Yuthiel Alderete fue detenido el miércoles 14 de octubre, por policías de civil que iban en autos sin identificación, mientras regresaba de una reunión en el Grand Bourg con funcionarios del Gobierno de Gustavo Sáenz. Había sido citado en horas de la mañana para conversar sobre el asentamiento.
Fue imputado por la Justicia local por entorpecimiento al normal funcionamiento del transporte y comunicación; lesiones, amenazas, robo en poblado y en banda. Asimismo, por coacción agravada, hecho que tiene penas que van de los cinco a diez años. Un claro ejemplo de criminalización de la protesta social, como denunció en sus redes la referente del PTS local, Daniela Planes.
Según denunciaron sus abogados, durante su detención y “luego de una riña entre internos, fue sacado de su celda, por tres oficiales del GOPAR (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo, a quienes reconoció por sus ropas) encapuchado y sumergida su cabeza en un piletón, en tres oportunidades, mientras insistían en que diera nombres y le aseguraban que esto no va a quedar así".
Yuthiel es uno de los referentes de las cientos de familias que desde el 20 de mayo pelean por una casita en donde vivir en una provincia con un déficit habitacional que supera las 70.000 viviendas, problema estructural de Salta y el resto del país hace más de 40 años.
Desde el sitio Change.org se lanzó una petición que exige la libertad para Alderete y #TierraParaVivir que ya fue firmada por Mirtha Torres-referente de la red por la defensa de los derechos humanos de Salta-, Nicolás del Caño -diputado nacional del PTS-FITU- y la secretaria de organización del SUTEBA La Matanza, Nathalia Gonzalez, entre otras personalidades.
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