En la sesión de la Cámara de Diputados del día de la fecha, el diputado sanrafaelino y presidente del bloque del PJ Germán Gómez, agredió violentamente a los gritos a la diputada del FIT mientras realizaba su alocución
El hecho sucedió mientras Mailé Rodríguez recordaba la memoria de Ramón Ábalo, su abuelo, histórico luchador por los derechos humanos para repudiar los dichos negacionistas de la diputada Casado del PRO.
La legisladora había expresado un claro repudio a las expresiones negacionistas del PRO, recordando el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, los 30.000 detenidos desaparecidos y la apropiación de niños. En ese marco remarcó la continuidad de la lucha por memoria, verdad y justicia, y la pelea de su abuelo Ramón Ábalo como Secretario de la Liga de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza.
Ramón Abalo, fallecido el año pasado, fue un referente de los organismos de Derechos Humanos en la provincia y un incansable luchador contra la represión y la impunidad de ayer y hoy.
Sin embargo, mientras la diputada del también exponía la hipocresía del peronismo que supo tener como funcionario del gobierno de Jaque a Carlos Rico, probado partícipe de la dictadura, o al genocida Milani al frente del ejército, el diputado del PJ, Germán Gómez, intentó callarla a los gritos un claro hecho de violencia y afirmando “si tu abuelo viviera se volvería a morir”.
Este hecho demuestra, entre otras, el doble discurso del diputado del PJ que para atacar a la izquierda no tiene problema en insultar a la memoria de quienes lucharon contra la dictadura y peleaban por memoria, verdad y justicia.
Tras los graves hechos, la diputada del FIT solicitó una cuestión de privilegio, advirtiendo a la vez que el Presidente de la Cámara dio vía libre a las agresiones de Gómez, y que estas situaciones no las podíamos permitir. Finalmente, el diputado Gómez debió retractarse y pedir disculpas en la sesión por las agresiones realizadas.
Repudiar el negacionismo de la diputada del PRO, sí. Promover el delito de opinión, no
La diputada del PRO Hebe Casado realizó un tweet la semana pasada donde, una vez más, hizo apología del negacionismo del genocidio cometido por la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Este “relato” no es inocente, sino que tiene el fin de reducir lo que pasó en la dictadura y seguir buscando impunidad para todos los genocidas, más aún teniendo en cuenta que el jefe de su partido, Mauricio Macri, se enriqueció exorbitantemente con la misma.
#Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud https://t.co/KiHxZjHnXM
Es por ello que recibió el repudio y el rechazo de decenas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, entre ellas el PTS-Frente de Izquierda y de miles de luchadores y luchadoras.
No sólo es negacionismo sino también perversión. Repudio total estos dichos de la diputada @hebesil. Más de 40 años de lucha de organismos de derechos humanos, insultados por personajes como estos que agarran cualquier cosa para mostrar su nostalgia por el terrorismo de estado https://t.co/mgwNwytm1o
Sin embargo, en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, el PJ a través de su presidente de bloque, Germán Gómez, pidió una cuestión de privilegio bajo el argumento de que se estaba constituyendo un delito de opinión. Esta moción fue respaldada por el resto del PJ y rechazada por Cambiemos, mientras que el FIT luego de repudiar los dichos negacionistas expresó que no iba a acompañar, pero tampoco votar en contra y se retiró de la sesión como forma de sentar una posición independiente.
Más allá de lo claramente repudiables que son las declaraciones de la diputada Casado del PRO, cabe preguntarse si esta es la vía para enfrentar el discurso negacionista, o si por el contrario estamos generando herramientas que más temprano que tarde se volverán contra las y los luchadores, o cualquiera que piense distinto a quien detenta el gobierno.
En primer lugar, debemos advertir que uno de los fundamentos para utilizar la figura de “delito de opinión” que realizó el diputado del PJ, fue la legislación española. En dicho país existe el delito de opinión, el cual está tipificado en la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015, basado en la anterior ley de 1992 de “Protección de Seguridad Ciudadana”. Este tipo de delitos se basan en la herencia franquista de España, y en la posterior Constitución de 1978, que, a pesar de la muerte de Franco, expresó su continuidad.
Bajo “la ley mordaza”, como se la conoce popularmente, se ha criminalizado a miles de ciudadanos y ciudadanas que expresaron opiniones contrarias al gobierno a través de las redes sociales, o incluso mediante el arte.
Pero volviendo a nuestro país y a Mendoza, recordemos también que el proyecto de reforma antieducativa del Director General de Escuelas Thomas y el Gobernador Suárez, incluye un artículo para “vigilar” y “sancionar” las expresiones de trabajadores y trabajadoras de la educación en las redes sociales.
Para el caso de las y los legisladores sobran ejemplos de cómo el delito de opinión o la “inhabilidad moral” son utilizadas para la persecución policíaca. Así lo intentó el macrismo contra De Vido, o Cornejo/Suárez contra el FIT y Protectora en la provincia de Mendoza. Así también lo intentó Macri pidiendo la remoción de su cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Zaffaroni por haber expresado que su gobierno se tenía que ir. Por no hablar del histórico caso del senador del partido socialista, Del Valle Iberlucea, quien en los años ‘20 fue desaforado por haber dicho que apoyaba la revolución rusa en un acto de su partido.
Para el caso, vale reflexionar, además, que el delito de opinión puede ser utilizado como base del delito de sedición. Sin ir más lejos, la “justicia” impulsó procesamientos por este delito a quienes apoyaron las manifestaciones contra la reforma jubilatoria del macrismo en el 2017, la cual terminó en una brutal represión.
En la actualidad, tras desalojar a familias para darle tierras a la empresa el Bellaco de probados vínculos con la dictadura genocida, el ministro Berni, realiza una clara campaña macartista contra la izquierda, acusando increíblemente de haber llevado gases y quemado casillas de las familias en Guernica. Aquí nuevamente el poder penal puede dirigirse contra quienes apoyan la lucha por vivienda y a las familias de Guernica si habilitamos ingenuamente la utilización de este tipo de delitos.
Entonces, no se puede en nombre de la lucha por los Derechos Humanos, avalar figuras penales que más temprano que tarde caerán con todo su peso contra las y los luchadores, la izquierda, las y los trabajadores, o, en definitiva, cualquiera que piense distinto al gobierno de turno y a los poderes fácticos.
Los dichos negacionistas del PRO merecen todo el repudio, más cuando se trata de una diputada provincial. Así como también que el gobierno de Jaque haya tenido de funcionario a Carlos Rico, partícipe de la dictadura, se haya nombrado al frente del ejército al genocida Milani, o abrazarse con el empresario que tuvo campos de concentración en Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier.
Los organismos de derechos humanos y la izquierda siempre han peleado en las calles contra este negacionismo, y en los juicios de lesa humanidad fueron los que plantearon que se los juzgue por el delito de “genocidio”.
Hoy, el plan de ajuste del gobierno nacional está al servicio del FMI y los grandes grupos empresarios que son los mismos que en los 70´ golpeaban la puerta de los cuarteles militares. Pero como ya vimos con el ajuste del macrismo, no pasa sin represión. Todo fortalecimiento del poder punitivo del Estado, estará al servicio de fortalecer esa represión y persecución.
Para enfrentar el negacionismo, no hay que hacerlo con los métodos de la derecha y el punitivismo. Hay que abrir los archivos secretos de la dictadura que no hizo ningún gobierno desde la vuelta a la democracia, hay que terminar con todos los funcionarios del golpe que siguen en funciones, y juzgar a todos los genocidas militares, empresarios y eclesiásticos. Y como dicen los organismos de Derechos Humanos, la lucha es contra la represión y la impunidad de AYER y de HOY.
