Ante la situación de crisis migratoria abierta en Canarias, el Gobierno “más progresista de la historia” sigue aplicando, sin limitaciones, vía exprés y sin garantizar la tutela legal efectiva de las y los migrantes llegados a las islas, las famosas “devoluciones en caliente”, a través de vuelos de repatriación.
Esta práctica, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos, es una de las medidas más reaccionarias aprobadas por el PP en su día para contener los flujos migratorios de miles de desesperados que por hambrunas, guerras o persecuciones tratan de traspasar, poniendo en riesgo sus vidas, las fronteras en los puntos fronterizos más calientes de Ceuta, Melilla y ahora Canarias.
La hipocresía del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no tiene límites. Quienes se erigieron en defensores de los derechos humanos y contrarios a las devoluciones en caliente -como también a la Ley mordaza- durante el Gobierno del PP, han terminado haciendo justo lo contrario.
La situación generada por la llegada a Canarias de miles de migrantes viene superando la logística, las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para atender las necesidades de estos migrantes. Durante semanas estas personas yacen hacinadas en condiciones infrahumanas en el puerto de Arguineguín que, con capacidad para unos pocos cientos, acumula en sus muelles ya a más de 2.000.
La ruta más mortífera
Esta avalancha de llegadas ha venido facilitada por múltiples factores: el tiempo en la mar, relativamente estable antes de la llegada del invierno; la incidencia del coronavirus, con la debacle económica y social mundial que está suponiendo sobre todo en los más pobres; los conflictos armados abiertos, impulsados por los países imperialistas, en algunos países africanos -el último en Etiopia-; la persecución política consecuente en muchos casos, y la fuerte sequía que está afectando a muchos países de la zona.
A estos factores se suma el cierre y las dificultades de otras vías de acceso más seguras, que ha hecho que se haya vuelto a abrir esta vía marítima atlántica de llegada a Occidente tras una década sin apenas actividad, pese a tratarse de la más peligrosa hacia Europa.
Según los datos ofrecidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en esta vía migratoria muere un migrante por cada 24 que alcanzan las costas sanos y salvos, es decir, un 5% del total. Mientras que en la vía del mediterránea a través de Grecia supone un nivel de mortalidad de 1 cada 98 migrantes que logran llegar a su objetivo, algo más de un 1%. Las otras rutas de emigración a Europa existentes (la del mar de Alborán y la de Italia y Malta), son también menos mortíferas que la de las Canarias.
Pese al peligro para la vida humana, esta vía ahora está en plena expansión. Solo el fin de semana pasado hubo un pico de más de 2.000 migrantes que lograron alcanzar las costas de Canarias en pateras y cayucos en mal estado. Las dos primeras semanas de noviembre hubo unos 5.000 desembarcos, dibujando un posible récord mensual, teniendo en cuenta que durante todo el mes de octubre hubo algo más de 5.300 embarcaciones que lograron llegar a puerto.
Ante esta situación el Gobierno ha decidido tomar “medidas de choque” para taponar esta vía migratoria, imponiendo la repatriación masiva de migrantes mediante vuelos enviados desde España a diferentes países africanos. Un mecanismo que está siendo facilitado por diversos acuerdos comerciales y policiales para facilitar su llegada, a cambio de compensaciones económicas.
El pasado lunes ya partió el primer avión hacia Mauritania con 22 migrantes a bordo después de ocho meses en que estos vuelos han estado suspendidos por el cierre de fronteras y la situación de la pandemia. Además, se están comenzando a instalar en campamentos ubicados en instalaciones militares para sacarles de los muelles y de cara a deportar al mayor número posible de migrantes.
La impostura progresista
En mayo de 2015 el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso para ilegalizar las devoluciones en caliente. En febrero de este año el líder de Podemos, Pablo Iglesias, señaló la incompatibilidad de esa política migratoria implantada por el PP con el respeto más elemental de los derechos humanos, protestando también contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. [1]
Sin embargo, el actual Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no solo ha continuado con las políticas más reaccionarias del Gobierno del PP a este respecto, sino que ha estado bregando por lograr el respaldo legal de esa política en los tribunales europeos, en lugar de derogarla, como prometieron, en el Estado español. Ahora Podemos e Izquierda Unida se ponen de perfil sobre este tema, como ha hecho con otros muchos que supuestamente eran vitales en su agenda política progresista, sin pronunciarse públicamente en contra de la política de “su” Gobierno.
Desde los recibimientos a bombo y platillo y en honor de multitudes de los rescatados del Aquarius y el Open Arms, allá por agosto de 2019 y antes del Gobierno de coalición, del PSOE de Pedro Sánchez, ha llovido mucho. Porque luego siguieron las prohibiciones para que actuaran estos barcos en los rescates. Y después la dura política migratoria impulsada por el ministro del Interior Grande-Marlaska, ya dentro del Gobierno de coalición más “progresista de la historia”. Una política migratoria caracterizada entre otras lindezas por acusar a los migrantes de actos violentos, criminalizando los asaltos en las vallas de las concertinas de Ceuta y Melilla. Fomentando la construcción de nuevos CIES y el mantenimiento de su régimen interno carcelario, en el cual se acaba de reconocer la complicidad del Estado con la muerte en abandono de una inmigrante en el CIE de Aluche que murió sola, abandonada y agonizando en el suelo de ese centro estatal en 2011. Durante la pandemia no se llegaron a cerrar todos los CIE, pese al peligro de contagio entre los migrantes. Luego cuando fue imprescindible por la falta de brazos en el campo se posibilitó a colectivos de inmigrantes su regularización, pero muy parcial y corta en el tiempo, para hacer de temporeros y ser explotados en el agro español sin límites. Ahora Impulsando los acuerdos diplomáticos y la cooperación policial represora con diferentes países africanos (Marruecos, Mauritania, Senegal, o Gambia) se intenta taponar la vía de llegada.
Las devoluciones en caliente una política constante con el PSOE y con el PP
Las devoluciones en caliente, según las ONG especializadas en el tema migratorio, se vienen registrando desde 2002. El Gobierno del PP de Rajoy les dio carta de legalidad desde la Ley Mordaza de 2015 (Ley de Seguridad Ciudadana), ante cuya ley tanto Unidas Podemos como el PSOE prometió su derogación completa, incluyendo las devoluciones en caliente.
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo del 20 de febrero de este año absolvía al Estado español, gracias a la labor y el esfuerzo de la abogacía del Estado impulsada por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, de haber vulnerado los derechos humanos de dos migrantes después de su entrega a Marruecos tras saltar la valla de Melilla en agosto de 2014. Sin embargo, la sentencia se justificaba amparada en la supuesta violencia que habían ejercido los dos migrantes, para alegría del ministro de Interior Grande-Marlaska. Esta sentencia y la reacción del ministro, generó malestar en Unidas Podemos. Sin embargo, según las ONG ubicadas en Ceuta y Melilla las devoluciones en caliente se han seguido produciendo sistemáticamente, señalando que “no ha habido cambios ni antes ni después de la sentencia”. Expulsiones que además no son documentadas y que se conocen por testimonios directos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de emitir una sentencia por la que impide al Estado español a expulsar inmigrantes solo por su situación irregular y contemplando la expulsión solamente en casos de circunstancias agravantes, algo que no se está cumpliendo, por ejemplo, con los llegados a las islas Canarias.
Las personas que han llegado a Canarias y están siendo expulsadas por la vía exprés no han contado apenas con traductores y la mayoría de los abogados de oficio han firmado el acuerdo de repatriación sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo, tal y como se ha denunciado por las ONG.
Ante esta situación hay que levantar un programa que pugne por el cierre inmediato de los CIE, la derogación de la ley mordaza y la prohibición total de las devoluciones en caliente y el acogimiento solidario de la migración cuyas causas de la salida de sus países son responsabilidad directa de los países imperialistas, incluido el Estado español, que explotan los recursos naturales y humanos hasta límites insoportables que pauperizan a las poblaciones. | 
