La caída de Martin Vizcarra hace parte de una profunda y larga crisis política que tiene que ver con la crisis del régimen de 1993 en el cual se sostiene la burguesía para imponer sus iniciativas de explotación y saqueo al pueblo trabajador. Por eso, desde que se hicieron públicas las relaciones de la empresa Odebrecht (2016) con políticos y funcionarios del estado, muchos ex presidentes han terminado en prisión, incluso uno de ellos se suicidó para evadir su condena.
Esta crisis orgánica del régimen se empezó a manifestar cuando Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar – un año después de que asumió su mandato - por sus vínculos con el empresariado. Ahora, Martin Vizcarra, después de dos años de gestión y cuando aún le faltaban casi 8 meses para concluir su periodo, es vacado por el Congreso por ser parte también del engranaje de corrupción generado por las empresas privadas. Lo paradójico es que la mayoría de los miembros de este Congreso, que ahora funge de moralizador, se encuentran también envueltos en escándalos de corrupción que tienen que ver con los negocios empresariales.
Estos hechos ponen en evidencia la forma como el interés de los capitalistas permea completamente el conjunto de los poderes del estado peruano y sus instituciones. De esa manera, los empresarios controlan a los políticos de turno, incluso a aquellos que, como Martin Vizcarra, fungían de “líderes contra la corrupción”. Así pues, la definición de Marx de que el estado es el “consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”, es más vigente que nunca.
En ese entender, la vacancia de Martin Vizcarra no cierra la crisis política, sino más bien abre un nuevo escenario de disputas en el seno de los poderes establecidos, los cuales están configurados para favorecer los intereses del imperialismo y las clases dominantes. Recordemos que este régimen fue impuesto en 1993 por Alberto Fujimori y su sostén jurídico es la actual Constitución Política del Estado, a la cual se alinean; tanto los que defienden la vacancia presidencial y al nuevo presidente Manuel Merino, así como, los que se ponen del lado de Martin Vizcarra o aquellos que plantean salidas consideradas intermedias, como la del gabinete de consenso.
Este orden jurídico, expresado en la Constitución de 1993, está al servicio de la burguesía porque preserva por encima de todo la defensa de la propiedad privada, así mismo, es antidemocrático porque restringe la participación del pueblo trabajador en la toma de decisiones. Por esa razón, desde que entró en vigencia, se han venido implementando desde el estado diversas iniciativas políticas que han limitado sustantivamente los derechos de las y los trabajadores, lo cual ha favorecido notablemente el saqueo nacional y el enriquecimiento de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
También decimos que es antidemocrático porque cada vez que se dan crisis políticas como las que vivimos hoy, la institucionalidad del régimen y sus normas vigentes imponen a alguno de los representantes de esta casta de políticos corruptos que hoy se encuentran encaramados en los aparatos del estado y que son fieles defensores de los intereses de la burguesía. Por esa razón, cuando cayó Kuczynski, impusieron a Martin Vizcarra y ahora que este es vacado - siguiendo las pautas de la Constitución de 1993 – imponen a Manuel Merino, representante neoliberal de uno de los Parlamentos más corruptos de los últimos tiempos.
Mientras esto pasa en las alturas del estado, miles de trabajadores pierden su trabajo todos los días y otro tanto ven recortados sus derechos laborales; ampliándoseles sus horarios de trabajo y reduciéndoseles sus salarios. Todo esto es consecuencia directa de las medidas de ajuste que implemento Martin Vizcarra de la mano de la CONFIEP, con el cuento de la reactivación económica para, supuestamente, encarar la lucha contra la pandemia y la Covid-19.
Sin embargo, el índice de contagiados y fallecidos por Covid-19 sigue creciendo, así como crecen también las cifras de pobreza y pobreza extrema. Para estos millones de trabajadores y sectores empobrecidos que hoy se encuentran sin trabajo, con salarios de hambre o contagiados de Covid-19, no gobernaron ni Vizcarra ni lo hará ahora Manuel Merino, ya que estos políticos, amparados en el ordenamiento jurídico vigente, están al servicio de una minoría de grandes empresarios que se enriquece a costa del hambre del pueblo trabajador, incluso en tiempos de crisis sanitaria como los que vivimos hoy en día.
Como vemos, la crisis económica se acrecienta y los más perjudicados son los trabajadores y el pueblo pobre. Por eso, decir, como lo hace Veronika Mendoza de Juntos por el Perú, que con las elecciones del 2021 se solucionaran los problemas medulares del país y que allí “se vacaran a todos los corruptos”, es demagógico. Agitar esta iniciativa en tiempos de crisis como los actuales, solo ayuda a descomprimir la bronca social que empieza a encubarse en vastos sectores de la población. Apostar a las elecciones del 2021 como única salida de fondo, es darle tiempo a la burguesía para que, de la mano de los políticos de turno, siga empobreciendo a los trabajadores y al pueblo con sus planes de ajuste como lo hizo hasta ahora Martin Vizcarra. Así mismo, otorgarle confianza al nuevo gobierno de Manuel Merino, como lo hace el Frente Amplio - incluso sugiriéndole medidas políticas - fortalece la reaccionaria institucionalidad vigente y contribuye a la desmovilización social.
El problema de fondo no pasa por cambiar gobiernos. El problema de fondo pasa por acabar con el régimen de dominación capitalista que nos impone la burguesía. Para avanzar en ese camino, la clase trabajadora debe entrar a la escena con sus propios métodos de lucha y sus formas de auto organización. Para que eso ocurra debemos exigir, junto a las y los trabajadores, a las direcciones de las grandes centrales sindicales como la CGTP, que convoquen cuanto antes un encuentro nacional de trabajadores y sectores populares, donde se discuta y se apruebe un plan de lucha a escala nacional que tome como eje principal la implementación del Paro Nacional, el cual deberá servirnos como medida para hacer retroceder a los empresarios y sus planes de ajuste que seguramente el gobierno de Merino va a seguir aplicando a pie juntillas. Este Paro Nacional nos servirá también para imponer, desde la movilización y la auto organización obrera y popular, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la cual nos permitirá acabar definitivamente con el régimen de 1993 que es la herencia concreta del fujimorismo.
Esta Asamblea Constituyente deberá tener funciones ejecutivas y legislativas y una de sus primeras medidas deberá ser poner en marcha un plan de emergencia que haga que las consecuencias de esta profunda crisis económica y sanitaria dejen de ser pagadas por el pueblo trabajador, por tanto, derogara todas las medidas anti laborales y pro patronales de Vizcarra, así como las que fueron aprobadas por los gobiernos anteriores, que se encuentran normadas en la Constitución de 1993. En esta Asamblea Constituyente aprobaremos que los representantes del pueblo puedan ser revocados si incumplen sus compromisos y que ganen como gana un obrero calificado o un profesor de colegio. Aquí también votaremos para que los jueces y fiscales sean elegidos por votación universal y ganen como gana un trabajador más.
Y para tener los recursos suficientes que nos permitan acceder a un sistema público de salud y de educación de calidad, aquí aprobaremos la nacionalización de nuestros recursos naturales y las empresas estratégicas vinculadas a la actividad minera, las cuales deberán pasar a estar bajo control de sus trabajadores y bajo la fiscalización del pueblo organizado. Así mismo y para que los pequeños productores, como los campesinos y pequeños comerciantes, puedan acceder a créditos con cero intereses, pelearemos para que aquí se apruebe la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
Estas y otras medidas solo serán posibles si imponemos, con la movilización y la auto organización obrera y popular, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Una Constituyente de estas características, no nacerá de las nuevas elecciones o de un referéndum constitucional, sino de las ruinas del viejo régimen de 1993. La lucha por esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana abona también a la lucha por un gobierno de las y los trabajadores como salida de fondo que nos permitirá acabar con la explotación capitalista y avanzar hacia el socialismo. |
