El debate ha rodeado la aprobación de la octava ley educativa tras el franquismo, la LOMLOE, conocida como Ley Celáa. La ley ha salido adelante por 178 votos a favor, 147 en contra y 17 abstenciones, con el voto de Más País, Compromís, Nueva Canaria, ERC y el PNV, además del gobierno de PSOE y UP. Se abstuvieron Bildu, BNG, Teruel Existe y la CUP y votaron en contra PP, Cs, Vox, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el PRC.
Los días anteriores y posteriores las portadas y micrófonos los acapararon las protestas de la escuela concertada, que movilizaron a los padres y utilizaron a los alumnos. A pesar de su desplazamiento del debate, el silencio de las burocracias sindicales de CCOO y UGT o de UP también es ensordecedor ante una ley que es esencialmente una reedición de la LOE de 2006 de Zapatero. Esta ley se aprobó ya entonces entre un amplio descontento en la comunidad educativa por estar hecha a medida de la patronal y abrir la puerta a nuevos recortes.
Desde el gobierno se ha presentado como la ley “progresista” que derogará la LOMCE, aprobada por el PP en 2013, quitando el carácter calificativo de sus reválidas. Aunque no aborde demandas urgentes como la situación de los comedores, la mejora de ratios o el fin de la brecha digital, se mantiene la desinversión presupuestaria a la pública, la financiación a las concertadas y el lobby de la iglesia en la educación.
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Consultando el texto de la LOMLOE puede verse el corto alcance y la falta de concrección de las medidas “más audaces”, esbozadas como posibilidades sin definición ni presupuesto. También preocupa la falta de concrección del traspaso de competencias de las escuelas de educación especial a escuelas "que en un futuro estarían preparadas".
Esto no ha impedido que tanto la derecha como el gobierno se beneficien del revuelo: por una parte, la derecha ha utilizado esta campaña para movilizar a sus bases y por otra, el gobierno consigue hacer parecer la ley más rupturista de lo que realmente es. Vamos a repasar los temas centrales de ese debate:
“Van a cerrar la concertada”
¿No es un poco sospechoso que el PSOE hiciera esto? No ha dejado de salvaguardar en todo momento los intereses de la patronal de la educación privada (mayoritariamente vestida con sotana), incrementando año tras año las partidas presupuestarias destinadas a la educación concertada, y de reducir la financiación de la educación pública. Los partidos que forman Unidas Podemos, si en sus orígenes cuestionaban la educación concertada, han acabado por aceptarla, aceptando con ello la otra cara de la moneda: la desfinanciación de la educación pública.
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Aunque entre los artículos 108 a 116 la LOMLOE detalla el sistema de conciertos, inmóvil respecto a la situación anterior respecto a varias cuestiones que han exasperado los ánimos de la concertada: la segregación por nivel económico, sexo o necesidades educativas y las cuotas ilegales que cobra la concertada. Abordar estas cuestiones de forma real sería un aspecto muy limitado, pero progresivo para esta ley. Aún así, tiene truco.
Si bien prohibe que los centros concertados “perciban cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito” no detalla ningún mecanismo para evitar que suceda ante una patronal educativa con amplia experiencia en sortear leyes, como en el caso del “fraude” que realizan con las cifras de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAEs), que están obligados a matricular para recibir el dinero público, pero que en ocasiones probadas suelen trucar para evitarse los costes derivados y cobrar igualmente.
Respecto a esta práctica, en el artículo 86.2 la ley habla de “velar por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, sin embargo, no queda sujeta a ningún organismo permanente ni está relacionada a ningún presupuesto concreto, sino a “la posibilidad de constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas en algún centro educativo del ámbito de actuación de la comisión supere la oferta”.
En el artículo 116.2 recoge que “tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables”. Este punto rebate al supuesto de la “demanda social” que introducía la LOMCE, permitiendo que cualquier escuela privada pudiera argumentar que respondía a una “demanda social” para recibir dinero público, aunque fuera marcadamente elitista.
Sin embargo, durante más de 30 años, con LOMCE, con LOE, con PP y con PSOE, la barra libre de fondos para sostener con dinero público escuelas privadas no ha cesado. Y ahora no cesa con PSOE y UP, recogiendo en esta ley un blindaje de 6 años de fondos públicos por concierto antes de revisarse.
“El castellano ya no será vehicular en las aulas”
Hay quien siente que debe proteger una lengua hablada por 500 millones de personas, pero a pesar de ello, esta afirmación se sustenta en un tecnicismo para tratar de movilizar al nacionalismo español. El uso del término vehicular en las leyes educativas acerca de los idiomas comenzó en 2013 y con esta ley la situación del castellano en zonas donde se hablan más lenguas es la misma, ya que la ley exige “un dominio pleno del castellano, así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad”.
“Van a quitar la religión de las aulas”
A pesar de que no van a quitar la religión de las aulas, en la página web de la plataforma Más plurales en defensa de la concertada dan una explicación muy ilustrativa: “es una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional”
Efectivamente, el laicismo “es impropio” de un Régimen que mantiene acuerdos con el Vaticano desde el franquismo, especialmente en lo relativo a la educación. Y esto no se discute ni con “el gobierno más progresista de la historia”. Lo que realmente recoge esta ley es que “su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la universidad”. Sin embargo, su “solución” también elimina las asignaturas alternativas a la religión católica, quitando así los puesto de trabajo que implicaría dar esas asignaturas, generando clases de guardia y descuadrando los horarios.
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Con esta ley la religión católica sigue en las escuelas, obligando a la escuela pública a contratar profesores con dinero público, que siguen criterios de la jerarquía eclesiástica, si los padres o tutores de un solo alumno exige recibirla en un centro público, mientras el resto de la clase no tendría clase. Este es uno de los compromisos del Estado español con el Vaticano, pero el fundamental está en la concertada.
El Estado Español es el país con más escuelas concertadas de la Unión Europea, siendo el 30%, frente a la media del 14,3% de la UE. Los centros católicos, el 60% de los concertados, reciben cada año 4.866 millones de euros para 2.500 centros a lo largo de todo el Estado.
“Laicizar” no es la única acusación que le queda grande a esta ley, ya que la derecha continúa poniendo el grito en el cielo sobre “el adoctrinamiento de genero” y la educación sexual, que cuentan con una retahila de menciones abstractas en la ley y ninguna concrección. ¿Con quién habrá una temida educación sexual integral, con la pública mal financiada, con los marianistas o con el Opus Dei?
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¿Progre? Otra ley neoliberal para una época de crisis
Por ejemplo, desde el sindicato CGT afirman que esta ley “deja en manos de las comunidades autónomas el aumento de la privatización, la competitividad entre las escuelas y, como resultado, la segregación escolar, que nos ha puesto a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en igualdad”.
Respecto al presupuesto el gobierno afirma que “incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas. Hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025”. Esto, además de ser una apuesta muy a largo plazo, queda aún lejos del 7% del PIB que recomiendan destinar organizaciones internacionales, tan poco sospechas de ser progresistas, como la OCDE. Los recortes en educación atraviesan varios gobiernos y se cifran en 10 mil millones de euros menos desde 2010, mientras el número de alumnos se incrementaba en un 10%.
Producto de los recortes presupuestarios 32.000 profesores que han perdido sus puestos de trabajo; más de 100 mil estudiantes han sido expulsados de la universidad pública por no poder pagar unas tasas que no paran de subir año tras año; decenas de miles de interinos han sido despedidos; millones de jóvenes sufren en sus institutos y colegios la degradación de su educación, la masificación y la falta de recursos humanos y materiales, agravada ahora a los ritmos de la pandemia.
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