Los trabajadores realizaban tareas de limpieza en un silo cuando se derrumbó una pared de cereal y los atrapó, asfixiándolos. El personal de emergencias que acudió a la planta no llegó a rescatarlos con vida.
Son otros tres trabajadores aceiteros que pierden la vida en empresas que facturan millones y que especulan con la vida de los operarios. En diciembre de 2017, una terrible explosión en su planta de Puerto San Martín dejó dos trabajadores fallecidos y varios heridos. A principios del 2019 fallecía otro trabajador producto de las graves lesiones que sufrió al caer desde una pasarela a 15 metros de altura. Y hoy nos enteramos de la muerte de otros 3 compañeros en la planta de Junín.
Como en el resto de las empresas aceiteras y cerealeras, la precarización y las ganancias empresarias matan. En estas empresas premiadas por el gobierno nacional con la baja de las retenciones, la vida de los trabajadores solo es un cálculo más en el precio de la exportación de los granos. Es solo un cálculo con las compañías de seguro. Siguieron ganando bajo la pandemia mientras los obreros aceiteros se contagiaban de COVID en sus plantas.
Las familias merecen que este nuevo crimen patronal no quede impune. Solo una Comisión Investigadora compuesta por trabajadores de la planta, vecinos de la zona y organizaciones gremiales puede garantizar una investigación independiente.
Pero hay que terminar con las condiciones laborales que producen estos accidentes, garantizando en todas las plantas comisiones de seguridad e higiene independientes de las patronales, integrada por los trabajadores que son quienes tienen un interés verdadero en cuidar su salud. Los gremios aceiteros se encuentran en negociaciones paritarias. La vida de los trabajadores y la pelea por la justicia para sus familiares tiene que ser parte de los reclamos. | 
