El Senado mexicano aprobó este jueves, por unanimidad, el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En un comunicado, se indicó que el acuerdo, respaldado con 66 votos, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Sobre esto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado afirmando que "México firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018 y con su ratificación, contaría con la aprobación de once países de los 33 que componen la región, y entraría en vigor en el día 90 contado a partir de la fecha en que haya sido depositada la undécima firma de aceptación".
Sin embargo, el festejo de la Semarnat resulta cínico cuando recordamos que se ha dejado pasar la agenda del gobierno de la 4T que se centra en impulsar megaproyectos e inversiones en megaminería y agrotóxicos, mientras que el presidente López Obrador criminaliza a defensores ambientalistas y que ya lleva 28 asesinatos en lo que va de su gobierno.
¿Qué es Escazú?
El Acuerdo de Escazú también establece “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también celebraron la ratificación del Senado de México del Acuerdo de Escazú, que completa así el respaldo requerido de once países para entrar en vigor.
Escazú es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El acuerdo fue adoptado en 2018 y firmado por 24 países, desde entonces organizaciones de Derechos Humanos y ambientalistas han presionado a las autoridades locales para que se ratifique en al menos 11 países, lo cuál se alcanzó este 2020 con Argentina en agosto y México este jueves pasado.
Es así como se suman a Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, que ya ratificaron el acuerdo firmado en septiembre de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que abre paso para que en el 2021 entre en vigor este acuerdo.
En tanto, Brasil, Colombia, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía lo suscribieron, pero aún tienen pendiente su ratificación. Otros once países rechazaron su firma, entre los cuales el gobierno de Piñera en Chile declaró que “amenazaría la soberanía nacional”.
América Latina, es la región más peligrosa para defensores del medio ambiente. Ante eso, el Acuerdo de Escazú es visto como algo favorable para la protección de los mismos. Sin embargo, mientras no se ataquen las raíces de los conflictos socioambientales, como la megaminería, el extractivismo y la agroindustria, se ve difícil ver una solución a la violencia contra activistas ambientalistas y pueblos originarios, que con su política avalan los gobiernos de la región.
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