La justicia y el subsecretario del Interior Galli, relativizan y bajan el perfil a las acciones de un grupo de ultraderecha que amedrentó a la Fiscal Chong, y y que fue sorprendido con incluso armas y otros elementos que fueron señalados en declaraciones inoportunas de Galli como “Los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo una ametralladora UZI”. Al mismo tiempo, sólo a uno de ellos se les aplicará la Ley de Armas, pero el resto del grupo queda en total impunidad.
Pero como contraste, vemos que a los sectores que luchan, al pueblo mapuche, a los jóvenes de la rebelión, se les deja caer las penas del infierno cuando se trata de enjuiciarlos y condenarlos.
Estos hechos quedan en clara evidencia cuando se trata de reforzar la idea de terrorismo en La Araucanía, donde según el Gobierno, ya no sería utensilios si no armas de guerra, una guerra que el Estado de Chile declaró en su instauración y que hoy sigue siendo llevada en al defensa de los intereses capitalistas. Por ello, la estrategia de invocar la Ley Antiterrorista -instaurada desde la dictadura-, ha sido una estrategia que a pesar de su fracaso, sigue persistiendo porfiadamente, con incluso 102 querellas que no han logrado decantar en condenas.
Las motivaciones para invocar esta legislación especial, ha ido para la defensa principalmente de buses, trenes, maquinaria forestal, artefactos explosivos en estructuras e instituciones, y por supuesto, por atentados a camiones. Cabe recordar además, que para el paro de los camioneros, el Gobierno actuó como un garante de su movilización, aunque aquello implicó cortes de ruta, barricadas, desabastecimiento, situación que se agravó por estar en plena pandemia y toque de queda.
Los sectores de derecha más reaccionarios, acusan de una fracaso por parte del ejecutivo, pero sin duda, lo plantean con un tono de reforzar aún más el Estado de Derecho a través de más represión y criminalización. Sabemos que medidas que refuercen el aparato represivo serán a través de una total impunidad por parte de las fuerzas policiales, tal como fue el caso de Matías Catrileo o Camilo Catrillanca.
Pero también el escenario de militarización, combinado con montajes que han buscado encarcelar a luchadores mapuche, dan cuenta que la instalación de la Ley Antiterrorista como mecanismo coercitivo del Estado, que busca dar un respaldo legal -aunque sin efecto- a la militarización, instalando una justicia para ricos y otra para pobres. No es menor, recordar que quienes han quedado al descubierto en la violación de derechos humanos, ha sido la institución de carabineros, quienes gozan de total impunidad. Por eso, la salida de Yañez da cuenta de la crisis institucional del aparato policial, y de cómo surge la necesidad de debatir hoy la disolución total de carabineros.
