En una semana agitada, al reclamo de trabajadores estatales y trabajadores de la Salud, se suma el malestar de los profesionales del Derecho que denuncian que el gobierno hace oídos sordos a sus reclamos mientras las autoridades judiciales siguen recluidas en su palacio de cristal ajenas a la cruda realidad que atraviesa la provincia.
En medio de críticas a la pasividad del Colegio de Abogados (afín al gobierno de Suárez y cuyo mandato cumplido se extiende al no haberse celebrado elecciones este año) sectores independientes convocaron a una caravana para este mediodía de viernes con el fin de visibilizar una situación que desarrollamos con más detenimiento aquí.
Casi medio centenar de vehículos participó de la convocatoria, más un grupo numeroso de profesionales que asistieron a pie.
Luego de un aplausazo en las puertas del Palacio de Justicia hicieron entrega de un petitorio exigiendo que esta sea declarada actividad esencial, horarios de atención normales y sin turno, cumplimiento de plazos procesales y unificación de criterios de trabajo.
El eslabón más débil de la cadena
Se dio a conocer además una segunda carta firmada por los y las abogadas de familia que expresa el reclamo de uno de los grupos más precarizados del sector.
Manifiestan que bajo la categoría de ad hoc "nuestro trabajo es atender a la persona derivada, evacuarle la consulta, iniciarle y proseguir los trámites judiciales pertinentes, obteniendo un pago por el servicio de $2112,50 una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada e incluida segunda o ulterior instancia". Agregan que "No mantenemos relación de dependencia con el Poder Judicial, hemos sido catalogados como proveedores de servicios, debiendo facturar por nuestros honorarios, y debiendo estar al día con el pago de ingresos brutos y AFIP para el cobro de los mismos". Piden que el monto por esos honorarios se eleve a $5.000 por el plazo de 6 meses para luego ser sujeto a los reajustes pertinentes.
Cierran la carta recordando el rol que juegan en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad mendocina. Los que se quedaron fuera. Los que con la defensa de la gran propiedad como agenda prioritaria del Estado van perdiendo a ritmo acelerado la poca propiedad privada que poseían. Son los 3.7 millones de trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia, las mujeres víctimas de violencia doméstica que se cansan de golpear las puertas de los ministerios y los que detrás pagan siempre los platos rotos, los niños.
La gestión al servicio la ganancia
La situación de los cientos de abogados de familia mendocinos que se ven obligados a trabajar en estas condiciones de informalidad de hecho agudizada por la crisis sanitaria pone en evidencia el rol precarizador que adopta el Estado bajo la bandera de la eficiencia cuando su interés está puesto en mantener la ganancia de los grandes empresarios a costa de la vida de los millones de trabajadores que la producen.
Cuestión de prioridades
Mientras se sostiene la sangría de los pagos de deuda externa a los especuladores internacionales y se aumentan las partidas presupuestarias para los cuerpos de seguridad, la explotación patrocinada por el mismo Estado se encarniza con los y las trabajadoras que hipócritamente llama "esenciales", de los trabajadores de la Salud a los empleados públicos que hace 8 meses tienen las paritarias congeladas al ritmo inverso de una canasta básica que escala sin alcanzar techo.
Allí mismo en los tribunales pero del otro lado del mostrador, los empleados judiciales con el salario congelado desde Marzo denuncian la falta de personal, la tortura del teletrabajo, la pérdida del derecho elemental a las vacaciones, al aguinaldo de Junio que la mayoría aún no ha cobrado, que incluso aislados por contacto con un caso positivo de coronavirus se les exige cumplir con trabajo remoto, la acumulación infinita de trabajo debido a la falta de herramientas y de inversión. Como el sistema de Salud, la Justicia evita el colapso total gracias al sacrificio de sus trabajadores.
De ganadores y perdedores
Así contrasta la realidad de los grandes perdedores que deja la pandemia con los números indignantes de las ganancias, en muchos casos récord, del grupo de los ganadores de siempre: bancos y organismos internacionales de crédito, el oligopolio agro exportador y el capital concentrado mimado por todos los gobiernos, como es el caso del empresario nacional Marcos Galperín dueño de Mercado Libre, que luego de años de escandalosas exenciones impositivas acaba de estrenar flota de aviones propia en Brasil.
Las viejas recetas liberales que el gobierno ensaya por presión de los «poderes reales» no augura una salida favorable a las mayorías trabajadoras del país, sino que significa una reconfiguración del capitalismo argentino sobre la base del empeoramiento de salarios y de las condiciones de trabajo y vida de esos millones.
Solo la unidad de esa aplastante mayoría trabajadora puede ponerle un freno a estos ataques y los que se vienen. | 
