En las últimas horas se conoció otro caso que desnuda los métodos con que las autoridades manejaron la pandemia. Se trata del caso de Victor Martín Mallorquín. Como paciente oncológico tuvo que hacerse un tratamiento en la vecina provincia de Chaco. Cuando intentó regresar, el 12 de junio, pidió a las autoridades formoseñas el permiso para retornar. Falleció el 3 de julio en la capital chaqueña, esperando la respuesta.
Respuesta que llegó finalmente el viernes 20 de noviembre, cinco meses después. Itatí Decoud, su viuda, recibió la autorización del gobierno de Formosa para que su marido regrese a la provincia. La mujer difundió el mensaje de funcionarios provinciales enviado por whatsapp.
"Murió solo, sigue sólo", había dicho Decoud al reclamar hace algunos meses la situación de Mallorquín. La familia recibió las cenizas tiempo después en la ciudad formoseña de Clorinda.
El caso tiene dos hechos para destacar. Por un lado, se da en el contexto de la polémica que tuvo su gobernador Gildo Insfrán por mantener férreamente cerradas sus fronteras para evitar el ingreso de personas, incluidos habitantes de la provincia que habían salido por trabajo o estudio días antes de la declaración del ASPO. Esa decisión dejó varadas a unas 8000 personas en las fronteras de Formosa y terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia se que ordenó que se posibilite el acceso.
El otro es que Mallorquín era policía, la fuerza designada para cumplir con la medida autoritaria e inhumana del Gobierno de Formosa. La acción de la policía formoseña incluyó persecuciones y detenciones, en cumplimiento de la orden de Insfrán, con casos como niños que vivieron 16 días dentro de vehículos, otras que cruzaron a nado y 100 integrantes de una comunidad originaria aislados “en cuarentena” en un centro policial. | 
