Tras finalizar el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos da un paso más esta semana para la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuyo resultado está casi garantizado con el apoyo de la mayoría de partidos.
Sin embargo, la CUP ha sido una de las fuerzas políticas del arco parlamentario que ha presentado este viernes una enmienda a la totalidad de los presupuestos estatales. En una conversación con el diario Públic, Albert Botran, diputado por la CUP, señala al respecto que “el aumento del IRPF y del impuesto de patrimonio no afecta ni al 1% de los contribuyentes y con una tasación muy baja” y acaba denunciando que “queda muy lejos lo que se había planteado al inicio de la pandemia, cuando Podemos planteaba un impuesto a la riqueza para las personas con un patrimonio de más de un millón”.
Y es que, sin duda, los “presupuestos progresivos” tal y como anunciaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes del debate a la totalidad del pasado viernes, liquidan toda la reforma fiscal acordada previamente y aprueban subidas salariales ridículas para funcionarios y sectores populares, junto a un aumento anecdótico del impuesto a las grandes fortunas para salvaguardar mejor los intereses de las empresas del IBEX 35.
Todo ello, junto con el aprovechamiento de los fondos que van a llegar desde Bruselas y sus respectivas contraprestaciones en reformas estructurales exigidas a cambio, como el recorte en las pensiones, la profundización de la reforma laboral o el debilitamiento del contrato indefinido, tal y como señala también Botran al decir que “el incremento de inversión se apoya en los fondos europeos y esto irá asociado a un programa de reformas con medidas como el alargamiento de la edad de jubilación, la mochila austriaca o retroceder definitivamente con la derogación de la reforma laboral”.
La CUP, por su parte, ha sido la única formación política independentista que presentó enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentados, junto a los cuatro diputados de Junts. ERC, como era de esperar, tampoco acabó presentando enmiendas a la totalidad de los PGE.
La portavoz de JxCat, Laura Borrás, señalaba el viernes pasado que “los presupuestos no son buenos para Catalunya. Son insuficientes para afrontar las necesidades de la sociedad catalana”. Pero todo ello, a la vez que remarcaba que su enmienda a la totalidad era “por responsabilidad y como señal de alarma” y que esto pueda servir para “negociar con el Estado español”.
No obstante, el discurso de Borrás no es sino, un toque de atención más bien superfluo a los presupuestos, pues los cuatro diputados de JxCat no suponían ningún peso específico en el debate de las enmiendas a la totalidad, una vez resuelto el apoyo de los demás partidos. Toda una puesta en escena para acabar mostrando una supuesta ruptura en el seno de la post convergencia, pero cuyas estrategias, al fin y al cabo, aspiran a llegar al mismo punto: la restauración autonómica de la mano del “gobierno más progresista de la historia” del PSOE y Unidas Podemos.
Sin embargo, es en este punto donde el discurso de la CUP de oposición al “gobierno progresista”, el mismo que mantiene a los líderes soberanistas presos y cuya fiscalía no ceja en arremeter contra el movimiento independentista, acaba diluyéndose como un azucarillo si depende de la “unidad popular” con los partidos del procesismo.
Pues en el mismo sentido, Albert Botran manifiesta que “vemos que pese al planteamiento de formaciones independentistas para conseguir la investidura [del PSOE] o ahora la aprobación de las cuentas, no hay ningún cambio sustancial [con respecto al conflicto catalán]”. Y en este sentido denuncia también que “la mesa de diálogo ha sido un efecto placebo, no se le ha dado sustancia política”.
No es suficiente con enmendar los PGE, la CUP tiene que romper con el processisme que busca negociar con el gobierno central
Las declaraciones de Botran expresan sintomáticamente el viraje de la CUP, a pocos meses de las elecciones catalanas, de extender la mano para establecer una “estrategia compartida” con respecto al derecho de autodeterminación con los partidos de la burguesía y pequeña-burguesía catalana como son ERC y los herederos de CDC y el pujolismo. Una estrategia en la que la CUP pretende reeditar la hoja de ruta del procesismo que solo puede llevar a un callejón sin salida, como se ha comprobado desde 2017.
Hoy, ante la actual crisis socio-sanitaria y económica y unos presupuestos generales que endeudarán a los sectores populares y a la clase trabajadora durante años, la CUP tiene que romper con la política de mano extendida con los partidos del procesismo que solo quieren negociar. Los mismos partidos, además, que en Catalunya vienen imponiendo las mismas medidas restrictivas que el gobierno central con el objetivo de salvaguardar los beneficios de los grandes empresarios, mientras se niegan a reforzar la plantilla sanitaria en medio de la segunda ola de contagios, después de décadas de recortes y privatizaciones en sanidad.
Y en ese sentido, levantar un programa con la perspectiva de independencia de clase de todos los partidos de la burguesía es la única forma de ligar la lucha por una salida que se proponga como alternativa para hacer retroceder la crisis sanitaria, social y económica con la lucha por resolver las demandas democráticas como el derecho a decidir del pueblo catalán.
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