14 de noviembre de 2012.
Esta es la fecha de la última huelga general que tuvo seguimiento en todo el Estado español. Era el ciclo de mayor tensión social de la anterior crisis económica, con unas cifras similares a las que estamos viendo en 2020 a unos ritmos más rápidos. Además, este año hay que considerar que estamos en medio de una pandemia y una profunda crisis económica que no parece poder resolverse a muy corto plazo.
En estos momentos en el Estado español el paro juvenil supera el 40%, hay 3,72 millones de parados contabilizados, de los cuales el 16,7% son jóvenes menores de 25 años y más de un tercio (el 33,5%) son parados de larga duración, es decir, llevan más de un año desempleados. A ello hay que sumar que casi 600.000 personas siguen en ERTE. Mientras tanto las direcciones sindicales de CCOO y UGT “ni están, ni se les espera”. Enfrascadas en mesas de diálogo y negociación, siguen dejando pasar la catarata de cierres y despidos que empieza a profundizarse, y sobre todo, sin mover un dedo para ponerle freno al curso cada vez más neoliberal de “su” gobierno.
Mientras tanto, “su” gobierno, continúa con una política de ayudas para “paliar” los efectos la crisis, combinadas con medidas restrictivas. Sólo que las ayudas son una apropiación a gran escala de dinero público para los grandes capitalistas y las medidas restrictivas ponen el foco en la responsabilidad individual y están dirigidas a criminalizar la pobreza y la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Todo menos poner en cuestionamiento el modelo laboral y de precariedad en nuestras vidas que nos impone el capitalismo.
Aunque se destinan partidas de miles de millones de euros a empresas del IBEX35 cuyos directivos se han hecho de oro durante la pandemia, esas ayudas se promocionan como “sociales”. Al mismo tiempo, el “ingreso mínimo vital”, la medida estrella del gobierno “progresista”, deja por fuera a 8 de los 10 millones de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Su fin es el mismo que los avales y ayudas directas a las empresas, un rescate y socialización de las pérdidas disfrazado de medidas sociales.
En ese sentido, las negociaciones de las direcciones sindicales con el Gobierno están sirviendo para avalar el salvataje a los grandes empresarios y el endeudamiento público que mas tarde o mas temprano vamos a pagar las clases trabajadoras. Por el contrario, es necesario romper las negociaciones, organizar a los trabajadores y trabajadoras en torno a un programa que realmente cuestione la precariedad laboral, los salarios de miseria y el negocio de los capitalistas.
Los capitalistas y sus partidos han avanzado extraordinariamente en su objetivo de subordinar a la clase trabajadora mediante la burocratización de sus organizaciones y su integración en el Estado. Sin esta pieza fundamental no se explicaría la actitud de pasividad y conformismo de las organizaciones sindicales ante la verdadera tragedia que viene sufriendo la clase trabajadora desde el inicio de la pandemia. No se trata de que exista una clase trabajadora “pasota”, que “no se movería ni aunque se caiga el mundo”, sino de todo un programa por parte de la burocracia sindical de desmovilización y acuerdo con los capitalistas.
Todo ello en un contexto favorable para las empresas gracias a las reformas laborales que siguen vigentes y que permiten la precarización y la devaluación salarial como se demostró durante la crisis de 2008, algo que ahora vuelve a esperarse como consecuencia de la transformación de muchos de los actuales ERTE en ERE. Las propias cúpulas burocratizadas de CCOO y UGT ya planifican moderación salarial para el año 2021.
En las últimas décadas ya actuaron como verdaderos aliados de las patronales en la construcción del “milagro español” durante los distintos gobiernos del PSOE y el PP. Un milagro sostenido en la imposición de contrarreformas laborales que dieron vía libre a la flexibilización laboral, la polivalencia, las ETTs.
Por eso no es que las direcciones sindicales mayoritarias se niegan ahora a organizar a las y los trabajadores precarios, es que tanto CCOO como UGT han sido los máximos responsables en avalar el proceso de precarización y flexibilización del trabajo durante las últimas décadas. Y lo siguen siendo, negándose a luchar contra los atropellos de las patronales, dividiendo nuestras luchas y nuestras propias filas, aceptando que prevalezca un sistema dual de trabajo entre fijos y temporales, en contrata o subcontrata, en nativos o extranjeros.
Entre los sectores precarizados el hartazgo es generalizado, pero también es donde sin el apoyo efectivo y amplio de otros trabajadores y organizaciones es más difícil hacer huelga debido a los niveles de despotismo patronal y a las condiciones que imponen a sus plantillas. Si realmente la izquierda sindical pretenden jugarse a ser una alternativa a las burocracias de CCOO y UGT con toda probabilidad deben apostar decididamente a organizar a aquellos trabajadores que forman parte de esos sectores más explotados.
Para ello es necesario desplegar un programa que genere ilusión, que combata las medidas de todos los gobiernos, por muy progresistas que digan ser. Que apueste por la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras en sus propios centros de trabajo, en sus barrios y sus lugares de estudio. Que se disponga a construir una alternativa capaz de desplegar todo el peso social de nuestra clase para que esta recomponga toda su capacidad defensiva y ofensiva en un sentido revolucionario. | 
