Los productores frutícolas sostienen cortes de ruta en todo el Alto Valle del Río Negro y Neuquén desde hace una semana. Las medidas se basan en corte total a los principales accesos de la región, incluida la ruta del petróleo. Exigen un subsidio de por los menos 190 millones de pesos al gobierno nacional y provincial.

Desde el jueves de la semana pasada los productores del Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén vienen realizando cortes de rutas en varios puntos estratégicos de ambas provincias, que empezaron siendo de unas 12 horas por día pero desde el último lunes pasaron a ser por totales en varios de ellos, como el de los puentes que unen Neuquén y Cipolletti. Los que sostienen esta medida son principalmente los pequeños productores (chacareros), que si consideramos a los que tienen una superficie menor a 25 hectáreas suman poco más de 1000 en toda la región. La demanda es por subsidios, ya que durante la primavera y el verano hubo dos grandes heladas que perjudicaron la fruta que obliga a mandarla a la industria juguera que paga un valor muy por debajo de los costos. Además, el agravante de que por encontrarse indicios de una plaga llamada Carpocapsa en un lote de un embarque a Brasil, éste país cerro el mercado de frutas de la región. Debido a la disminución de la calidad de la fruta durante las últimas décadas, y por razones de logística, la fruta es vendida a Rusia a un precio más bajo. Además, un “exceso” de frutas en el mercado mundial deprimió el precio de exportación.

Los fondos prometidos actualmente son 125 millones de pesos, de los cuales el gobierno de Río Negro aportaría 50 y Nación lo haría con 75 millones. Sin embargo los productores ratificaron los cortes en tanto no lleguen los 190 millones de pesos prometidos anteriormente.

Mientras, ya se postergó el pago de los aportes sociales, o sea que los productores podrán no aportar al fisco las deducciones por aportes que le hacen a los sueldos de los trabajadores, estimado en 700 millones de pesos.

Pistas de la crisis

Desde principio de los 80 se inició un proceso de concentración de las tierras a favor de grandes empresas. Este proceso se profundizó desde la década de los 90, y la “década K” no fue la excepción. Pero además se generó un monopolio de unas pocas empresas en las principales cadenas del negocio. La industria juguera es controlada en un 99% por cuatro empresas, la exportación en un 80% por 5 empresas (que además son las dueñas del puerto). Además estas grandes empresas (Moño Azul, Expofrut, PFT), integran toda la cadena, incluso algunas con circuitos de comercialización en Europa.

Esta relación desigual de poder sobre los pequeños y medianos productores les permite establecer el precio que se les va a abonar y el porcentaje de fruta que se descarta y va a la industria en forma arbitraria. Con este esquema las empresas grandes, en cierta medida, han trasladado la crisis a los productores menores.

Pero durante las jornadas de corte de ruta, los pequeños productores no han levantado consignas contra estos verdaderos monopolios. Sólo han levantado la consigna de subsidios. Y cada tanto se tiran contra los salarios de los trabajadores rurales. Sin embargo los chacareros vienen siendo carne de cañón de sus verdugos, ya que si bien los cortes los hacen ellos, la propaganda y la ideología a través de los medios de comunicación los hacen los grandes empresarios, lanzando consignas como la pronta devaluación de la moneda, que no es otra cosa que una depreciación real de los salarios. Y para ello no deben moverse mucho de sus sillones, ya que es conocida la relación con los grandes medios de comunicación, especialmente con el diario Río Negro, el de mayor tirada de la región, cuyo directorio es parte de la segunda empresa más grande (PTF S.A.)

Los trabajadores

Pero nada dicen de las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores. Es que mas allá de las diferencias que existen entre las patronales chicas y las grandes, hay un factor común entre ellas que es la superexplotación de la clase obrera. Tanto en el campo donde los trabajadores cobran míseros salarios, y donde unos 12.000 trabajadores vienen del norte del país, viviendo en condiciones insalubres y siendo estafados continuamente; como en las empacadoras y la industria juguera donde es común que los trabajadores realicen temporadas de 11 meses durante 20 años o mas y nunca sean efectivizados.

Pero cuando esos trabajadores, como suele verse en el verano, realizan medidas de fuerzas, todas las patronales se rasgan las vestiduras de la institucionalidad y el derecho al “libre tránsito” y a trabajar, pidiendo el rápido desalojo y la represión y culpando a los trabajadores de la crisis.

Este conflicto no es el de los trabajadores, es el de las patronales agrarias que lejos de levantar medidas progresivas como podría ser el monopolio del comercio exterior y la estatización de toda la industria (empacadoras, frigorífico y jugueras), levantan consignas antiobreras. La crisis no la tienen que pagar los trabajadores sino las grandes empresas.