El pasado viernes 20 de noviembre la intendencia de la región de O’higgins presentó un recurso ante la fiscalía regional para revocar la medida cautelar en contra de Michael Contreras, preso político de la revuelta de octubre. Luego de pasar casi un año en un centro psiquiátrico en Putaendo cumpliendo la medida preventiva, se realizó por fin la investigación.
Hace unas semanas, el día 11 de noviembre, al joven se le hizo una nueva audiencia. Resultado: se cambió su medida cautelar, pasando de la reclusión en el centro psiquiátrico a la prisión domiciliaria nocturna, la que debía durar hasta concretarse el juicio en enero del año 2021. Actualmente se encuentra en el Hospital de la cárcel La Gonzalina de Rancagua.
Al "rucio" como es conocido, se le acusa de múltiples delitos, cuyos querellantes son el municipio y la intendencia. Su caso, sin duda, representa la persecución política en contra de quienes salieron a manifestarse durante la rebelión de octubre. En palabras de Juan Manuel Masferrer, intendente en ese entonces: "Tal como hemos dicho en reiteradas oportunidades, no habrá impunidad para aquellos que cometan delitos en medio de estas manifestaciones."
Y es que Michael no es el único que ha sufrido la persecución política de parte de las autoridades, quienes amparándose en las leyes represivas del Estado (Ley de Seguridad Interior del Estado), criminalizan la protesta, tal como sucedió con el caso de Sebastián Caniuñir.
La máxima autoridad regional explicó que una de las querellas corresponde a "porte de artefacto incendiario, una bomba molotov, en la comuna de Mostazal el 28 de octubre; dos querellas por incendio -una por la quema de un camión en la Alameda el 26 de noviembre y un intento de incendio en el Colegio Andrés Bello el 25 de noviembre". Acusación que ha mantenido a Caniuñir (20) por más de un año en prisión preventiva. La policía descargó todos los dardos contra él, lo que ha destruido la vida de Sebastián y su familia.
Este martes 24 de noviembre se llevará a cabo el juicio oral en su contra. Todas las pruebas apuntan a que se trata de un nuevo montaje de las fuerzas represivas del Estado.
Ya sabemos cómo opera la justicia en Chile y sobre quienes cae todo el peso de la ley: sólo los pobres van a la cárcel. En defensa de la propiedad privada, usan a estos jóvenes como chivos expiatorios para aleccionar a lxs manifestantes, para aislar a un sector que salió a las calles sin temor y sin nada que perder.
Se impone, de esta manera, una "normalidad” detrás de la cual se intenta esconder descaradamente una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos.
Preguntémonos: ¿Qué le pasó a Dávalos y a los personajes involucrados en el caso Penta o SQM? ¿Por qué ellos no se enfrentaron a las consecuencias de la ley, mientras que manifestantes como Roberto Campos, profesor de matemáticas que pateó un torniquete del Metro, estuvo en la cárcel de alta seguridad?
Es necesario que todas las organizaciones sociales, colectivos, asambleas, ollas comunes y sindicatos se manifiesten en contra de la impunidad y por la libertad inmediata de las y los presos políticos de la revuelta. Es urgente también que la CUT rompa su silencio y pasividad, y convoque a movilizaciones en la región de O’higgins bajo la perspectiva y los aprendizajes que nos dejó la rebelión de octubre.
Exigimos la libertad a lxs presxs políticxs ahora. | 
