Foto: marcha en Washington por el derecho al aborto (Wikipedia)

Las mujeres en Estados Unidos ven cada vez más atacados sus derechos fundamentales. Cinco años de gobierno de Obama no han representado avances cualitativos: las mujeres siguieron cobrando un promedio de 0,72 centavos por cada dólar que recibe un hombre y han sido las más afectadas por las malas condiciones laborales, como se vio en las protestas de los Fast Food. Por otro lado, las resoluciones efectivamente tomadas que se han ofrecido como triunfos, deben ser relativizadas. El ejemplo de la salud es el más sobresaliente dado que las insuficientes medidas han dado lugar a una acometida de los sectores más conservadores.

Una de las consignas electorales más apelativas de la campaña de Obama era la relacionada con las coberturas médicas, tradicionalmente inaccesibles para amplios sectores. Cuando en 2010 Obama firmó el Affordable Care Act, el llamado “Obamacare”, se planteó que la meta era mejorar la calidad del servicio de salud y aumentar la cantidad de personas que pudieran acceder al mismo, extendiendo las coberturas públicas y privadas, y reduciendo sus costos.

Uno de los principales mecanismos generados para ello fue la expansión de Medicaid, un programa gubernamental de seguros médicos para personas con escasos ingresos, sostenido por recursos federales y estatales. Paradójicamente, el mayor alcance de este seguro solo confirmó las dificultades de las mujeres pobres en el país para acceder al derecho el aborto.

Sumado a que un gran número de personas quedaban por fuera, como las inmigrantes ilegales, muchas mujeres que sí entraron en el programa siguieron enfrentándose al problema de no podían acceder a este derecho. Esto se debe en gran parte a que, como compromiso final antes de presentar el proyecto, Obama aceptó que los fondos federales no se utilizaran para solventar el procedimiento.

En los hechos, esto significó una continuación de los efectos de la “Enmienda Hyde” presentada en 1976 por senadores republicanos. Su aplicación, orientada a cercenar los frutos de Roe vs. Wade, que había sentado precedente, legalizando el aborto en 1973, implicaba que sólo se recurriría a fondos federales para cubrir abortos en casos de violación, incesto o peligro de vida.

Cuando Obama anunció la profusión de Medicaid, varias organizaciones a favor del derecho al aborto reclamaron un debate en torno a este derecho y la Enmienda Hyde. Los demócratas se desentendieron y lo central de la Enmienda finalmente encontró una ratificación en el proyecto final del ACA.

El resultado es evidente: la cobertura del aborto recae sobre los fondos estatales –el otro sostén de Medicaid-, por lo cual cada estado tiene la prerrogativa de prohibirla. El ACA incluso profundizó los impedimentos que planteaba la Enmienda. Mientras que con la vigencia de esta última las mujeres podían en teoría acceder al procedimiento si lo pagaban de su propio bolsillo -lo cual es un ataque explícito a las más pobres que son, justamente, las que apelan a este tipo de seguros- el ACA directamente deja resquicios legales para la injerencia de los Estados en los programas de los seguros de salud públicos y privados. Esto implica que, como sucede en algunos estados, el aborto pueda encontrar una prohibición total.

El avance sobre los derechos de las mujeres, que afecta principalmente a las trabajadoras y las más pobres, está íntimamente relacionado a la segregación racial. En el caso del aborto, son los estados del sur los que más restricciones detentan. A su vez, también está prohibido por ley usar fondos federales para cubrir los abortos de las mujeres nativas y las discapacitadas englobadas bajo el Indian Health Service y Medicare.

En definitiva, la distancia que separa el discurso de Obama de su política se hace cada vez más evidente. Esto se refleja en la caída de popularidad de su gobierno, que está demostrando que poco tiene para ofrecer a los trabajadores, las minorías y las mujeres.