Todos los años se celebra en Sintra, Portugal, la reunión del Banco Central Europeo (BCE). Esta vez la conferencia se desarrolló por videoconferencia y sirvió para que Cristine Lagarde, presidenta de la máxima institución bancaria europea, se refiriera a los más afectados por la crisis: las mujeres, los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.
“Es cada vez más evidente que las mujeres y los jóvenes se ven significativamente más afectados. Es probable que esta crisis deje, sobre todo entre los más jóvenes, cicatrices duraderas”, aseguró Lagarde, acompañada en pantalla por los representantes de los grandes bancos de todo el mundo. En el mismo sentido se mostró “preocupado” Jerome Powell, miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU., señalando que los trabajadores menos cualificados –jóvenes y migrantes– son los más afectados por esta crisis, al estar empleados en el sector de servicios que más ha despedido. ¡Vaya cuota de cinismo! También desde el FMI se hicieron advertencias este viernes, dirigidas especialmente los gobiernos europeos, señalando que la crisis por el Covid y la crisis económica están exacerbando la inequidad en todo el continente.
Cuánta hipocresía. Son los grandes bancos e instituciones financieras internacionales los principales responsables de que hayamos llegado a esta crisis. Si el Covid impactó como lo hizo, colapsando los sistemas sanitarios de todos los países, es porque en los últimos 40 años los Gobiernos de diferente color político se han dedicado a desmantelarlos y privatizarlos. Y todo eso, bajo el mandato estricto de instituciones como el BCE, el FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, las políticas neoliberales de precarización del trabajo y flexibilidad laboral, también auspiciadas por los grandes de la banca, han hundido en la pobreza a millones de personas en todo el planeta, haciéndolas más vulnerables para quedarse sin empleo ante cada crisis. Finalmente, son esos mismos bancos los que han desahuciado a más de medio millón de personas solo en el Estado español en la última década, mientras las grandes empresas y fondos de inversión especulan invirtiendo en el mercado inmobiliario y acumulando miles de viviendas vacías en toda Europa.
Para el caso español, de especial gravedad, el FMI ha recomendado especialmente “aumentar el musculo fiscal”, incluso con subidas de la recaudación del IVA, aunque plantea “dejar para más adelante” las subidas que puedan afectar directamente el consumo de los sectores más afectados por la crisis. Al mismo tiempo, advierte contra una política que lleve a aumentar los salarios o las pensiones: “Los compromisos de aumentar de forma permanente las actuales ratios de gasto, por ejemplo, a través del [aumento del] gasto salarial o las pensiones deberían ser evitados dado el alto déficit estructural y la presión de sobre el gasto de largo plazo por el envejecimiento de la población”, destacan desde el organismo.
¡No queremos seguir pagando esta crisis!
Desde hace meses, diferentes colectivos sociales, asociaciones y organizaciones sindicales de la izquierda vienen denunciando que, en el Estado español, a pesar del discurso “progresista” del Gobierno, se está agravando la crisis social, y son muchos y muchas trabajadoras las que no reciben ni siquiera una ayuda del Gobierno.
Es el caso de las trabajadoras domésticas, que desde el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados denuncian que “en estos meses de pandemia, nuestro sector sólo ha recibido paños tibios que prolongan un problema de exclusión y de falta de respuestas a unas demandas que venimos planteando desde hace años desde los colectivos al Gobierno”.
Por su parte, colectivos antirracistas apuntan contra las muertes que se siguen produciendo todos los días en las costas españolas y exigen la regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, junto con el cierre de los centros de detención de migrantes indocumentados, verdaderas cárceles para extranjeros. Mientras que colectivos como los enfermeros, celadores, personal de limpieza de hospitales de diferentes comunidades autónomas, siguen protestando contra las condiciones insoportables de trabajo, sin contar con nuevos recursos humanos para atender una crisis como esta.
Los datos de la crisis social son claros también en otros niveles. Esta semana se conocía la noticia de que la crisis del coronavirus ha disparado el número de mujeres sin hogar en ciudades como Barcelona o Madrid. Y plataformas antidesahucios vienen resistiendo cada semana a nuevas expulsiones que se producen a familias sin alternativa habitacional en todo el Estado, a pesar de los dichos del Gobierno de que han frenado los desalojos.
Finalmente, más de 654.000 expedientes de regulación temporal de empleo se encuentran vigentes en este momento, pero muchas son las voces que advierten que estos se pueden convertir en cientos de miles de despidos en los próximos meses, cuando se termine el plazo de los ERTEs. Por su parte, otra de banqueros: el Banco Santander ha anunciado un ERE para más de 4.000 empleados.
Se trata de la supervivencia de millones de personas. Se trata de salvar sus ganancias o nuestras vidas. Las medidas que hasta ahora ha tomado el Gobierno progresista solo son “parches” de contención de la crisis, que dejan a muchísimas personas afuera, y que tienen corto plazo. Pero, al mismo tiempo, las empresas reciben ayudas mil millonarias.
¿Cómo enfrentar lo que se vienen en los próximos meses? Entre muchas medidas de emergencia son prioritarias la implementación de un ingreso mínimo que llegue realmente a todas las personas que lo necesitan, en base a impuestos a las grandes fortunas; la prohibición de los despidos y de los desahucios; la expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. Y la nacionalización de la banca, para recuperar todo lo que ya se han robado, también deber ser parte de esta lucha. O vamos porque la crisis la paguen los banqueros y los capitalistas, o la seguiremos pagando nosotros. |
