Según un informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, hay 68 casos de Derechos Humanos que se cerraron bajo el argumento de que "la Fiscalía no reunió los antecedentes suficientes para fundar una acusación".
De las 2.679 causas abiertas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 por torturas, detenciones ilegales, agresiones y apremios ilegítimos, 261 causas han finalizado brindando impunidad a los responsables, y de estas, 68 se cerraron por la falta de antecedentes, u otros motivos como "incompetencia" o ser declaradas inadmisibles.
Estos datos excluyen a las causas abiertas por mutilación, lesiones gravísimas o intentos de homicidio, como los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.
El 92,9% de las causas apuntan a la institución criminal de Carabineros de Chile, sin embargo, el gobierno ha puesto todos sus esfuerzos en blindar judicialmente a los represores.
Las violaciones a los Derechos Humanos habrían sido cometidos mayormente en el contexto de movilizaciones (69%); las siguen en las comisarías (13%) y camino a la comisaría (5,5%).
Esto sucede mientras el gobierno mantiene a cientos de presas y presos políticos de la rebelión y del pueblo-nación Mapuche, aislados y sin visitas.
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