Ignacio Seijas en Lomas de Zamora (por nombrar algunos ejemplos emblemáticos de la represión en cuarentena). Desde la nada misma, dando la espalda a los casos, hasta demagógicas declaraciones a destiempo y sin efectos reales. ¿Por qué en el caso de Guernica sería diferente?
Horacio Pietragalla, Matías Moreno y Axel Kicillof
En el caso de Facundo Castro, ni Moreno ni nadie de su dependencia se acercó jamás a Cristina, la madre del joven desaparecido y muerto tras ser interceptado por la Bonaerense en la Ruta 3. Ni siquiera le consultaron si necesitaba algo. Solo la vio una vez, en las oficinas de Axel Kicillof de La Plata, cuando Cristina y sus abogados viajaron en el marco del comienzo de la autopsia al cuerpo hallado el 15 de agosto.
Otro tanto se podría decir del (no) trato que el subsecretario le dio a decenas de familiares de víctimas del gatillo fácil, torturas en comisarías y cárceles y demás crímenes a manos de las fuerzas represivas del Estado. La pregunta se cae de madura: si no está para eso ¿para qué está la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires? ¿Sólo para darle consejos al “compañero” Sergio Berni de cómo reprimir menos sanguinariamente?
La subsecretaría, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que maneja el derechista Julio Alak, parece estar demasiado ocupada en organizar charlas teóricas sobre algunos derechos y sobre los resabios del genocidio, cursos de español para migrantes y una participación (limitada) en juicios por delitos de lesa humanidad. En el caso de Moreno, abundan más los tuits de homenaje a Néstor Kirchner y el retuiteo de alaracas de Cristina y Máximo Kirchner que los mensajes relacionados a los derechos humanos que hoy viola el Estado.
Pasados pisados
“Volveremos a poner las políticas de derechos humanos como política de Estado”, dijeron a los medios Pietragalla y Moreno cuando Alberto Fernández y Axel Kicillof los confirmaron en los cargos junto a Marcela Losardo (ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y Julio Alak. Nada más gráfico que lo de Guernica para hacerle honor al dicho “borrar con el codo lo que se escribió con la mano”.
Otra pregunta se impone. Si la misma represión de ayer en Guernica la hacía el gobierno de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo o el de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ¿qué tipo de audios o tuits hubieran enviado a sus compañeras y compañeros Horacio Piettragalla y Matías Moreno? Seguramente ninguno justicando la brutalidad de la Bonaerense o de la Gendarmería.
Es más, Pietragalla fue reprimido junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman frente al Congreso en diciembre de 2017, cuando el macrismo y gran parte del peronismo se aprestaban a consumar un nuevo saqueo a los jubilados y las jubiladas (hoy vigente). También marcharon por las calles junto a Sergio Maldonado por justicia para Santiago. Causas que hoy, a la luz de los hechos, son para ellos parte del pasado.
Cuando en pleno macrismo esos dirigentes denunciaban la represión del Estado, lo hacían con los mismos argumentos que la izquierda y los organismos de derechos humanos, e incluso yendo más allá diciendo que lo de Macri era “una dictadura”. Se ve que integrarse alegremente al Estado burgués, a cambio de la habilitación de espacios y recursos para hablar más de “memoria” sobre hechos del pasado que de justicia por los hechos del presente, cambia muchas cosas.
Pero la izquierda, ésta que hoy es utilizada por el peronismo como chivo expiatorio para justificar el ajuste a palazos y balazos sobre las mayorías populares, sigue estando del mismo lado. Las imágenes de este jueves en Guernica lo demuestran. Tanto como la ausencia de imágenes de Pietragalla y Moreno defendiendo los derechos humanos frente a las casillas arrasadas y quemadas por la Bonaerense. El fuego de Guernica, indefectiblemente, quemó más de un relato.
