El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el gobierno nacional prorrogará hasta fines de enero del año próximo la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa y hasta fines de febrero la doble indemnización.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro del área, se conocerá en las próximas horas, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según indicaron a Télam fuentes de la cartera de Trabajo.
Según el Observatorio de Despidos durante la Pandemia, de La Izquierda Diario Multimedia, “el total de afectados por algún tipo de ataque a sus condiciones de vida desde el inicio del ASPO hasta el día 06 de septiembre” era de 5.511.387 trabajadores. De este total, “753.209 son trabajadores que fueron despedidos y 1.807.252 fueron suspendidos (de los cuales 1.740.859 también percibieron reducción en el salario); mientras que 2.950.926 sufrieron ataques al salario en sus distintas dimensiones”.
El Gobierno viene prorrogando esta medida desde hace meses, pero los despidos nunca cesaron y la desocupación aumentó. La última vez fue el 23 de septiembre cuando se anunció la extensión de la medida por 60 días más. Ese mismo día el Indec informó que la desocupación creció hasta el 13,1 %.
Tanto el Ministerio de Trabajo como las direcciones sindicales, han mirado para el costado mientras los despidos corren y la situación se vuelve más crítica, sobre todo para quienes tenían puestos de trabajo totalmente informales.
La doble indemnización, que vence el 25 de este mes, será prorrogada hasta "fines de febrero", según precisó Moroni sobre el decreto que ya fuera anteriormente extendido tres veces.
En declaraciones radiales, Moroni sostuvo además que el Estado "no se retira" de la asistencia a los sectores más vulnerables sino que "readecua" esa ayuda, al tiempo que señaló que "los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos" con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno. Ese “readecuamiento” no es más que ajuste.
Por otra parte, lejos de “mantener medidas extraordinarias”, el Gobierno retira el IFE, lo poco que destinó al sector más empobrecido y afectado por la pandemia. Este beneficio de 5000 pesos bimensuales para casi 9 millones de familias -un total de 30.000 pesos entregados en cuotas durante 7 meses de cuarentena - significa 90 millones de pesos para el Estado Argentino. Mientras el ministro de Economía dice que “no es momento para un IFE 4”, acaban de destinar 300 millones de dólares al pago de intereses de deuda al FMI. Además, se disponen a renegociar el pago de la deuda con el organismo, profundizada exponencialmente durante el macrismo sin siquiera investigar.
