Este fin de semana las trabajadoras del SAD se concentraron en varias ciudades contra las externalizaciones de los servicio de atención domiciliaria. Un servicio básico que está en manos de empresas privadas que hacen negocio del cuidado de la gente mayor y de las personas dependientes a expensas de precarizar las condiciones laborales de las trabajadoras.
La plataforma de trabajadoras del SAD y el sindicato SAD de cuidadoras municipales de Catalunya, así como otras entidades como la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, convocaron concentraciones en diferentes localidades, destacando las realizadas en Barcelona y en Sant Feliu de Llobregat el pasado sábado y la de Sabadell de este pasado lunes. En las concentraciones de las diferentes ciudades se podían leer las pancartas con lemas como “dignidad salarial y profesional”, “pongamos fin a la mercantilización”, o “digamos sí a la gestión 100% pública”.
Y es que las condiciones de las trabajadoras del SAD ya eran muy precarias antes de la pandemia, trabajando jornadas de 30 horas semanales con horarios partidos, haciendo imposible la posibilidad de compaginarlo con otro trabajo y cobrando salarios tan solo de 600 euros. Y con la pandemia esta situación no ha hecho más que empeorar, han estado y siguen trabajando en la primera línea sin los materiales de protección adecuados y con EPIs de mala calidad, expuestas al riesgo de contagiarse y también de contagiar a un colectivo tan vulnerable como es la gente mayor.
Tal y como denuncian las diferentes organizaciones de trabajadoras del SAD, el principal motivo de esta situación es la externalización a empresas privadas de un servicio que tendría que ser público. El cuidado y la atención a la gente mayor está en manos, nada más y nada menos, de empresas de la IBEX35 como Accent Social de Florentino Pérez, de fondos de inversión en paraísos fiscales o de falsas cooperativas sociales.
El negocio de los servicios sociales de atención a la gente mayor y personas dependientes con la complicidad del Ayuntamiento del “cambio”
Uno de los principales motivos de las movilizaciones en Barcelona es la reciente adjudicación por parte del Ayuntamiento de Ada Colau del 50% del Servicio de atención domiciliaria de la ciudad de Barcelona a Servisar, una filial de la multinacional Domus Vino, controlada por dos fondos de inversión, el británico Intermidate Capital Group (ICG) y el francés Sagesse Retraite Santé (SRS), con sede en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey.
Algo que se contradice con la guía de contratación pública que el propio gobierno de Barcelona en Común aprobó al 2016, con el cual establecía que las contratistas no tendrían que tener ningún vínculo con paraísos fiscales. Pero de qué nos sorprende si hasta ahora el Ayuntamiento de los comunes había mantenido el contrato del SAD con la empresa de Florentino Perez. Por otro lado, la adjudicación del otro 50% del servicio se renueva a la cooperativa Sudara, muy conocida por explotar a sus trabajadores y que a pesar de venderse como cooperativa “social” funciona como una empresa capitalista más.
Y ahora sigamos hablando de la multinacional Domus Vino, porque la polémica no acaba aquí. Tal y como se afirma en el comunicado presentado por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, esta misma empresa que también gestiona residencias geriátricas privadas, ha sido criticada por su gestión pésima.
Tiene residencias investigadas por maltrato a las personas residentes, otras investigadas por haber escondido muertes producidas en sus instalaciones, y también ha tenido residencias intervenidas por una mala gestión durante la pandemia, más otras en las cuales se presentaban graves carencias de personal y recursos. De hecho en las 10 residencias que gestiona en Catalunya ha habido 145 muertos por Covid-19.
Y ante esto, ¿qué mejor que premiar a la multinacional con la concesión de 96 millones de euros por el servicio del SAD de Barcelona? Un muestra más del cinismo del Ayuntamiento del “cambio”.
El Govern de la Generalitat también es culpable: Por la derogación del Decreto 69/2020 o la Ley Aragonés encubierta
Y para seguir con las muestras de cinismo, la del Govern de la Generalitat no tiene pérdida. El pasado 14 de julio, como quien no quiere la cosa, en pleno verano de pandemia y crisis sanitaria, se aprobó el Decreto 69/2020 de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, que albergará todo tipo de entidades privadas.
Es decir, que con este decreto básicamente se facilita y se abre la puerta a nuevas privatizaciones y externalizaciones, y se blindan las ya existentes. Tal y como denuncian desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos “Este Decreto sigue la misma línea que la Ley Aragonés, aplicándola al proceso de privatización de los Servicios Sociales y por tanto exigimos la retirada inmediata”. Es decir, que es una forma encubierta de imponernos y hacer pasar la misma ley que como recordamos, finalmente, no se aprobó en el Parlament.
El drama social vivido en las residencias durante la pandemia y los miles de abuelos y abuelas que han muerto, es una consecuencia directa de que la mayoría de las mismas sean privadas, de hecho en Catalunya, tan solo un 17% de las residencias son públicas. Y mientras tanto, el Govern de JxCat y ERC sigue facilitando que todo tipo de empresas sin escrúpulos se sigan lucrando y haciendo negocio del cuidado de nuestra gente mayor.
Como vemos, la Covid19 ha destapado las consecuencias más crudas de estas políticas neoliberales, donde para no tocar los beneficios de los grandes capitalistas se dejan morir miles de personas. Ante esto, tenemos que luchar porque todos los servicios sociales privatizados, así como la sanidad privada, pase sin ningún tipo de compensación económica a las patronales, a ser parte de una red 100% pública que esté gestionada bajo control de sus profesionales y de los usuarios y familiares. Porque tal y como reclaman las trabajadoras del SAD y las trabajadoras sanitarias, se vuelve indispensable acabar con la mercantiltzación de los servicios públicos. | 
