La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció hoy la lentitud y desidia por parte del Estado a la hora de tratar casos de violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres que ocurren en el país, particularmente cuando éstos son cometidos por cargos públicos.
Para el organismo, la violencia contra menores y mujeres "se ha convertido en uno de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos en Bolivia".
El problema se sostiene y acrecienta por un sistema judicial, policial e incluso social que promueve y permite la impunidad, especialmente cuando los perpetradores resultan tener distintos niveles de poder e influencia.
El comunicado de la Defensoría hace especial hincapié en el caso del diputado Jacinto Vega, del partido oficialista MAS, quien está acusado de violar a dos sobrinas de diez y quince años, pese a lo cual sigue ocupando su cargo en el Legislativo. El partido MAS sólo le ha exigido a Vega que solicite una licencia hasta que se demuestre su “inocencia”, algo que resulta realmente insólito ante la gravedad de la denuncia y que pone a las claras la poca importancia con la que el Estado afronta la difícil situación de las mujeres y niños de este país, que encabeza la lista de crímenes contra la integridad sexual de niños y mujeres en Latinoamérica.
La institución advierte que "esta forma de responder a las denuncias puede constituirse en un mecanismo velado para socapar, proteger y apañar a individuos que tienen procesos penales y que son responsables de haber cometido crímenes cargados de salvajismo y violencia machista que han destruido la vida de niñas o mujeres".
También denuncia "las irregularidades y contradicciones en las que han incurrido algunos jueces y fiscales" en este caso, con decisiones que han propiciado "la retardación de justicia" e ignorado "los derechos de las niñas víctimas a recibir toda la protección y defensa".
Por ello, la Defensoría exhortó a las autoridades políticas a que en todos los casos de violencia contra menores y mujeres en los que se vean involucrados servidores públicos "sea cual fuere su poder e influencia, respondan con diligencia, probidad y compromiso con los derechos humanos".
Fuente: EFE | 
