El juicio CNU II que se retomó en mayo de este año en medio de la pandemia y con la virtualidad como punto de encuentro es llevado adelante por el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori.
Luego de cinco audiencias donde realizó un detalle pormenorizado de las responsabilidades el fiscal Pablo Ouviña cerró su alegato con los pedidos de pena para los dos acusados. Solicitando prisión perpetua para Eduardo Salvador Ullúa y una pena de diez años para Oscar Héctor Corres. Las querellas adhirieron a los pedidos que realizo la fiscalía.
Los delitos
Para el Ministerio Publico Fiscal quedó probada la pertenencia de Corres a la asociación criminal, que fue la CNU, inclusive no se interrumpió con su encarcelamiento en 1971 luego del asesinato de la estudiante Silvia Filler, sino que continuó luego que fuera excarcelado en 1973.
Corres realizó aportes a partir del lugar estratégico que ocupaba en la estructura estatal universitaria que le permitía estar en contacto con información para combatir a los sectores de izquierda, además de participar en los violentos operativos. Incluso fue parte de la Policía Bonaerense desde 1968 hasta 1972 cuando fue exonerado por el homicidio en 1971 de Silvia Filler.
A Eduardo Salvador Ullúa se le imputan los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagary, y sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, y de Bernardo Alberto Goldberg en la denominada noche del 5x1 llevada adelante por las CNU como venganza luego del asesinato de Ernesto Piantoni. Comprobada la presencia de ambos acusados en el velatorio del mismo.
A Ullúa también se le imputan los homicidios de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, ambos ejecutados de numerosos disparos con al menos cuatro armas diferentes: a Stoppani le realizaron cortes en sus muñecas y luego lo asesinaron de 11 disparos y en el caso de Gasparri fue colocado en la parte trasera de un auto, al que balearon y luego prendieron fuego.
Además, se lo acusa de la privación ilegítima y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi. A quien entre el 9 de mayo y septiembre de 1975 la llevaron a un descampado en la zona del viejo camino a Miramar donde ocasionaron su muerte por un traumatismo de cráneo. Su cuerpo fue enterrado allí, pero luego lo sacaron y lo trasladaron hasta un paraje en Mar Chiquita hasta que sus restos fueron encontrados en marzo de 1976.
El modus operandi
En palabras del fiscal “se advierte una forma particular de atacar y secuestrar, de matar y de desechar cadáveres, y una forma de garantizar la impunidad para los participantes. Este modus operandi, además, es idéntico en otras localidades en las que también operaba la asociación ilícita”.
En esta línea señaló cinco características principales:
La primera es que los operativos se realizaban en grupo de al menos cuatro personas.
La segunda hacía referencia a la utilización de autos particulares para dichos operativos, generalmente de grandes dimensiones.
El tercer aspecto era que contaban con gran cantidad y variedad de armamento que pertenecía y estaba a disposición del grupo.
En cuarto lugar, los operativos eran planificados y requerían de cierto grado de inteligencia previa, eran llevados a cabo en los domicilios laborales o sus residencias, o en el trayecto entre ambos. Dentro de este plan se incluía reducir a la víctima e introducirla en el vehículo para tal fin, siendo maniatada para luego ser ejecutada entre varias personas en algún lugar despoblado. Los asesinatos consecuencia de los múltiples disparos eran demostrativos del odio y brutalidad, buscando amedrentar y emitir un mensaje hacia los enemigos.
Y finalmente refiere que el quinto punto característico era realizar acciones que garanticen el éxito de sus operativos y la impunidad de sus ejecutores. Una de las medidas implicó coordinar su accionar con las fuerzas armadas y de seguridad, contando con zonas liberadas.
Y la impunidad se consagraba con la inserción de la CNU en la fiscalía general encabezada por el entonces fiscal Gustavo Demarchi, y contando también con la participación de Ullúa con el cargo de auxiliar superior desde noviembre de 1974, a pesar de haber estado imputado en el caso Filler. Las causas se archivaban casi automáticamente sin tener en cuenta los elementos para poder ubicar a los responsables.
Que fue la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y sus antecedentes
Durante la dictadura liderada por el general Juan Carlos Onganía, el 23 de septiembre de 1967 la policía detuvo en Mar del Plata a tres jóvenes integrantes del Movimiento Nacionalista Tacuara: Federico Delgado, de 18 años, Carlos Gómez, de 22, y Ernesto Piantoni, de 25.
Allí convivían sectores fascistas de derecha y sectores de izquierda, que no tardarían en separarse y desintegrar Tacuara.
Piantoni, Delgado, y Gómez y otros jóvenes de Tacuara, discrepaban con las tendencias izquierdistas presentes en Tacuara y encontraron un liderazgo ideológico en Carlos Alberto Disandro, un profesor de la Universidad de La Plata que adhería al fascismo, al antisemitismo, El grupo formado seria ya a principios de los 70 una organización parapolicial que tomaría el nombre de Concentración Nacional Universitaria, cuya fundación sería oficialmente concretada en 1971.
Tuvo su base en Mar del Plata y La Plata. Cometió asesinatos y otros hechos de violencia que fueron incluidos en procesos judiciales como antecedentes del terrorismo de Estado, en complicidad con las fuerzas policiales y militares. La CNU combatió al peronismo revolucionario y otras tendencias de izquierda. Luego de que apareciera en 1973 la organización terrorista y paramilitar Triple A, sus integrantes se fusionaron con aquella hasta 1975. Al ser derrocado el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, algunos de sus integrantes pasaron a colaborar con los grupos de tareas dirigidos desde la dictadura militar.
El fiscal expuso en su alegato como el discurso construido desde el poder terminó siendo ejecutado por el sector más ortodoxo del peronismo, fuerzas de seguridad patotas sindicales y militantes de derecha como los integrantes de la CNU, y se refirió a un “plan sistemático de eliminación del enemigo común”
Aquel Perón de 1973 fue el de un consenso especifico: el de la clase dominante contra el ascenso revolucionario abierto a partir del Cordobazo. El del “orden” en función de las necesidades del gran capital. Desde esta mirada el pacto social, la Triple A principalmente en Buenos Aires y La Plata, el Comando Anticomunista (CAM) en Mendoza y la CNU en Mar del Plata y La Plata, no fueron más que herramientas tácticas para su estrategia.
Una vez finalizada la dictadura militar los miembros de la CNU continuaron siendo parte activa de la vida universitaria, judicial y social de Mar del Plata.
Próximas audiencias
Los alegatos de las defensas se realizarán entre el 18 y 19 de noviembre de manera presencial en Mar del Plata, teniendo en cuenta que el fiscal y el tribunal viven y se desempeñan en Buenos Aires. | 
