La situación se está convirtiendo en insostenible por su gravedad social y así lo viene denunciando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Como han señalado desde la Plataforma, a lo largo del segundo trimestre de 2020 y solo entre el 4 y el 30 de junio –éste el único tramo de días hábiles del segundo trimestre que permanecieron abiertos los juzgados, durante el resto del año estuvieron cerrados por el Covid-19–, hubo en el Estado español nada menos que 1.383 ejecuciones de desahucios de familias y personas en situación de vulnerabilidad extrema. Es decir, casi 77 desahucios diarios durante este período tan corto de tiempo.
Y, todo esto, como consecuencia de la enorme acumulación de lanzamientos pendientes que se habían ido concentrando durante los meses de marzo a mayo, ya que se quedaron fuera del paraguas legislativo del Gobierno de coalición contra las consecuencias sociales de la Covid-19, nada menos que: todas las ejecuciones de desahucios que correspondían a causas anteriores a la pandemia; todas aquellas que no pudieron demostrar inequívocamente que la causa directa fuera consecuencia de la pandemia; o bien todas los casos derivados de carecer de un título legal sobre la vivienda en que residían, es decir por ser okupas.
Motivos de desahucio que, en muchos casos, afectaban directamente a gran parte del millón de despedidos del mes de marzo con motivo de la pandemia. Una parte de los cuáles fueron al paro antes de decretarse el estado de alarma, y por lo tanto antes de ser reconocida la pandemia, y otra gran parte, que por permanecer en la economía sumergida no podían demostrar que su situación de desempleo fuera causa directa de la pandemia.
Esto por no hablar de las familias enormemente vulnerables que habían ocupado viviendas vacías antes y después de la Covid-19, en la gran mayoría propiedad de la SAREB, es decir de propiedad pública derivada del rescate financiero, por no tener otra alternativa habitacional y con menores a su cargo –y no, como los quiere criminalizar de manera infame, como si fueran “parásitos sociales”, con vínculos con la delincuencia y el tráfico de drogas.
Todo este cúmulo de desahucios, por lo tanto, se produjo cuando apenas habíamos pasado en muchos territorios a la fase 2 o 3, a principios de junio. Familias con menores y personas mayores muy vulnerables a la enfermedad generada por la Covid-19 se veían en la calle de un día para otro y sin protección alguna. Mientras nos seguían machacando cínicamente con las imágenes de presuntos irresponsables que permanecían en la calle saltándose las normas, con cientos de miles de multas en los barrios obreros de las ciudades. Pero en los barrios ricos se habían producido manifestaciones sin medidas protectoras y la policía hacía la vista gorda y no sancionaba a nadie. En ese mismo momento se seguía desahuciando.
Riesgo de estallido social ante la avalancha de desahucios y la crispación social
Pero es que el propio Ayuntamiento de Barcelona, incidiendo en la misma dirección que la PAH, acaba de dar un aviso al Gobierno central por el riesgo de “estallido social” que se puede producir si no se impone una moratoria a los desahucios que comprenda a todas las familias en situación de vulnerabilidad. Incluyendo tanto a los que sean consecuencia de la Covid-19 como a los que tengan otras causas. La denuncia del consistorio catalán surge porque ha detectado, a través de la Unidad Antidesahucios con que cuenta, que solo entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre se han producido en la ciudad de Barcelona 443 mandatos de lanzamiento de vivienda, implicando a 1.211 personas afectadas.
La petición del Ayuntamiento de Barcelona la ha hecho llegar al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. En el informe se detalla que esos desahucios implican a nada menos que 463 menores y 748 personas adultas en situación de evidente emergencia social. Todas ellas han sufrido ya al menos un intento de desahucio, si bien, el Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido, según aseguran, paralizar en un 90% de los casos.
No obstante, resulta claramente paradójico y rayano en la incoherencia política, que mientras por una parte con la mano izquierda, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau a la cabeza, intente presionar para modificar la legislación en materia de desahucios, por otra parte con la mano derecha continúe sosteniendo al Gobierno “progresista” que legisla y ejecuta esas políticas, puesto que forma parte del Gobierno a través de En Comú Podem.
Un Gobierno que se muestra absolutamente carente de voluntad política para cambiar esta situación, como se ha demostrado sobradamente durante la pandemia, negándose a llevar adelante un programa de emergencia social que dé una salida a las necesidades más elementales de las clases populares como es la de la vivienda. Y más cuando se acaba de producir un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para sacar de los Presupuestos Generales del Estado medidas como el control del precio de los alquileres, y sin incluir tampoco inversiones fuertes para adquirir vivienda social pública, dejándolo todo a la promesa de sacar una ley futura que controle el precio de los alquileres. Una ley que no se sabe qué contenido va a tener, pero que difícilmente cuestione realmente los intereses de los especuladores.
Mientras tanto, el mismo informe del Ayuntamiento de Barcelona destaca que, entre esas 443 órdenes de desahucios, más del 50% de las mismas han sido realizadas por los denominados grandes tenedores, o lo que es lo mismo, bancos, fondos buitre o personas físicas que tienen en propiedad más de 15 viviendas. Es decir, que son los grandes especuladores los que están arrojando a la calle a familias enteras en grado extremo de vulnerabilidad, mientras el Gobierno “más progresista de la historia” mira para otro lado. Situaciones que tanto Podemos como Izquierda Unida achacaron en su momento a la “casta”, incluido el PSOE. Pero es que, ahora, tras pisar moqueta, ellos han pasado a formar parte de la “casta” y son cómplices de estas políticas antipopulares. Este es el caldo de cultivo que puede generar el estallido social del que habla el Ayuntamiento de Barcelona.
La PAH también venía señalando las limitaciones de la legislación aprobada y anunciada a bombo y platillo por el Gobierno de coalición desde los comienzos de la primera ola de la pandemia por Covid-19. Aunque el Gobierno no cejó en señalar que con sus medidas se prohibían los desahucios durante toda la pandemia, lo cierto es que la realidad se encargó de desmentirlo. No era más que pura propaganda.
Por eso, la PAH presentó, a través de varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, enmiendas al RDL 11/2020 en su trámite parlamentario. Enmiendas que también hicieron llegar al Gobierno central. Lo mismo hicieron ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso y, sin embargo, en sus resoluciones no se recogió nada de todo esto.
Llegado el mes de septiembre se hicieron públicos los datos del CGPJ, con los 1.383 desahucios señalados al principio, y desde la PAH esperan un tercer trimestre aún más duro dada la profundidad de la crisis sanitaria, económica y social y la fuerte elevación de los despidos que se espera para fines de este año o inicios del próximo. Además de la acumulación generada por la falta de actividad de los juzgados durante el mes de agosto.
Nada ha favorecido, además, el hecho de que el Gobierno haya dejado decaer muchas de las medidas del denominado “escudo social” que se aprobaron durante la pandemia. Tales como la moratoria de las hipotecas o la eliminación de la prohibición automática de los cortes de suministros básicos. Todo en un contexto en que la segunda ola de la pandemia eleva sus guarismos a cifras de contagios y ocupación de camas hospitalarias y de UCI, que comienzan a poner sobre la mesa el colapso de la sanidad pública. Y todo ello sin que se contrate más personal sanitario y no sanitario en hospitales y centros de salud, sin incrementar los rastreadores, las PCR o incrementar las frecuencias del transporte público. Tratando de responder contra la Covid-19 con medidas basadas únicamente en la represión y el control policial, sobre todo en los barrios obreros y populares.
La PAH señala en su escrito que: “la situación pide movilizaciones”, pero que “dado el estado de alarma” y “porque la PAH sí somos responsables”, se van a limitar a “iniciar una nueva ronda de contactos con todos los partidos y entidades sociales, seguiremos presionado por redes sociales y con aquellos medios que nos dan voz, para exigir al Gobierno ese decreto antidesahucios”.
Desde la CRT más bien pensamos que el camino debe ser el contrario. A pesar de las limitaciones que supone el estado de alarma, nada debe atentar contra el derecho de manifestación: debemos ocupar las calles, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria, para no dejarlas en manos de la reacción y la ultraderecha. Defendiendo y levantando un programa de emergencia social en la calle, con medidas que cuestionen los intereses de los capitalistas, mediante asambleas en los barrios, centros de trabajo y de enseñanza, para ir preparando una huelga general y luchar porque la crisis la paguen los capitalistas. |
