Mantener la libre operación de los agentes de la DEA en territorio mexicano fue la moneda de cambio entre AMLO y Trump, según medios estadounidenses como The New York Times, The Washington Post y Vice.
Se dicen muchas cosas. Que no saludar a Joe Biden por su triunfo en las elecciones estadounidenses fue otra parte del acuerdo. Que para acallar el descontento de las fuerzas armadas el presidente hizo el trato, lo cual niega el gobierno pero no debería extrañar, ya que AMLO desde que asumió el poder ha buscado fortalecer esta institución muy cuestionada a partir de la masacre de Iguala en 2014.
“(El gobierno de) Estados Unidos ha determinado que consideraciones sensibles e importantes en materia de política exterior superan el interés del gobierno en perseguir el procesamiento del imputado en la totalidad de las circunstancias y, por tanto, exigir la desestimación de los cargos penales del caso”, señala el documento 20-366 (CBA) de la corte donde estaba llevándose a cabo el proceso contra Cienfuegos, dado a conocer por distintos medios.
Ahora, el presidente mexicano agita la bandera del triunfo de la soberanía luego del disgusto al enterarse de la investigación realizada desde EE.UU. sin su conocimiento. Claro, era humillante que se lo juzgara en una corte estadounidense. Pero esa bandera de la soberanía se agita a cambio de dar continuidad a la operación de la DEA al ex titular de la Secretaría de Defensa -aunque hay pruebas de sus vínculos con el narco- y a cambio de dar continuidad a la operación de agentes estadounidenses en México. ¿De qué soberanía estamos hablando?
“El gobierno de México ha expresado en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer, es decir, para nosotros la Iniciativa Mérida quedó sin efecto, para lo que hace o por lo que hace al gobierno de México” se ufanó Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante la conferencia mañanera de este miércoles 18 de noviembre.
Pero su afirmación carece de sustento. O es un acto de ingenuidad política o de cinismo galopante. La Iniciativa Mérida -puesta en marcha en 2008 por George W. Bush y Calderón- está vivita y coleando. Tan así, que a inicios de este año EE.UU. instaló 24 equipos de tecnología avanzada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para escanear de cuerpo entero a las personas que viajen a ese país. Desde hace poco más de un año, agentes federales y migratorios estadounidenses revisan a los pasajeros que viajan, eso sí, con agentes mexicanos. La entrega de control de aduanas y puertos a los militares también es una medida asociada la Iniciativa Mérida y ordenada por Washington.
El costo terrible de la guerra contra el narcotráfico
Una de las conclusiones del regreso de Cienfuegos a México es que las investigaciones sobre tráfico de drogas son una gran simulación, al norte y al sur del Río Bravo. Pero la militarización de México -instaurada desde la presidencia del panista Felipe Calderón- sigue. Y los muertos los pone el pueblo.
José Luis Pardo Veiras, periodista independiente, en una columna recientemente publicada en The New York Times, señala “Las evidencias sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sin embargo, no han conseguido quebrar el mito fundacional según el cual las drogas y el negocio ilícito alrededor de ellas son el principio y fin de los males de México. En muchas partes del país existen negociaciones, pactos más o menos volátiles entre crimen y autoridades, a través de los que se coordinan para extraer cualquier recurso del territorio. El dinero ilegal surte la economía legal mientras que los poderes estatales, que a veces combaten frontalmente al poder criminal, otras se asocian con él para gobernar. Se entiende en este contexto que el negocio del narco se haya asentado en México más porque estaban las condiciones dadas. No las creó. La utilidad que tiene la violencia para quienes se benefician de ella se traduce en un saldo trágico: más de 36.000 vidas solo el año pasado.”
Anabel Hernández, reconocida periodista especializada en la guerra contra el narcotráfico, en declaraciones a Aristegui Noticias se mostró escéptica de que en México se lo juzgue a Cienfuegos por sus vínculos con el crimen organizado. Esto porque en la Fiscalía General de la República (FGR), institución responsable de la investigación en México, laboran “funcionarios relacionados con el ex secretario Genaro García Luna [juzgado en EEUU, nota de la R.] y ‘son grupos afines’ con el ex secretario de la Defensa”.
La realidad es que, aunque Cienfuegos fue acusado con múltiples pruebas de favorecer a un cártel, en ningún momento se investigó su responsabilidad por encabezar el ejército que desplegó, financiado y armado por Estados Unidos -que, por cierto, también arma al crimen organizado, como se vio en la Operación Rápido y Furioso-, la guerra contra el narcotráfico que tantos cientos de miles de ejecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados costó, junto con el alza de los feminicidios.
Es necesario que se ponga en pie un amplio movimiento democrático que exija juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del baño de sangre provocado por la guerra contra el narcotráfico en México, a los de la masacre de Tlatlaya y a los de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y que exija también el inmediato regreso de los militares a los cuarteles, incluyendo a la Guardia Nacional. | 
