Las universidades católicas de Argentina rechazaron este viernes la presentación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que envió el Gobierno nacional al Congreso esta semana. “Es grave que se propongan medidas que impulsen el aborto”, dijeron en un comunicado al tiempo que advirtieron que su sanción sería “un quiebre en el respeto de los derechos humanos”.
El documento lleva el engañoso título “Las universidades católicas y de orientación católica nos pronunciamos en defensa de la vida humana”. Y lo firman las autoridades de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Universidad Fasta, la Universidad de San Isidro y las universidades católicas de La Plata, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Cuyo, Misiones, y Salta. También se sumó la Escuela Universitaria de Teología.
Los rectores dicen en el texto que “la protección de cada vida humana es una exigencia de justicia que nos interpela en muchos sentidos. El primero y fundamental consiste en reconocer a cada persona, desde su concepción hasta su muerte natural, el derecho a vivir y se plasma en la legislación penal correspondiente”.
Agregan que “cumplir con estas exigencias de justicia requiere una respuesta coherente e integral que no admite contradicciones. Por eso, es particularmente grave que se propongan medidas que impulsen el aborto”. Y llegan al colmo de decir que “la eventual sanción de una ley para la despenalización y legalización -del aborto- significaría un quiebre en el respeto debido a los derechos humanos fundamentales”.
Según los funcionarios académicos, el debate parlamentario sobre el aborto “dividirá aún más a nuestra sociedad”, que para ellos “necesita la unidad” para salir de “una profunda crisis económica y social, con niveles intolerables de pobreza”. Curiosamente, son los mismos funcionarios de las “casas de altos estudios” que acompañan desde hace décadas, pese a sus valoradas encuestas sobre pobreza, los planes de ajuste llevados adelante por gobierno peronistas, liberales, macristas y de todos los signos.
“No cabe más que rechazar enfáticamente todo intento de legitimar la destrucción de la vida del ser humano, por la vía que fuere”, dicen en su comunicado que finaliza con un mensaje a diputados y senadores: “esperamos que estén a la altura del crítico momento histórico que estamos viviendo y totalmente promuevan y aprueben leyes que siempre defiendan la vida y apoyen integralmente tanto a la madre como a los seres humanos por nacer, en la convicción de que toda vida vale”.
Luego del persistente y exitoso lobby que las iglesias católica y las evangélicas hicieron en 2018 para hacer que el Senado rechazara la legalización del aborto tras su media sanción en Diputados, ahora parece que la estrategia de esas instituciones es apelar a la “defensa de los derechos humanos”, buscando embarrar aún más la cancha de un debate que es sobre salud pública y derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Una verdadera provocación, sobre todo cuando la propia Iglesia católica es una especialista en acompañar las más diversas violaciones a los derechos humanos que los Estados de todo el mundo ejecutan sobre las poblaciones trabajadoras y pobres. Ni hablar de Argentina, donde la participación en la dictadura cívico-militar-eclesiástica está más que comprobada y, sin embargo, los obispos siguen ocultando toda la información que guardan en sus archivos sobre desapariciones, asesinatos, robos de niñas y niños y demás crímenes de lesa humanidad cometidos por sus amigos militares, policías y penitenciarios.
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