Estas declaraciones dadas por las autoridades de gobierno se dan en el marco de que se han producido decenas de protestas a nivel nacional, especialmente frente a recintos penitenciarios, exigiendo desde el retorno de las visitas (cuestión que fue “suspendida” con la excusa de la cuarentena) hasta la libertad de los presos políticos de la revuelta.
En dichos “barrotazos” como se le llaman han participado familiares y amigos de quienes se encuentran privados de libertad producto de su participación en las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre, y también organizaciones políticas y sociales que se han hecho parte de esta lucha y exigencia por libertad.
Esto se da en la perspectiva del Día Internacional de los Derechos Humanos, 11 de diciembre, fecha de llegada de una serie de movilizaciones que se vienen organizando para exigir la libertad de los presos políticos de la revuelta.
De esta manera las y los familiares han denunciado el extremo rigor con el cual ha actuado la fiscalía y el ensañamiento contra los prisioneros de la revuelta, quienes están, no debemos olvidar, en prisión preventiva, sin tener si quiera una condena en su contra, y han permanecido meses en esa condición.
En ese sentido y por lo duro del actuar de la fiscalía destacó el caso de Anderson Rayo, joven de 18 años de Punta Arenas quién pasó prácticamente 12 meses en prisión, en un caso donde la fiscalía pedía 6 años de presidio por el sólo hecho de romper un vidrio.
A este se le suma el caso de Daniel Morales y su sobrino menor de edad de iniciales B.S, acusados de quemar la estación Pedrero del Metro de Santiago, donde los tuvieron por meses en prisión preventiva, para luego terminar por desestimar las acusaciones, volviendo a la libertad del día de ayer.
Por otro lado, sectores de la oposición encabezadas especialmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista han buscado instalar una política de “amnistía” a los presos de la revuelta. Hacen esto mientras mantienen una inmovilidad total para poder conquistar la libertad de los presos políticos en las calles, única forma de derrotar la represión y persecución del gobierno, tribunales y la Fiscalía que mantiene a cientos de jóvenes tras las rejas.
Es que difícilmente darán su brazo a torcer. No puede mostrar debilidad frente a hechos de “violencia” cuando vienen instalando un discurso “anti violentistas” de manera hipócrita para criminalizar la protesta, mientras amparados por su mandato y leyes carabineros sigue asesinando impunemente como en el caso de Aníbal Villarroel.
Mantener en prisión preventiva a cientos de personas por su participación en las protestas iniciadas el año pasado, y un sinnúmero de procesos judiciales contra tantos otros, es una política castigadora de parte del gobierno que busca golpear a quienes se movilizan y culpar a quienes luchan de la violencia, para poder reprimir de manera impune y con mayor facilidad cada movilización que haya.
Por eso niegan la existencia de presos políticos en Chile, tal como lo han hecho antes en el caso del Pueblo Mapuche, porque tampoco pueden reconocer que se utiliza la prisión preventiva y la persecución cómo forma de atemorizar a quienes se movilizan, menos aceptar que hay presos por el sólo hecho de luchar.
Frente a esto es que se hace más necesario que nunca que las grandes centrales sindicales como la CUT, organismos como el Colegio de Profesores, la CONFECH y otros, rompan su tregua con el gobierno y se organice desde las bases un verdadero plan de lucha en perspectiva derrotar la represión de Piñera, conquistar la libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta y terminar con la impunidad para los represores.
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