En una entrevista radial con su periodista amigo el Gato Sylvestre, el presidente Alberto Fernández avaló el violento desalojo que sufrieron las 1500 familias en el predio de Guernica, el jueves. Aunque continúa afirmando que "es un conflicto social, no es un conflicto penal", apoyó la resolución represiva, aclarando que no fue él quién resolvió, si no el gobernador Kicillof y la justicia provincial. Lo mismo dijo con respecto a la orden de la justicia de Entre Ríos, ejecutada Gustavo Bordet del Frente de Todos, en favor de los varones de la oligárquica familia Etchevere: "una decisión de las provincias, de las justicias provinciales y de los gobernadores".
Además, Fernández aseguró que se llegó a un acuerdo con 600 familias y que luego "quedó un remanente de personas que toman tierras con fines económicos con la necesidad de la gente y sectores que tenían una clara intencionalidad política. La Justicia ya había tomado una decisión. Postergó una y otra vez la decisión de sacar esta gente de las tierras. Hasta que al final dio una orden".
Inventar un relato para criminalizar a las víctimas de la represión es una astucia necesaria para un gobierno con una amplia base social progresista y popular. El remanente son las víctimas de la represión. Y el supuesto acuerdo no fue tal, pues el gobierno provincial lo retiró unilateralmente, luego de que las familias mostraran desconfianza porque presentaba cláusulas secretas, que no permitían conocer quiénes sería precisamente los beneficiarios de las propuestas habitacionales.
La represión razonable que puso las cosas en orden
El megaoperativo policial que desplegó 4000 efectivos contra niños, niñas, mujeresy familias enteras, estuvo comandado por Sergio Berni, quien tuvo tiempo de hacer una cobertura desde su helicóptero con una periodista de TN a bordo. Para el momento en que alumbraba la luz del sol, el ministro anunció: "ya está todo desalojado". Con balazos de goma, gases lacrimógenos y topadoras irrumpieron en en la oscuridad de la madrugada, tomando por sorpresa a las familias, ya que el propio Berni se había encargado de vender pescado podrido a través de los medios de comunicación oficialistas y de la "corpo", con la información falsa de que el operativo se realizaría el siguiente lunes en horario diurno. Prendieron fuego las casillas y destruyeron las pocas pertenencias de quienes luchan por tierra para vivir, colchones, juguetes, documentos de identidad. Además utilizaron los campos privados de la familia de Guido Giana, el concejal de Juntos por el Cambio, para mantener personas detenidas.
Para Alberto Fernández, todo este procedimiento estuvo bien. Dijo que la orden de la Justicia "se cumplió en términos razonables, no hubo gente herida, no tuvimos que lamentar una muerte que eso hubiera sido terrible. Y la cosa se puso en orden".
Es decir que, aún opinando que la policía podría haber asesinado, como ocurrió en el desalojo del Parque Indoamericano en 2010, la decisión política de dar vía libre la represión se afrontó con total firmeza.
Una orden de desalojo ilegítima en favor de los poderosos
El gobierno tomó la decisión política de reprimir familias pobres para favorecer el negocio de los poderosos. Eligió entregar esos terrenos para la construcción de countris y campos de golf como prometió la intendenta Cantero, pisoteando el derecho a la vivienda y los derechos de la infancia. Nora Cortiñas adelantó que junto a organizaciones de derecho humanos, recurrirán a "organismos internacionales por la violación de pactos internacionales y hasta de la Constitución Argentina”. Es lamentable que los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también avalaron el accionar represivo.
El Frente de Todos asumió con promesas de una reforma de la justicia y una épica de enfrentarse al poder judicial que defiende a los poderosos. Y a la hora de gobernar, se llevó adelante una orden judicial de desalojo completamente ilegítima. Porque los denunciantes no pudieron acreditar títulos de propiedad. Porque se reprimieron familias con niños. Porque se confió en fiscales que dijeron que las madres usan a los niños como escudo y que en el desalojo se sacaron una selfie con el paisaje del humo y la represión de fondo.
Y porque se trata de un problema social. La emergencia de recuperación de terrenos deshabitados por familias sin techo, no es la obra de delincuentes con vocación de usurpación, ni tampoco de la Izquierda que siempre estuvo del lado de las luchas del pueblo trabajador; como propagandiza el oficialismo, junto a la oposición y los medios de comunicación. Si no, la respuesta de miles de personas que quedaron desocupadas en medio de la pandemia y tuvieron que buscar un lugar para vivir. De esta misma manera surgieron, década tras década, cientos de barrios populares en todo el país que hasta el día de hoy siguen sin estar completamente urbanizados, sin cloacas, sin agua, sin gas.
Argentina es uno de los países donde más aumentó la desigualdad social en la crisis que acompaña la pandemia. Los sectores de poder incrementaron sus riquezas y los sectores populares se empobrecieron aún más. Respondiéndole a derecha y a hablándole a los ricos, Fernández aclara que "la propiedad privada en la Argentina nunca estuvo en discusión". Claro, no se refiere a las pobres pertenencias de estas familias que fueron arrasadas por el poder de fuego del Estado. Si no al orden social que perpetúa la desigualdad.
El gobierno de Todos contra el pueblo trabajador y pobre
Se cayó el relato progresista y nacional del Gobierno. No hay grietas cuando se trata de reprimir a los pobres y sus hijos, de atacar los derechos más elementales del pueblo, como lo son la vivienda o el trabajo. Patricia Bulrich reclama al presidente poner orden en los campos de Etchevere y orden impone el partido de gobierno.
El FMI pide un presupuesto de ajuste lo votan el oficialismo y la oposición exige más recorte. El impuesto a las grandes fortunas duerme en un cajón, mientras se beneficia las ganancias de todo el empresariado con rebajas de impuestos, pago de salarios y se premia a los sectores que pujan por la devaluación emitiendo bonos atados a la evolución futura del dólar. Estas políticas son las que explican el aumento de la desigualdad. Estas son las bases para el acuerdo nacional que pidió Cristina Kirchner en su carta, donde recuerda que en sus 12 años de gobierno, los empresarios se la llevaron en pala.
Pero el reclamo de tierra para vivir y las consecuentes experiencias de solidaridad, organización y lucha de miles de personas, no cesarán por el escándalo mediático de los poderosos que apelan a las sagradas escrituras de la propiedad privada, ni por las manipulaciones de funcionarios políticos como Larroque y la represión despiadada del Estado. Las familias de Guernica siguen el pie de lucha, buscando las vías para continuar su pelea por una vivienda para sus hijos. La misma determinación tienen otros miles a lo largo y ancho del país.
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