Denise Moruzzi tiene 42 años. A sus 36, luego de 18 años de tratamientos con psicofármacos contra la depresión y el estrés que padeció tras la muerte de su papá, accedió a la invitación de una amiga para ir a una convención de cannabis medicinal. Ahí conoció la planta de cannabis, una experiencia que ella describe tan natural como reveladora, y que cambió su realidad.
Luciana Esteche tiene 20 años. Siempre lidió con problemas de depresión y estuvo al borde de dejar la escuela ante las dificultades que esto le generaba; también tuvo un episodio de suicidio, cuenta Denise, mientras Lu- dixit- está a su lado tomando una clase por Zoom. El cannabis ayudó a Luciana a poder revincularse con su vida social, en la escuela y con amigos.
La noche del 29 de abril de 2019 sus vidas dieron un vuelco. Efectivos de la DDI realizaron un allanamiento sin orden judicial en su casa en el partido de Vicente López, en el marco de una supuesta causa por fraude con tarjetas de crédito. Al ver que tenían tres plantas de cannabis montaron una escena con pipas, celulares, productos químicos de limpieza. En las páginas oficiales del municipio y en distintos medios locales lo difundieron como un “allanamiento exitoso”, un “golpe contra el narcomenudeo”; les abrieron una causa por tenencia de estupefacientes para comercialización, sin prueba alguna, y es aquí donde comienzan una serie de violaciones a sus garantías y derechos que ellas narran como una verdadera pesadilla.
“Difundieron ese allanamiento como si fuéramos dos criminales, diciendo que había cocaína, y eran sales de Epsom. Yo misma tuve que llamar a los medios para explicar que no era cierto”, manifiesta Denise; “el subcomisario de la DDI nos dijo ‘están sonadas porque Jorgito necesita votos´”. Jorgito es Jorge Macri. Intendente del municipio de Vicente López desde 2011 y vicepresidente del PRO, quien en 2019- al momento del allanamiento- estaba en plena campaña electoral por su reelección al frente del distrito al norte del Gran Buenos Aires.
Meses más tarde, el 18 de junio de ese mismo año, la policía vuelve a la casa y las detiene por “mensajes comprometedores” que habrían encontrado en los celulares secuestrados. El contenido de esos mensajes es incierto, dado que hasta el momento no tuvieron acceso a la causa. La noche del allanamiento, amenazas y abusos a la intimidad mediante, las separaron; durante mucho tiempo Denise no supo dónde habían llevado a su hija, que fue paseada por 3 comisarías.
El 12 de julio las llevaron juntas al penal 47 de San Martín donde estuvieron durante 7 meses en prisión preventiva. En diciembre de 2019, tras mantener una huelga de hambre, les concedieron una morigeración de la pena con prisión domiciliaria por sus cuadros psiquiátricos de depresión crónica y estrés, luego de firmar un juicio abreviado por cuatro años de prisión.
Ahora están peleándola “desde afuera”, pero padeciendo las consecuencias de una política de drogas tan fallida como violenta, que todos los gobiernos reproducen y sostienen, y que se carga particularmente sobre los hombros de las mujeres. Ambas perdieron su casa, su trabajo. Se están sosteniendo con la jubilación de la madre de Denise y con dos cuotas de IFE que pudo cobrar Luciana. “No podemos vivir así, por tres plantas, ni mi familia ni mis hijos merecemos que nos abandonen tanto. No somos narcos, somos Denise y Luciana” dice desde el monoambiente que ahora habitan en Claypole, en el sur del Gran Buenos Aires.
El Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) estipula en su último informe publicado en 2018 que entre 2015 y 2018, la cantidad de mujeres detenidas por delitos de drogas en el país se duplicó. En tanto, según datos del CELS, la infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres en la Argentina. En 2017, 1.561 mujeres estaban encarceladas por delitos tipificados en la ley 23737, lo que representa el 43,6% del total de las mujeres presas.
La criminalización de las mujeres es un fenómeno creciente no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Son uno los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico y se las imputa en su mayoría por delitos vinculados a la comercialización y al traslado. A su vez, tienen enormes trabas para acceder a la justicia por su condición de pobreza.
“En el pabellón donde estábamos la única que había terminado el secundario era yo, no vi ningún ‘hijo de’ y eso no es casualidad, eran todas pibas de bajos recursos que estaban ahí”, expresa Denise con claridad que le otorga la experiencia de una vida trabajando como niñera, sosteniendo un hogar con dos hijos en el conurbano bonaerense. Nunca pudieron costear una respuesta legal particular, quedando a la discreción y el ritmo de las defensas públicas de las distintas instancias que fue atravesando la causa.
El fallo de primera instancia que las condenó a 4 años de prisión fue ratificado por Casación sin notificación previa a la defensa para que pudiera accionar. Ahora se encuentran a la espera de que la Corte Suprema bonaerense haga lugar a un recurso extraordinario y revea la sentencia; de lo contrario hay grandes probabilidades de que tengan que volver a cumplir la pena en prisión.
Un día antes de la charla con Denise el gobierno firmaba la nueva reglamentación de la ley 27.350, legalizando el autocultivo para el uso de cannabis medicinal. Ella lo reconoció como una batalla ganada, “pero a nosotras no nos cambia nada, seguimos presas por tres plantas, hay cosas que están muy disociadas todavía”.
El lunes 16 de noviembre comenzó la semana del cannabis, que culminará este sábado 21, día de la Marcha Nacional de la Marihuana. Durante estos días diferentes referentes políticos, sociales y cannábicos participan de conversatorios para dar un debate necesario y urgente, que emerge luego de la nueva reglamentación de la ley 27.350. Por un lado, la legalización y regulación del cannabis para todos sus usos, apuntando a repensar a la salud de forma integral, aunando el conocimiento de usuarios, cultivadores y profesionales; por otra parte, una nueva ley de drogas para terminar con décadas de prohibicionismo y la criminalización, para que no haya personas presas por cultivar. |
