Fue una operación planificada, donde los involucrados distribuyeron las funciones para no ser descubiertos e intentaron modificar las patentes de los vehículos, pero las combinaciones de letras y números, asociados a las marcas de los vehículos permitieron que los oficiales de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI pudieran reconstruir la ruta que hicieron la noche del martes 6 de octubre.
A través de cámaras públicas y privadas se pudo dar con las identidades de quienes esa jornada se juntaron para ir hasta el domicilio de la fiscal. El detalle de lo sucedido se reveló luego de que este viernes, la magistrado Tatiana Escobar decretará la prisión preventiva a Pablo Martínez Castro, ya que en medio del allanamiento en su domicilio se encontró armamento y una subametralladora UZI, arma prohibida según la ley de control de armas. Por su parte el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refiero al armamento que tenia el imputado en su poder como “Utensilios que no eran de gran importancia”. Cabe destacar que el resto de las personas quedó con medida de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y a su familia.
La fiscal Chong y su hijo en su relato indicaban que vieron a dos hombres montados en una moto dejando un sobre en el buzón de la casa tras hacer sonar varias veces el motor de sus vehículos pero no eran dos, sino ocho personas que en ese mismo momento vigilaban la casa de la fiscal. Asimismo se logró identificar la presencia de tres vehículos y dos motos en una especie de caravana.
Al revisar la ruta realizada esa noche, la policía estableció que los imputados: Fernando Hasler, Solange Aravena, Paula Narváez, Daniel Goldberger, Pablo Martínez, Gabriel Jara, Benjamín Zaragoza y Osvaldo Urcola. Quienes se juntaron en una oficina de avenida Apoquindo a la altura del 6000 en la comuna de Las Condes. “Ahí se planificó el delito”, dijo el fiscal Jacir. A las 18:00 horas ese día, según lo que se expuso ante el tribunal, los imputados llegaron hasta una oficina de Las Condes que era ocupada por uno de los comandos del Rechazo.
La investigación por las amenazas de muerte contra la fiscal Chong comenzaron dos días antes de este hecho. Recibió el primer amedrentamiento a través de Redes Sociales, por el usuario “Reimon Reddintong” y quien luego difundió el domicilio particular de la investigadora. A consecuencia de esto se ordenó rondas para la seguridad de la abogada y su familia. El 7 de octubre se produjo un suceso que involucró al teniente coronel de Carabineros Fredy Vergara, quien fue controlado en las inmediaciones de la casa de Chong. Posteriormente el 10 de octubre se genera un nuevo incidente registrado por la PDI. Mientras resguardaban el domicilio de Chong, una ambulancia particular transitó por el sector. Posteriormente dos hombres vestidos con ropa de camuflaje tipo militar descendieron y les hicieron preguntas a la policía.
A los hechos anteriormente descrito se suman las amenazas de los senadores de la UDI, como es el caso de Ivan Moreira quien indicó que "Cuando se trata de la izquierda todo es compasión, cuando se trata alguien institucional el tratamiento es distinto porque hay un sesgo" acusandola de ser una activista política y tener una conducta distinta con respecto a los casos que lidera. Además en su momento calificó como “normal” este tipo de amenazas. Aunque esto no sorprende de quien es un fiel defensor de la dictadura de Pinochet.
Justicia y privilegios de clase
Durante la rebelión popular se llevaron juicios completamente arbitrarios y con sentencias desproporcionadas. Uno de los casos más conocidos es el de Roberto Campos Weiss, el profesor de matemática a quien se le aplicó la ley de seguridad del Estado por dañar un torniquete en el metro. Además se otorgó la absolución de un tío y su sobrino, acusados de incendiar la estación pedrero del metro, quienes tuvieron que estar un año en cárcel, sin encontrarse ninguna evidencia que los incrimine.
Si bien la derecha en su discurso busca crear un enemigo interno, al mismo tiempo intentan dejar a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos, como las principales "víctimas de la violencia". Algo completamente alejado de la realidad, considerando el actuar represivo que ha tenido la policía hacia todo el que se manifieste. Gustavo Gatica y Fabiola Campillay son ejemplos claros de la brutalidad policial.
Juicio y Castigo a los responsables de la represión
La existencia de grupos organizados de extrema derecha como la Vanguardia, muestra cómo la derecha no sólo tiene un sistema Judicial a su favor, sino que cuenta con grupos paramilitares para amedrentar a quienes se les cruce por el camino.
La renuncia del General Rozas hace una semana no basta, dado que el principal responsable político de la represión es Sebastián Piñera y su gobierno. La lucha por el fin a la impunidad, es la lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la brutalidad policial. El intento de asesinato a Anthony en el puente Pío nono es uno de estos casos, en donde el ex carabinero implicado obtuvo la prisión preventiva, pese a las evidencias que mostraron su actuar.
Movilización nacional
Para este 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, a través de redes sociales ya existen convocatorias llamando a paralizar. Aún así, los dirigentes de la CUT, el Colegio de Profesores, la Coordinadora NO+AFP, la Confech, la ACES y la CONES, no han hecho el llamado a paralizar, con la exigencia de la libertad inmediata a las compañeras y compañeros presos por luchar.
Sabemos que solo a través de la movilización podremos conquistar la libertad y el fin a la impunidad, y con esto golpear a los defensores de todo un régimen que las amplias mayorías no quieren continuar. | 
